Alexandra Francés *

 Viento Sur, 16-6-2018, http://www.vientosur.info/

En Barcelona hemos vivido una semana que ejemplifica bastante bien la situación de la vivienda, la crisis habitacional y las limitaciones y contradicciones de unas instituciones que en la mayoría de los casos no están a la altura de las circunstancias.

La crónica empieza el lunes 11, con la ocupación de la sede de la UGT, convocada por el Sindicat de Llogaters, para denunciar que la cooperativa de vivienda Qualitat Habitatge Social, vinculada a este sindicato, quiere expulsar de su casa a Clemente, a quien se le acaba el contrato de alquiler de 5 años que tenía con la cooperativa. Las únicas opciones que le dan: o comprar la vivienda (cosa que no se puede permitir) o ser desahuciado 1/.

Seguimos el miércoles, con un desahucio de una familia con tres menores 2/ en el barrio de Sant Antoni (en pleno proceso de gentrificación), un caso paradigmático de la problemática que están sufriendo muchos de los barrios de la ciudad, se trata de un bloque propiedad del fondo de inversión Elix, que desde que se hizo con el inmueble ya ha expulsado a 17 familias, sustituyéndolas por apartamentos para turistas (sin licencia, por supuesto), alquileres de corta duración y de alto standing, que les permiten ganar hasta 2.000 € por apartamento, un precio totalmente inasequible para la inmensa mayoría de vecinos y vecinas de Barcelona. Diversos movimientos vecinales intentaron parar el desahucio sin éxito, los mossos de esquadra hicieron efectiva la expulsión de otra familia del barrio.

Este desahucio nos muestra también los límites de unos servicios sociales desbordados (300 personas en la lista de espera de la mesa de emergencia habitacional), que carecen de los recursos necesarios para hacer frente a la situación, con un parque público de vivienda prácticamente inexistente. Unos servicios sociales que al final, lo mejor que pueden ofrecer a una familia que va a ser desahuciada es una pensión en la otra punta de Barcelona.

El jueves una tragedia aún mayor nos golpeaba al enterarnos del suicidio de una persona en Cornellá 3/ cuando iba a ser desahuciada, mostrando una justicia totalmente deshumanizada, que antepone la propiedad privada al derecho a la vivienda, y visibilizando la situación de desprotección en el que se encuentran muchas personas frente a grandes propietarios, como el Banco Popular, y frente a un sistema que protege más sus beneficios que nuestras vidas.

Frente a esta muerte, la respuesta de la ciudadanía fue salir a la calle y denunciar a los culpables, mientras en las redes aparecían tweets como el de Carles Puigdemont “Es una desgracia que no se puede repetir. Aprobamos leyes de vivienda digna, renta ciudadana, pobreza energética y multas contras los pisos vacíos de los bancos para proteger a los más vulnerables. Pese a las impugnaciones del TC y las dificultades, estas leyes se tienen que aplicar con urgencia”. Lástima que a Puigdemont se le olvidara mencionar que el PdeCat también es el responsable de impulsar la nueva ley del desahucio exprés o que la Generalitat esté a punto de subastar 47 inmuebles intestados, en vez de usarlos para aumentar un parque público de vivienda más que necesario. Está muy bien eso de proclamar políticas sociales que no se llevan a cabo por un problema competencial, mientras que en las cuestiones sobre las que sí tienen competencias aplican la misma receta neoliberal de siempre.

Y así llegamos al viernes, cuando diversos colectivos de vivienda de toda la ciudad decidieron ocupar la conselleria de economia 4/ para intentar parar la subasta mencionada anteriormente. La ocupación terminó con una vaga promesa de revisión de los inmuebles a subastar por si alguno se podía, y de nuevo la actuación de los mossos desalojando el edificio.

Esta semana ha visibilizado a unos sindicatos burocratizados con cooperativas de vivienda que priorizan ganar dinero aún a costa de expulsar a vecinos y vecinas de sus casas, los límites de unas instituciones, y unos ayuntamientos del cambio, incapaces de revertir años de dejadez y neoliberalismo, impotentes a la hora de garantizar un derecho tan básico como el de tener un techo bajo el que dormir, ha visibilizado a partidos y gobiernos que son incapaces de ir más allá de los discursos grandilocuentes y aplicar políticas reales a favor de la mayoría social.

Pero esta semana también ha mostrado que frente a todo eso encontramos a las clases populares plantando cara, desde el sindicalismo social, desde las organizaciones barriales, desde los movimientos sociales por el derecho a una vivienda digna, desde las plataformas en contra de la turistificación y la gentrificación de nuestras ciudades, poniendo sus cuerpos y sus vidas para que sus vecinos y vecinas puedan seguir viviendo en sus casas, para evitar el goteo incesante de desahucios invisibles por el aumento salvaje de los precios del alquiler, para que la ciudad no se convierta en un parque de atracciones para turistas, para llegar allí donde los partidos y las instituciones no pueden o no quieren llegar.

* Alexandra Francés es miembro del Sindicat de llogaters y militante de Anticapitalistes.

Notas

1/ https://poderpopular.info/2018/06/11/el-sindicato-de-inquilinas-de-barcelona-denuncia-la-expulsion-de-un-vecino-por-una-cooperativa-de-ugt/

2/ https://elpais.com/ccaa/2018/06/13/catalunya/1528886720_092148.html

3/ https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20180614/suicidio-desalojo-cornella-barcelona-6876807

4/ https://directa.cat/el-moviment-per-lhabitatge-de-barcelona-exigeix-a-la-generalitat-que-no-actui-com-un-especulador-i-aturi-la-subhasta-dimmobles-heretats/