Violencia de Estado

 Maltratos a adolescentes que viven en Tribal, puerta de entrada al sistema de protección de INAU

 

A puerta cerrada

Las autoridades ya lo sabían. Pero un informe de la Inddhh (Institución Nacional de Derechos Humanos), que describe las carencias edilicias y materiales de Tribal, puso sobre la mesa el régimen con “connotaciones de privación de libertad” que se impone a adolescentes bajo el amparo de Inau (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay). Tres funcionarios fueron desplazados, el centro fue intervenido y se proyecta su mudanza y subdivisión. Sin embargo, hay quienes plantean que esos retoques no alcanzan para evitar que las mismas lógicas vuelvan a aflorar.

 Betania Núñez

Brecha, 27-4-2018 , https://brecha.com.uy/

 

“Este proyecto adquiere connotaciones de privación de libertad” son las últimas palabras del informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos realizado a partir de la visita del 6 de abril al centro Tribal. La puerta de entrada al sistema de protección –donde ingresan adolescentes de 14 a 17 años que han sufrido vulneraciones sistemáticas en sus familias de origen y fueron puestos al amparo de Inau– se parece mucho a una cárcel de adolescentes. Así se lo describe en el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Inddhh y también en los testimonios que recabó Brecha.

Ya de pique, desde la entrada se perciben las rejas y los policías. Y hasta hace poco, cuando los adolescentes volvían de una actividad, eran cacheados por los oficiales. “La distribución de los gurises ahí adentro, los permisos, todo pasa por la discrecionalidad de un referente. Es la lógica del encierro”, contaron algunos trabajadores a este semanario, e incluso el vocabulario lo es: si un chiquilín se va, se hace una denuncia por “fuga”; el informe de la Inddhh da cuenta, además, de requisas y “cortes”.

Hay “rejas en todos los espacios, en puertas y ventanas tanto exteriores como interiores”, se destaca en el informe, y se reproduce que “las y los adolescentes fueron enfáticos en cuanto a la situación de encierro que viven”. Incluso “algunas adolescentes señalaron que los cortes en sus brazos constituyen llamados de atención para ser escuchadas: ‘Nos cortamos no para ir al Vilardebó o a una Api (clínica psiquiátrica con la que tiene convenio Inau), nos cortamos porque estamos mal, queremos salir’”.

Si había una pelea o desborde, relataron algunos educadores a Brecha, la contención pasaba porque ingresara la Policía, esposaran a los adolescentes y llamaran a la emergencia para que les inyectaran un tranquilizante. Si algún chiquilín no quería ir al liceo, la directora, Rosana Rivero –que estuvo desde el origen de Tribal en 2012 y fue desplazada días atrás–, le ordenaba permanecer todo el horario curricular sentado en la escalera de Tribal.

“El lugar tiene puerta-reja y habitualmente está con candado. Hay algunas situaciones en las que hay que persuadir al adolescente para que no salga a la calle porque entró en conflicto con otros gurises, con la Policía o con un adulto, y en la calle está en riesgo. Persuadirlo al punto de no permitirle salir es una medida de protección. Uno puede pensar que eso es medio carcelario, pero el hogar es el ámbito más protegido que puede dársele en ese momento”, dijo en diálogo con Brecha Fernando Rodríguez, vicepresidente de Inau, a lo que Marisa Lindner, presidenta de esa institución, agregó: “Que hay situaciones de contención de chiquilines porque se desbordan y se ponen en riesgo ellos y a otros, sí. Esa situación dentro de un centro de estas características se da con relativa frecuencia. Pero se persuade y no se obliga. Si eso efectivamente aparece, estas prácticas no están admitidas. Recibimos información de que esas cosas –las incluidas en el informe de la Inddhh y las relatadas a Brecha– podían estar sucediendo y fue a raíz de eso que se disparó una investigación administrativa”. “Si eso existe –insistió Lindner–, es pasible de procesos administrativos y de sanción. Esa no es la línea, y si eso pasó, esperemos que salga en la investigación administrativa.”

La crisis

Pero, además, a la lógica de encierro se le suman las enormes carencias edilicias y la falta de insumos materiales. Según se establece en el informe de la Inddhh, “se verificó que el local cuenta con múltiples déficits en su mantenimiento general”: humedades, filtraciones de la grasera, vidrios rotos en las aberturas, baños en estado de deterioro. “Como consecuencia del abandono” de la parte inferior del edificio, espacio donde antes había una policlínica del Ministerio de Salud, “se acumuló basura, se inundó esa planta, lo que ocasionó la proliferación de roedores. En la visita se verificó la presencia de olores desagradables provenientes de la basura acumulada en los patios del subsuelo”.

Entre otras cosas, los adolescentes relataron que no tenían “vasos ni tazas, por lo que utilizaban tarros de plástico”, y las frazadas y acolchados no eran suficientes, al punto de que “uno de los adolescentes relató que ‘los gurises se hacen pichí del frío’”. Tampoco alcanzaban los materiales de estudio, la vestimenta de abrigo, la ropa interior y el calzado. Según supo Brecha, este año los chiquilines iniciaron las clases en marzo tan sólo con una hoja y un lápiz, y el año pasado escasearon incluso los boletos para concurrir a los centros educativos.

En el edificio no hay patio ni lugares destinados al estudio o a la recreación, y por la falta de espacio para colocar camas, algunos duermen en colchones en el piso. Para tomar algo de aire, son llevados a una placita de deportes cerca del lugar, pero los educadores se niegan a llevarlos a la Seregni porque no pueden garantizar que no se “fuguen”. Las adolescentes señalaron, además, una distinción de género y aseguraron que los varones son llevados a espacios públicos con mayor frecuencia.

Por otra parte, en el edificio hay sólo dos baños y una ducha para los varones (que al momento de la visita de la Inddhh eran 20) y dos baños y una ducha para las mujeres (31 adolescentes el 6 de abril), que son compartidos con los 50 funcionarios que trabajan en el lugar. Al momento de la visita había 51 adolescentes, pero durante 2018, Tribal llegó a alojar a 63 al mismo tiempo. Y, según los datos que maneja Inau, en 2017 pasaron por ese centro un total de 800.

Como puerta de entrada, la cantidad de adolescentes que habitan ese lugar varía. Tribal debería ser un lugar transitorio mientras se asigna un hogar de 24 horas, se estrechan lazos con una familia afectiva o se recompone el vínculo con la familia de origen. Sin embargo, algunos pasan por allí y otros se quedan. En este sentido, el informe de la Inddhh reproduce que los adolescentes “destacaron la incertidumbre y angustia que les generaba no saber cuál sería su destino”. De 14 adolescentes entrevistados, sólo uno había ingresado hacía menos de una semana, el resto llevaba más de un mes, una de ellas hacía un año que vivía allí.

“Si tienen conflictos”, algunos de sus referentes les dicen que no tendrán “prioridad para la asignación de un hogar. En realidad, hay un montón de gurises en un espacio recontra chico, sin patio ni nada. Si se enojan con alguien, no pueden irse, se tienen que quedar ahí”, ejemplificó una educadora a este semanario. En el otro extremo del sistema hay hogares que no aceptan a los adolescentes porque no tienen cupo o porque no cumplen con el perfil, e incluso a veces los aceptan y luego los “devuelven” a Tribal.

Ya sea porque padecen alguna patología psiquiátrica o tienen problemas de relacionamiento, producto de la violencia y el desamparo que mamaron en sus familias de origen, Tribal se transforma en un hogar para los que no cuadran con el perfil de ningún hogar. “Hay un tema de cupos y un tema de gestión que está vinculado a todo el proceso de derivaciones. Así como son expulsados de los ámbitos educativos, de la salud, también hay dificultad para incorporarlos a determinados modelos de hogares o de centros de atención. Hay un núcleo de chiquilines, que por otra parte es absolutamente abordable, que no encajan en ningún lado, y no existe capacidad para sostenerlos”, reconoció Lindner.

Los paradigmas

Existe una “sobredemanda de procesos de protección de 24 horas, eso lo estamos trabajando con el sistema judicial. La sociedad uruguaya tiende a internar, a encarcelar. Y nosotros creemos que hay que hacer todo lo posible para que los gurises no lleguen” a Tribal, sostuvo Lindner. Para Rodríguez, “cuando un juez determina que se interne porque descree de nuestras capacidades para apoyar a una familia, se podría decir que está vulnerando derechos. En realidad, está intentando proteger ese derecho, pero son 80 años de encerrar y de Inau (o del Consejo del Niño) diciendo ‘sí, yo los cuido’”.

Pero “a veces el sistema no puede y este informe de la Inddhh lo pone en el ámbito público. Nosotros no estamos justificando. Las condiciones edilicias, las condiciones materiales, todo esto que muestra el informe y que está siendo investigado, deterioran el proceso de Tribal. No desconocemos las dificultades que tienen que ver con la infraestructura, eso es violencia institucional también”, aseguró Lindner.

La situación fue identificada por Inau dos meses antes de que la Inddhh visitara Tribal. La información de urgencia que antecedió a la investigación administrativa fue iniciada el 27 de febrero y contiene hoy 1.200 páginas, pero aún no ha sido elevada al directorio. La reacción se demoró y la intervención de Tribal –más el desplazamiento de su directora, una coordinadora y un funcionario– se concretó recién luego de que el informe de la Inddhh fuera puesto en conocimiento de la opinión pública.

“La situación ya había sido detectada, por eso hace unos cuantos meses salimos en búsqueda de una casa para alquilar, yo estuve el 9 de febrero y comprobé que la situación tenía urgencia”, dijo Fernando Rodríguez. “Habíamos recibido alertas que hicieron que el tema tomara este cariz. Hay responsabilidad no sólo del centro, sino de otras áreas institucionales. Estamos analizando eso, qué puentes se rompieron para llegar a esta situación. Hay que visualizar cuáles son los problemas, porque evidentemente se generaron problemas”, analizó Lindner.

Ahora, una de las medidas propuestas para paliar la situación es una mudanza y la subdivisión de Tribal. Los jerarcas son tajantes al afirmar que el edificio es “inapropiado” y creen que, al menos por ahora, lo mejor será separar a los adolescentes y crear un centro para mujeres y otro para varones. Sin embargo, los antecedentes muestran que las mejoras edilicias no han resuelto los problemas de fondo. De hecho, antes de que Tribal fuera Tribal, cuando se llamaba Centro de Atención Transitoria, la lógica de encierro era bien similar. Ex funcionarios de esa institución dijeron a Brecha que el anterior edificio de puerta de entrada era aun peor, y que la mudanza se anunció como una solución. Luego, la cantidad de niños y adolescentes aumentó y el hacinamiento volvió a ser la norma.

Más cercano en el tiempo, tanto en 2014 como en 2015, anteriores visitas de la Inddhh detectaron similares problemas, por lo que el maltrato al que fueron sometidos los adolescentes no es coyuntural ni excepcional. “No se trata solamente de las condiciones edilicias y de las condiciones materiales, el tema es garantizar una vida en entornos familiares. Hay programas como Acogimiento Familiar y Familia Amiga que conviven con la estructura vieja, pero no parecen ser parte de una política sostenida en el tiempo, sino más bien una cuestión espasmódica: hay un llamado, una campaña, y después eso baja y desaparece”, dijo a Brecha Paula Baleato, coordinadora de El Abrojo. “No digo que sea fácil desmontar la vieja estructura, la de los internados, los reformatorios, los Inau –agregó–, pero ese es el camino. Se podrá cerrar Tribal y abrir dos tribales, y obvio que es mejor tener buenos internados que malos internados. Pero sería mejor no tenerlos porque si no cambia la lógica, va a volver a pasar lo mismo.”