La realidad de personas en situación de calle demanda nuevas soluciones

 Camas de cartón

 Según cifras del Ministerio de Desarrollo Social, 1.651 personas viven en situación de calle, pero hay estimaciones extraoficiales que afirman que este número creció. Ese dato parece estar confirmado por la carta que el intendente de Montevideo le envió al presidente de la República expresando su preocupación. Las autoridades evalúan nuevas medidas para frenar el aumento de la indigencia, que en la mayoría de los casos es consecuencia de largos procesos de institucionalización, ruptura de vínculos y consumo de sustancias.

 Karen Parentelli

 Brecha, 20-4-2018, https://brecha.com.uy/

Un vecino del barrio Cordón se asoma por la ventana de su apartamento que da a la calle y ve a un grupo de indigentes que por la noche tienen como hogar la puerta de entrada del edificio que está frente su casa. Durante el invierno pasado varias personas durmieron en el portal de ese edificio de la calle José Arismendi. Los vecinos denunciaron más de una vez la situación, pero como en muchos otros casos, las personas se retiraban del lugar cuando eran intimadas por las autoridades y a los pocos días volvían al porche, que finalmente fue enrejado.

No se puede afirmar que la cantidad de personas en situación de calle aumentó con respecto a años anteriores, pero sí creció el número de denuncias que recibe la Intendencia de Montevideo (IM) de ciudadanos que afirman que hay gente durmiendo en su cuadra. Así lo explicó a Brecha la directora de Desarrollo Social de la IM, Fabiana Goyeneche, quien manifestó que en la Intendencia están “preocupados” porque “si bien no tenemos datos, lo que sí podemos decir es que estamos recibiendo más denuncias de los vecinos y vecinas, y que, como mínimo, la realidad se mantiene”. El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) es el organismo de la comuna encargado de recibir las denuncias. Sus integrantes se trasladan al lugar, hablan con las personas para que se vayan, y retiran las pertenencias que la gente utiliza para dormir (muebles, cartones, colchones). El Cecoed trabaja de forma articulada con el Ministerio del Interior y también con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Una vez que se recibe una denuncia “se delimita la situación para determinar si hay adultos, niños o mujeres embarazadas. También tenemos que ahondar para saber si en el caso corresponde la aplicación de la ley de faltas”, explica Micaela Melgar, encargada de la División de Programas para Personas en Situación de Calle del Mides. La ley de faltas fue aprobada en octubre de 2013, durante el gobierno de José Mujica, con el objetivo de sancionar con trabajo comunitario conductas que afecten a la convivencia, como pedir dinero en la vía pública, dormir en la calle, arrojar basura o conducir en estado de ebriedad. Una vez que el Mides se acerca a las personas y las entrevista, les ofrece la posibilidad de ingresar a un refugio. “Muchas veces no quieren ir, porque han tenido malas experiencias, porque no pueden consumir sustancias dentro de un centro o porque simplemente no quieren vivir con 30 personas más”, cuenta Melgar.

La Intendencia no tiene refugios, solamente actúa cuando hay personas que están ocupado un lugar público: las convence de que se retiren y limpia el espacio. Hasta ahí llegan las funciones de la comuna. Sin embargo la semana pasada, según informó el semanario Búsqueda, el intendente Daniel Martínez envió una carta al presidente Tabaré Vázquez en la que le trasmitió su preocupación por el crecimiento de las denuncias de los vecinos. La Intendencia está tratando de ir más a fondo en soluciones que no queden simplemente en retirar a las personas de la vía pública. Goyeneche contó que se está terminando de acondicionar una propiedad para alojar durante todo el día a personas en situación de calle. La idea de la comuna es generar un espacio para vivir y no sólo para ir a dormir. Faltan los últimos detalles para que el lugar comience a funcionar.

Lo que sí es responsabilidad de la comuna es la regulación de las condiciones edilicias y las instalaciones de las pensiones. La Intendencia está actualizando la normativa en esta materia; la realidad indica que gran parte de la población de calle se queda algunas noches en hospedajes. Para Goyeneche el aumento de personas en situación de calle y la proliferación de pensiones son temas que están muy vinculados, y conforman un fenómeno que está creciendo en toda América Latina.

 Un mundo de causas

Muchas son las razones por las que una persona puede terminar viviendo en la calle. El último censo que realizó el Mides, en 2016, muestra que 64 por ciento de la población en esta situación viene de largos procesos de institucionalización. Es decir, ha vivido parte de su vida en la cárcel, el Inau, el Inisa o en el hospital Vilardebó. Según la encargada de la División de Programas para Personas en Situación de Calle del Mides, la ruptura de lazos sociales, a la vez emparentada con el uso problemático de sustancias –en particular alcohol y pasta base–, es otra de las causas de la situación de calle. El 80 por ciento de los entrevistados en este censo declaró que consume algún tipo de sustancia psicoactiva. Otro de los aspectos comunes a las personas que viven en la calle son los problemas de salud mental. Para Melgar el factor económico es el elemento clave: “La falta de ingresos es un problema transversal a todos. Si una familia tiene ingresos suficientes y hay un integrante con problemas de consumo, van a intentar ayudarlo de alguna forma”.

Sin embargo, en opinión de Goyeneche, si bien el factor económico es determinante, “muchas veces tienen ingresos considerables, pero no siempre son formales. Esto muestra que no es sólo la falta de dinero el elemento que determina que queden sin un lugar donde vivir. Son personas que están desvinculadas de su familia, están muy solas”, dice. En muchos casos se observa que alguien con menos ingresos tiene solucionado su alojamiento, por eso para la jerarca “son personas atravesadas por otras vulnerabilidades que hay que atender, y que no son meramente económicas”.

Acciones combinadas

Hace dos años en el Mides se creó un espacio denominado Intercalle, que funciona coordinado y convocado por ese ministerio pero que también integran otros organismos (la Intendencia de Montevideo, los ministerios del Interior, Trabajo, y Ordenamiento Territorial, el Bps, Asse, Inau, Inisa y la Junta Nacional de Drogas). “Intercalle se reúne una vez por mes, y en cada instancia las instituciones presentan un estado de situación. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en el plan de contingencia de invierno”, dice Melgar. Según contó, este año está planeado abrir nuevos cupos en los refugios, y otro elemento sobre el que se trabaja es la implementación de la nueva ley de salud mental.

El programa trabaja haciendo énfasis en las causas que llevan a una persona a terminar viviendo en la calle. “Nosotros queremos insistir en la prevención, lograr que la gente no llegue a la situación límite, por eso es muy importante trabajar de forma integrada, porque cada institución ve un mismo problema de forma recortada, mientras que de esta manera vemos la totalidad del fenómeno”, dice Melgar. Si se toma en cuenta la evolución del último censo respecto del de 2011 se ve que la cantidad de personas en situación de calle aumentó, pero también se dan egresos, es decir, hay personas que salen de la indigencia. El año pasado unas 3.371 personas pasaron por los servicios de refugio del Mides, pero los lugares disponibles son solamente 1.445.

Este espacio de coordinación de varias instituciones está pensando nuevas soluciones, propuestas integrales que al menos inhiban el aumento de la cantidad de indigentes. La próxima reunión está fijada para el 24 de abril. Según Ana Olivera, subsecretaria de Desarrollo Social del Mides, en esta instancia “cada organismo va a expresar su plan de trabajo, hay un compromiso grande. Esperamos con gran expectativa lo que se pueda resolver en ese encuentro”. En particular el Mides está evaluando hacer cambios en lo que refiere a los ingresos a los refugios. Quizás se genere una nueva puerta de entrada para recibir las solicitudes, es decir las personas podrán acudir a más puntos para pedir ingreso a un refugio. Hasta el momento llegan conducidos por el Ministerio del Interior, por el Equipo Móvil del Mides o porque se dirigen de forma presencial a la calle Convención 1572.

También se esperan propuestas interesantes desde Asse, más que nada referidas a personas que tienen problemas de salud mental. Hay sujetos con algunas patologías psiquiátricas que necesitan asistencia para poder tomar la medicación y seguir así su tratamiento; también están los casos de quienes no pueden convivir con muchas personas. “Hemos comprobado que no todos pueden vivir en grupo, hemos registrado casos de ataques”, dice Olivera. Un elemento clave que marcan las autoridades es que no hay niños solos en situación de calle, lo que sí se observa son madres con sus hijos, que muchas veces no quieren quedarse en un refugio. En estos casos interviene el Inau, ya que si bien no hay forma de obligar a un adulto, con los niños la situación es distinta: el Inau tiene la obligación de asegurarse de que su derecho a la vivienda sea respetado.

El contexto en que fueron creadas las políticas públicas que generaron los primeros planes para atacar la indigencia, en el año 2005, cambió. Para Olivera es importante entender que la realidad de las personas que viven en la calle se modificó: “ahora hay más agrupaciones, se observan grupos de personas que se mueven juntas”. Nuevos problemas piden nuevas soluciones. Las autoridades afirman que hay que estudiar cuantitativamente los casos de la gente institucionalizada y comprender cuáles son las fallas del sistema, y así actuar a tiempo para que las personas no caigan en la indigencia. “Hay nuevas modalidades de estar en calle, no vamos a seguir aplicando soluciones de otro momento”, sentencia Olivera.

La carta, los números, las percepciones

Las últimas cifras oficiales que hablan sobre la cantidad de personas en situación de calle son de 2016, del último censo que realizó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En la madrugada del 21 de junio de ese año se contabilizaron 1.651 personas en situación de calle, de las cuales 556 estaban a la intemperie y 1.095 en refugios. La carta del intendente Daniel Martínez –que cayó mal en algunos sectores del gobierno y también en el Frente Amplio, por considerarla todo un acto de campaña– no ofrece datos sino que plantea una “percepción” del intendente con respecto al crecimiento de esta población. Esa misma percepción dice tener Gloria Rodríguez, diputada del Partido Nacional e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, quien expresó a Brecha que “ahora estamos manejando que hay unas dos mil personas en situación de calle”. Rodríguez explicó que estos datos surgen de recorridas personalizadas y de información que llega de organizaciones sociales y religiosas que trabajan con la población en esas circunstancias. “En este momento estamos haciendo un mapeo, para poder distinguir en qué zonas de Montevideo se concentra esta población, si bien no tenemos cifras oficiales, la situación que se ve es alarmante”, dice. Según la diputada, “las autoridades niegan la realidad”, y, dijo, el Mides no cuenta como personas en situación de calle a quienes algunas noches pueden costearse una cama en una pensión: “Hemos visitado pensiones y sabemos que de cada 12 inquilinos que hay en ellas, cuatro están en situación de calle. Son personas que sólo algunos días tienen dinero para pagar y dormir en hospedajes”.

Según su criterio, la carta de Martínez no hace más que confirmar que efectivamente hay más gente viviendo en la calle, aunque entiende “lamentable” que la vía de comunicación que tenga el gobierno para un tema tan sensible sea esta, y ve más de una intención en su envío: “Celebro que el señor intendente se preocupe por este tema, pero estando en su cargo tiene que saber que esta situación no es nueva, hace años se viene agravando. Da la impresión de que la Intendencia tiene que estar generando noticias nuevas todas las semanas”.

En mayo se inaugura hogar para personas que salen de prisión

Con la libertad de un techo

El 47 por ciento de la población en situación de calle afirma haber estado institucionalizada por conflictos con la ley al menos una vez en su vida. Según el director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), Jaime Saavedra, la realidad se repite y son muchos los casos de personas que al terminar su condena y salir de la cárcel no tienen a donde ir. “Este es un viejo problema de las personas privadas de libertad. Hay un elevado número de usuarios que rompen sus vínculos sociales mientras están recluidos. En la cárcel hay gente muy pobre, salen y no tienen donde ‘hacer pie’ afuera.”

Por el año 2015 surgió en el Ministerio del Interior la intención de asistir a esta gente, y ahora en mayo se va a inaugurar un hogar con capacidad para 66 personas (60 hombres y seis mujeres). Saavedra explicó a Brecha que la idea “es que sea un lugar de atención temprana a las personas liberadas que no tienen donde vivir y que sus lazos sociales están completamente rotos”.

El ingreso al centro, ubicado en la calle Miguelete y Eduardo Acevedo, se hará de forma paulatina. En una primera instancia, diez personas comenzarán a vivir allí. Si todo funciona según lo que las autoridades tienen programado, se irán generando cinco nuevos lugares por semana, hasta completar el cupo total. El Instituto Nacional de Rehabilitación (Inr) será inicialmente el encargado de la selección, y luego pasará a serlo la Dinali.

Este hogar tiene la particularidad de haber sido construido por personas privadas de libertad. Para Saavedra, este elemento además de ser novedoso es parte “del espíritu de este hogar, que además quedó muy lindo, con todas las comodidades”. El centro buscará ser financiado por los propios usuarios, que aportarían a su mantenimiento una vez que encuentren empleo. Un grupo interdisciplinario se encargará de trabajar con ellos, se les darán servicios odontológicos, atención a los problemas de consumo de sustancias y también asistencia para facilitar el acceso a fuentes laborales. 

Pobreza Feroz

 La comunidad de la calle

Hay 556 personas que duermen a la intemperie en la capital. Muchas no logran adherir a los servicios de las instituciones que lidian con la pobreza. Cada tanto hay vecinos que intentan sacarlos de la calle, pero casi nunca funciona. ¿Quiénes son y cómo trabajan para no dejarlos solos?

Mariángel Solomita

El País, 7-4-2108, https://www.elpais.com.uy/

El vecino más popular de Ciudad Vieja resulta ser uno que no tiene hogar. En 25 de Mayo y Juan Carlos Gómez el que manda es Víctor Hugo Andrade: el indigente que es artista o el artista que es indigente. En la zona, llena de estudios de arte, aseguran que es el pintor más vendido del país. Expuso en galerías de Montevideo y de Maldonado pero vende sus obras por menos de $ 500. Él piensa que hay muchos que están esperando a que muera para que sus cuadros “valgan algo”. En la cuadra cuentan que paran “autos carísimos” y se llevan sus obras, pintadas con lo que sea —incluso ácido de pilas para lograr el color negro— y sobre lo que sea. Víctor usa como lienzos los desechos que la gente tira en el contenedor.

Esta mañana luce radiante. Sale de su “casa cueva” y advierte que está sucio. En los dedos sostiene un lápiz tan chico que se le escurre. Entre los tablones que conforman su hogar desde hace cuatro años, una pintura de la “muger marabiya” está fresca y busca dueño. Es la primera producción del día y su venta, que rondará los $ 400, pagará las comidas de la jornada. Y quizás alguna dosis de pasta base.

Conversar con Víctor es un entrenamiento para la paciencia. Los saludos con beso y abrazo de los vecinos y los bocinazos cómplices ocurren cada pocos minutos. Lo interrumpen hasta para pedirle plata. Y a él, que vive en la calle desde hace 22 años, que llegó caminando a Ciudad Vieja a los 12, no le cuesta nada dar la única moneda que tiene en el bolsillo.

Entonces, ¿los vecinos son amigos?

—Buena pregunta. Hoy en día algunos fingen ser mis amigos. No me lo dicen de frente pero hablan entre ellos. Les molesta que yo esté en la calle —dice.

Cree que están enojados porque unos meses atrás un grupo de conocidos intentó rescatarlo de la calle pero él no pudo salir. Ante la insistencia de la Intendencia de Montevideo (IM) para que saliera de la vía pública, una vecina lo alojó en su casa y junto a otras lo llevó al Hospital Maciel para tratar su adicción. Durante algunas semanas asistió a las reuniones del grupo de adicciones y comenzó un tratamiento con una psiquiatra. Las vecinas se encargaron de administrarle los fármacos, pero cuando Víctor tenía hora para planificar una internación y desintoxicar el cuerpo, faltó. ¿Por qué? Él dice que las pastillas lo tenían “dopado todo el día”. También abrieron una cuenta en Abitab para recibir donaciones y subastaron tres de sus obras por internet. Hubo una puja reñida por El bandoneón blanco, que se vendió al mejor postor por $ 10.100. Con ese dinero lo llevaron al dentista, le hicieron una prótesis y le pagaron casi tres meses de estadía en una pensión.

Pero el plan se desmoronó. Durante una crisis lo echaron de la pensión, dejó de tomar la medicación y se peleó con algunos de quienes lo ayudaron.

En el intento por comprender qué salió mal, cuadra una reflexión de Juan Triaca, director de Salud Mental de ASSE (y exdirector del Portal Amarillo): “Si nadie me cuidó nunca, yo no aprendí a cuidarme. Todo tiene que ver con todo en la salud mental”.

Víctor creció en una casa cuna. De su madre solo sabe que se llamó Carmelita Andrade. De su infancia recuerda los viajes que hacía con su madrastra al Chuy. Iban en La Onda, por eso ese ómnibus fue lo primero que empezó a dibujar.

Giovanna Facchinelli, la vecina que lo recibió en su casa, piensa que “está tan dañado que no supo qué hacer con el amor. No supo cómo resolverlo”. Otra amiga de Víctor, que le lleva remedios, frazadas y suele invitarlo a comer con su familia, considera que el asunto podría ser otro: “Le dijimos que teníamos plata de la subasta para que se pagara una pensión, pero nunca buscó otra. Ahí me di cuenta de que la idea de que saliera de la calle era más nuestra que suya”.

Sin tregua

Tres semanas atrás, entrevistada en el programa de TNU Cambiando de aire, Ana Olivera, subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), lamentó: “Muchas veces no tenemos la oportunidad de plantear qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo”. Para este informe se esperó durante más de dos meses una entrevista con Olivera. No la concedió, a pesar de que desde la Junta Nacional de Drogas (JND), comentaron que el Mides estaría a punto de lanzar una nueva propuesta para la población en calle.

Por otro lado, en mayo se cumplirá un año desde que se lanzó la tercera fase del Plan de Emergencia. Con esto se pretende combatir el núcleo duro de la pobreza, de la que no pueden salir los muchos Víctor que no logran aprovechar lo que les dan las instituciones. Tampoco se pudo saber el avance de este plan.

Según el último censo que publicó el Mides en 2016, la población que vive en las calles de Montevideo aumentó 52,6% respecto a 2011. De ese total, el 26,3% no va a los refugios y duerme a la intemperie. Son 556. En el 94% de los casos, son hombres. Más de la mitad dijo haber vivido en una institución (cárceles, hogares de protección, centros de reclusión de menores y psiquiátricos).

Para este censo, el 55% aseguró que los vecinos y los familiares que les quedan les dan apoyo. La amiga de Víctor cuenta que él tiene “una red de ayuda paraestatal” en el barrio. No pasa hambre. Le dan ropa nueva. Y él no quiere ir a un refugio “porque está acostumbrado a estar solo” y por miedo a perder su lugar en la cuadra. El problema es cuando vienen “los tapabocas”, es decir los inspectores de la IM que desalojan los espacios públicos cada día y les tiran sus pertenencias.

Ante un conflicto, los inspectores pueden llamar a la Policía y aplicar la ley de faltas, pero, según dice Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la IM, “es una medida ineficiente porque vuelven de todas formas y, además, primero es preferible atender la vulnerabilidad”. Según informó el Poder Judicial, en 2015 hubo solo 426 procedimientos por ocupación indebida de espacios públicos.

Amigos de la calle

Cuando se trata de detectar la pobreza feroz, Montevideo puede ser grande, y la articulación entre servicios es la forma de abarcarla. Por eso Mides coordina la mesa de acción Intercalle, de la que forman parte la IM, el INAU, ASSE, el Banco de Previsión Social (BPS), los ministerios de Vivienda, Salud, Interior y Defensa, la Secretaría Nacional de Drogas y el Poder Judicial. Pero, ¿es posible sacar de la calle a quienes llevan tantos años viviendo en ella?

La Unidad Móvil de Asistencia (UMA) se apronta para salir en busca de aquellos que no se acercan a pedir ayuda. Junto a Aleros —que atiende a 113 personas que aún viven en barrios y todavía no están en situación de calle— es uno de los dos programas que ofrece la Junta Nacional de Drogas (JND) para tratar a quienes duermen afuera y a quienes tienen una o varias adicciones. Diego Olivera, secretario de la JND, explica que 85% de sus usuarios son hombres entre 35 y 50 años, alcohólicos y dependientes de la pasta base.

Desde hace cuatro años, cada día de la semana, cuando el sol se va, la UMA visita un punto y en la tarde del miércoles le toca a AFE, una zona que está en construcción. Erigir un lugar de encuentro con quienes viven al margen es un trabajo arduo y delicado. Es un lazo de cristal que un paso en falso podría romper. El equipo lo conforman una médica, una asistente social, un psicólogo, un educador y un policía comunitario que no lleva uniforme y es el chofer.

Una vez que estacionan sobre Julio Herrera y Obes y Galicia, comienzan a recorrer la zona en duplas. En un buen día de trabajo se realizan exámenes de VIH y sífilis, se toma la presión, se hacen curaciones, se coordina para asistir al médico o a un refugio, sacar el carné de salud, la cédula de identidad —que muchos pierden cuando son desalojados por la IM— o se tramita una pensión por discapacidad en el BPS.

Este equipo conoce a Víctor. Incluso, uno de sus miembros participó en el intento de rescate. ¿Con qué expectativas se hace este trabajo? Pilar Ubilla, médica, y Luis González, coordinador del área de tratamientos, opinan:

—La abstinencia total es muy difícil. A la gente de la calle le exigimos cosas que ni nosotros mismos podemos lograr. Una persona excluida tiene millones de problemas y el consumo es apenas uno más: ni el más ni el menos importante. La persona que logra internarse puede hacerlo porque tiene alguna contención de algún tipo, al menos una persona que lo espera afuera. Nosotros trabajamos con gente que no tiene ni eso, así que no creemos ni trabajamos desde ese paradigma.

Explican que cuando se entra en dependencia, cambia la forma de relacionarse con el entorno familiar, el deseo de trabajar, de cuidar la salud, de vivir bajo techo. “Eso es lo que encaramos, porque mejorar influye en el consumo”.

En todo caso, a lo que se puede aspirar es a reconstruir el deseo de una vida mejor.

La reconquista

“Yo sé que tengo que ir al médico. Me gustaría dejar de consumir. No soy muy fanático, no consumo todos los días, es otro el problema. El problema de raíz es que estoy buscando cómo poder salir de toda mi situación”, dice Víctor.

Virginia Esmoris, jefa del Servicio de Adicciones del Maciel, centro de referencia nacional, opina que el primer paso para un tratamiento es “contar con el deseo de querer construir una vida que valga la pena ser vivida”. Recién entonces se teje la red. Ese deseo, dice, se construye fuera de los muros, de la mano de los educadores que recorren las calles y atienden refugios. Con 30 años de experiencia, cree que ahora se está logrando. “Es muy difícil, pero se puede”, coincide Triaca.

En el ambiente de Esmoris, el marginal se convierte en usuario. Y para realizar un tratamiento, que suele ser progresivo y organizarse por etapas, “el usuario tiene que aprender a manejar la frustración, los tiempos de espera, aceptar los límites y las normas”. Lleva tiempo. Por eso cada tratamiento se hace “a la medida del usuario”. En todo esto, es fundamental si cuenta con algún referente que lo acompañe. Como los cupos son limitados, el equipo de Esmoris debe ser muy selectivo: apenas cuenta con cuatro camas.

Aunque los períodos de internación duran entre siete y 10 días, Fernando Penone, adjunto a la dirección del Maciel, cuenta que muchos no pueden sostenerlo y que es común verlos, con circuito y todo, fuera del hospital trabajando como cuidacoches.

En la marginalidad, cuidar coches y prostituirse son las fuentes de ingresos más comunes, incluso para quienes cobran pensiones en el BPS pero no les alcanzan para pagarse una pensión. Cuidando autos se puede ganar entre $ 300 y $ 1.000 por jornada. “No es lo mismo ser pobre que excluido. El problema es qué se hace con la plata”, plantea Luis González. Según una medición de los ingresos que el Instituto Nacional de Estadística publicó ayer, la pobreza en hogares bajó un punto con respecto al año anterior y solo uno de cada mil está en situación de indigencia.

Penone relata que muchos quieren volver a la calle. “No siguen el tratamiento. Se fugan porque acá no pueden consumir y regresan cuando recaen. Tenemos muchos usuarios que son viejos conocidos”. Y hay otros que cuando la enfermedad se agudiza “llegan y quedan internados hasta lograr su institucionalización”. Ese tiempo puede extenderse por meses, porque en varios casos hace falta recurrir a la Justicia para lograr su ingreso a centros como el Piñeyro del Campo y el Vilardebó.

Las acciones parecen alternarse entre el esfuerzo por despertar el deseo de cambiar esa vida, la solución más práctica para mejorar la situación de quienes se acostumbraron a ella, y la esperanza de atajar a los que están en la cornisa.

Con los ojos puestos en el invierno, la IM prevé utilizar fincas abandonas para armar espacios donde puedan estar durante el día y, además, sumar más refugios. También investiga la oxidada normativa de las pensiones para aplicar cambios que eviten que la población migrante que allí vive —y la población que solía hospedarse en ellas y ya no puede pagarlas por el crecimiento de su demanda— no termine en la vereda.

Por otra parte, Jaime Saavedra, director nacional de Apoyo al Liberado del Ministerio del Interior, cuenta los días para inaugurar en mayo una posada que será solución temporaria para 60 hombres y seis mujeres que no tengan a dónde ir cuando recuperen la libertad. Es la primera medida que el ministerio propone para lidiar con el porcentaje que grita que el 60% de los que están en calle vienen de un centro de reclusión. “Acá el criterio para definir quién se gana un lugar es que haya demostrado un compromiso por dejar la carrera delictiva. Hay un conjunto de indicios que anticipan quiénes quieren hacerlo. Y estamos decididos a respetar a rajatabla el compromiso por generar una nueva vida”.

Una nueva vida. En los dos meses que Víctor vivió bajo techo dicen que le cambió la cara. Volvió a ver por televisión a los superhéroes que pinta. Tenía un lugar para escuchar su música: la de Stevie Wonder, Michael Jackson y Jimi Hendrix, a los que retrata cuando no aparece el grupo ficticio al que llamó “Los Andrade” o el superhéroe “Manguerman”, uno que “no tiene capa pero sí tiene vuelo”.

Hay que tener superpoderes para sobrevivir de espaldas a todos.

Apretándose las manos curtidas y manchadas de pintura, dice:

—En la vida no hay que tenerle lástima a nadie pero la gente pasa y me mira como diciendo qué desperdicio. Se decepcionaron porque no pude. Pero no es que no pude, es que no supe cómo.

Según INAU, hay 980 niños con riesgo de vivir en la calle

“A principios de los 90 había 4.000 niños en la calle. Hoy es una realidad casi inexistente”, asegura Fernando Rodríguez, vicepresidente de INAU. Se frenó el desplazamiento hacia el Centro, pero persiste la marginalidad en barrios. Además de una unidad móvil, INAU tiene 24 proyectos que abarcan a 980 niños con riesgo de vivir en la calle. De esos, 60 viven en hogares debido al rompimiento de su núcleo familiar. Si hay una madre con niños en la calle, el Ministerio de Vivienda otorga una casa que suele ser transitoria. Si el niño solo tiene padre, “no se corta el vínculo con el referente”, pero no puede dormir en un hogar con el menor. Al igual que el Mides, INAU no tiene una solución para situaciones de este tipo.

Cómo cambiará las reglas la nueva ley de Salud Mental

“Se necesitan más cupos, lo sabemos, y en ese sentido va a ayudar la nueva ley, pero el cambio será sobre todo cultural, porque generará estructuras de tratamiento próximas a la gente”, dice Juan Triaca, director de Salud Mental de ASSE. Plantea: “Un paciente derivado a una colonia por cinco o 10 años, cuando lo querés dar de alta, ¿cómo lo reinsertás a un barrio después de todo ese tiempo? Si yo evito la institucionalización, le armo una estructura cercana a la zona en la que vive, una casa asistida, una casa de medio camino, un centro diurno y solo lo interno en el hospital cuando tiene una crisis. Y luego de la crisis lo devuelvo a la estructura, para que no la repita, que es lo que pasa si lo dejás en el mismo lugar”. La ley prevé que el Vilardebó solo atienda crisis y que los pacientes no sean derivados a colonias sino a mutualistas, “integrando a la salud mental en un abordaje terapéutico en un centro como se atiende un problema reumatológico o cardiológico y no llevándolos a un lugar aparte”.