Oscar-René Vargas *

 Managua, 12 junio de 2018

 

  1. Policías uniformados, francotiradores, fuerzas parapoliciales afines al gobierno Ortega-Murillo disparan a mansalva a la población desarmada. Las fuerzas parapoliciales están aplicando mecanismos de terrorismo de Estado contra la ciudadanía desarmada y pacífica. En esas condiciones no se puede sostener un diálogo con el gobierno, dicen obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
  2. En esta lucha política-social nadie es neutral. Hay distintos niveles de conciencia, distintos niveles de compromiso, distinta capacidad de sacrificio, pero el 90% de la población desea un cambio definitivo, porque el orteguismo en crisis ha revelado un rostro criminal inaceptable.
  3. Hasta el 11 de junio de 2018 se contabilizaba por lo menos 150 muertos, más de 1,500 heridos, centenares de desaparecidos y presos políticos. Sin exagerar se puede decir que la represión de la dictadura orteguista contra la demanda pacífica de justicia y democracia, es una masacre.
  4. Muy pocos ciudadanos prefieren seguir viviendo bajo un régimen que asesina a estudiantes desarmados, y que resulta ser inviable para la futura estabilidad del país. El quid del asunto actual radica en la circunstancia y en el método con que se producirá el cambio, la caída de Ortega-Murillo.
  5. Los cimientos éticos, morales e institucionales de Nicaragua hasta el 17 de abril de 2018 ya estaban socavados, el gobierno Ortega-Murillo y el gran capital habían vendido una imagen falsa, una ficción de: seguridad individual y jurídica, crecimiento económico y paz. Ignorando las innumerables carencias de la población, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la justicia social.
  6. Desde el inició de la crisis, en la práctica Ortega-Murillo y su familia están presos en su residencia de El Carmen (residencia y oficinas del poder dictatorial), pues no se pueden movilizar con tranquilidad en la ciudad capital y menos en el resto del país. Lo cual demuestra el aislamiento social que sufren.
  7. A menos de dos meses de la crisis sociopolítica la agencia calificadora S&P Global Ratings cambió la perspectiva de la calificación crediticia de estable a negativa. Esto eleva el costo del financiamiento comercial que Nicaragua adquiere en el exterior y hace al país menos atractivo para la inversión extranjera.
  8. El 12 de junio, el paro de 24 horas convocado por la sociedad civil y los diferentes sectores productivos de la ciudad de León es efectivo en casi 100% las calles lucen desiertas, el sector transporte que incluye a taxistas y buses son muy escasos. La mayoría de la población de León se suma al paro un ejemplo de lucha que puede ser imitado para otras ciudades de la nación.
  9. El paro en la ciudad de León, la segunda ciudad de importancia de Nicaragua, es un éxito total. Los mercados de la Estación y Central están cerrados y reguardados por los comerciantes. Los alrededores están cerrados, las barricadas del centro de la ciudad no las pudo quitar la Alcaldía ni la policía. Las principales tiendas de la ciudad están cerradas: Gallo más Gallo, La Curacao, El Verdugo, El Tropigas, Sinsa, Pali, Proquinsa, etcétera. Las calles estar desiertas y las pocas que transitan se mueven en moto, vehículos y a pie. Andan mirando, tomando fotos para que nadie les cuente o los engañen con “face new”. Esto puede repetirse a nivel nacional. En León si se pudo.
  10. Ortega desde que llegó al poder, enero 2007, estableció una alianza con el gran capital. Hasta abril 2018, ese sector había mantenido un respaldo al gobierno Ortega-Murillo, luego de la insurrección cívica de abril-mayo-junio ha tomado cierta distancia del gobierno. Sin embargo, se apuntan a una salida al suave que significa: elecciones anticipadas, que todo cambie para que nada cambie.
  11. El culpable de todo esto no es sólo el gobierno Ortega-Murillo, sino toda la oligarquía y la élite política de este país, por complicidad o por incapacidad. El acuerdo entre el gobierno Ortega-Murillo, los grandes empresarios y los sindicatos, ha permitido a Ortega-Murillo gobernar sin contrapesos, pervertir las instituciones estatales y eliminar a la oposición, con la bendición y complicidad de los grandes empresarios que, a cambio, dictaban las medidas económicas y se beneficiaban del Estado.
  12. El país no cuenta con verdaderos partidos de oposición. Fueron comprados, neutralizados o declarados ilegales. El papel de la verdadera oposición lo está jugando los estudiantes, los pobladores en los tranques, los campesinos, la sociedad civil y la población autoconvocada en general.
  13. La actual crisis política-social rebalsó a todas las instituciones, ninguna puede actuar en forma independiente. El poder legislativo, la policía, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Contraloría de la República, el Consejo Supremo Electoral y las principales alcaldías están subordinados y controlados por Ortega-Murillo.
  14. El Estado dictatorial se ha convertido, en su conjunto, en un Estado terrorista. Vemos alcaldes dirigiendo a paramilitares y pandilleros para reprimir a la población indefensa. Observamos a la ministra de salud ordenando a los médicos de los hospitales públicos a no atender a los ciudadanos heridos.
  15. Las fuerzas policiales y parapoliciales están actuando de la mano del poder central y/o del poder municipal. Todas están aplicando una política del miedo contra la población para desmovilizar las protestas sociales en marcha. Sin embargo, la desproporcionada represión por las fuerzas policiales y de las fuerzas de choque afines del gobierno ha permitido que la población se vaya incorporando a la insurrección cívica.
  16. Una década de autoritarismo sin límite, un acumulado de indignación antes los abusos, arbitrariedades, corrupción, desigualdades, desempleos, crímenes impunes encendieron la mecha de la protesta. Es decir, la arrogancia del poder cada vez más absoluto y asfixiantes ayudó a la protesta generalizada.
  17. La decisión de Ortega-Murillo de organizar y armar a delincuentes, darles total impunidad y licencia para asesinar, robar, saquear e incendiar establecimientos públicos y privados. Estas fuerzas están actuando en los barrios de las ciudades, en los ataques a los tranques con total impunidad y acompañados o protegidos por la policía. Estas fuerzas delincuenciales son los responsables de crímenes con la población civil desarmada y de asaltos a negocios.
  18. Por esta razón la población coloca a la policía al mismo nivel de las turbas, las fuerzas delincuenciales, las fuerzas parapoliciales y los grupos armados al margen de la ley.

* Oscar-René Vargas es sociólogo y economista, fue militante del FSLN. Suya es la frase: “La revolución se acabó en el 90”. Fundador del Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) en Managua, es autor de 55 libros como analista político. Artículo enviado por el autor.