El Catatumbo: de espaldas al Estado y de cara a la guerra

 La confrontación armada entre ‘elenos’ y ‘pelusos’ generó una crisis humanitaria que es, quizás, la más delicada que ha experimentado esta región en los últimos años. Detrás de todo ello hay décadas de problemas sociales que no se han atendido con eficacia ni prontitud.

 Verdad Abierta, 26-4-2018, https://verdadabierta.com/

¿Qué pasará después de las 6 de la tarde de este jueves? La pregunta ronda entre las 285 mil personas que viven en el Catatumbo, Norte de Santander, quienes desde el pasado 15 de abril padecen prolongados confinamientos y desabastecimientos por cuenta del paro armado decretado por el denominado Frente Libardo Mora Toro, una antigua disidencia de la desmovilizada guerrilla del Epl y los choques armados con la guerrilla del Eln.

Esa estructura armada anunció mediante un panfleto distribuido en la región que, como gesto humanitario con la población, permitiría la apertura del comercio para que la gente compre víveres y alimentos durante un plazo de 60 horas, que vencen hoy.

“A partir de la última fecha mencionada se reanuda el cierre del comercio y demás actividades cotidianas”, agrega el comunicado y advierte que “referente a la exigencia del levantamiento del paro armado por petición de las comunidades, nuestra organización tiene toda la voluntad de levantarlo siempre y cuando el Eln deje de hostigar nuestras tropas y amenazar a la población civil y líderes de la región”.

Se trata de un clamor generalizado entre comunidades campesinas, indígenas, líderes y organizaciones sociales. La confrontación armada que sostienen desde hace poco más de 40 días en la región del Catatumbo no sólo tiene agobiados a sus pobladores, quienes hoy son victimizados por ambos bandos, sino que, además, está generando una crisis humanitaria que está en camino de adquirir graves proporciones.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), desde que iniciaron los combates, por lo menos unas 90 mil personas han visto afectado su derecho a la movilidad; es decir, no pueden salir de sus veredas, no pueden viajar a municipios vecinos, no pueden salir a realizar sus faenas diarias ni asistir a un centro de salud en total tranquilidad. La ferocidad de los combates llevó a que por lo menos unos 80 centros educativos de la región cerraran sus puertas. Unos 45 mil menores de edad no reciben clases en estos momentos.

De acuerdo con esta agencia de Naciones Unidas, la cifra de personas que han tenido que abandonar sus hogares a la fuerza en lo que va corrido del año llega a las 4.633 (unas 1.249 familias). Hacarí, San Calixto, La Playa de Belén y Ocaña figuran como los municipios más expulsores: “Las personas están concentradas en doce espacios de protección humanitaria creados en los mismos municipios. También se registra un número indeterminado de desplazamientos individuales y existe alto riesgo de ocurrencia de nuevos desplazamientos”.

Ocha también consigna la grave situación de diez líderes sociales que renunciaron a sus organizaciones por presión de los grupos armados. En los once municipios que conforman el Catatumbo cientos de supermercados, tiendas, cafeterías, almacenes de insumos agropecuarios, de venta de ropa tuvieron que cerrar sus puertas desde que inició el paro armado decretado por el Epl.

 Prensa y misión médica: afectados

Esta nueva guerra entre el Eln y la antigua disidencia del Epl se ha librado con tal ferocidad que ambos mandos han desconocido las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Funcionarios de la Defensoría del Pueblo denunciaron que ambas estructuras armadas prohibieron la movilización de un equipo médico hacia zona rural del municipio de San Calixto, donde se registraron combates que dejaron un saldo de dos personas muertas.

El hecho motivó un enérgico pronunciamiento por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que se respetara y protegiera a pacientes, personal, instalaciones y medios de transporte de la misión médica. Por su parte, todas las agencias de Naciones Unidas decidieron suspender sus viajes al Catatumbo tras considerar que no existen condiciones de seguridad para sus funcionarios.

Hasta el periodismo local ha sido constreñido por los actores armados en disputa. Denuncias recibidas por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) señalan que el pasado 14 de abril, el director de la emisora comunitaria Manantial Estéreo, con sede en el municipio de Convención, recibió la llamada de un hombre que se identificó como integrante del Frente Libardo Mora Toro. Con amenazante insistencia le pidió al periodista leer al aire un comunicado en el que se anunciaba el inicio del paro armado indefinido.

Desafortunadamente, la guerrilla del Eln consideró que, con la lectura del panfleto, la emisora había tomado partido por el bando enemigo, por lo que lanzó intimidaciones contra los comunicadores. Por su parte, el comandante de la estación de Policía de Convención determinó que el director de Manantial Estéreo estaba haciendo apología al terrorismo y que el medio de comunicación estaba funcionando como caja de resonancia de los grupos armados.

Pero este no es el único episodio que afecta a la prensa. De acuerdo con la Flip, en otros cinco municipios del Catatumbo las emisoras comunitarias fueron constreñidas por integrantes del Epl a leer profusos comunicados en los que justificaban su accionar y arremetían contra su nuevo enemigo: la guerrilla del Eln.

“Desde hace varias semanas las emisoras se encuentran operando a media marcha. Hay emisoras que prefieren realizar su labor a puerta cerrada ante el temor a ser blanco de algún grupo armado porque a pesar de haber leído el comunicado, como les ordenó el Epl, las amenazas continuaron y dos de ellas fueron obligadas a cerrar”, señala la FLIP en uno de sus comunicados. Se trata de dos emisoras comunitarias con sede en los municipios de El Tarra y Teorama. (Leer más en: Norte de Santander, una frontera que quieren silenciar)

Epl: ¿guerrilla?

En un pasado no muy lejano, guerrilleros del Eln e integrantes del Frente Libardo Mora Toro caminaron juntos por las mismas veredas del Catatumbo, como si fueran miembros de la misma familia o, por lo menos, de la misma organización. No fueron pocas las ocasiones en que patrullaron juntos y se coordinaron para combatir a la Fuerza Pública o al paramilitarismo.

“Estas dos organizaciones armadas en el pasado fueron como hermanas, se protegían mutuamente, llegaban a acuerdos sobre la distribución del territorio de manera fácil, operaron juntos en muchos casos”, recuerda Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, organización defensora de derechos humanos con sede en Cúcuta.

Aunque tal camaradería nació a comienzo de la década de los ochenta, cuando ‘elenos’ y Epl compartieron asiento en la Coordinadora Guerrillera, una plataforma que buscaba generar mayor incidencia política a la vez que pretendía unificar el accionar guerrillero en varias regiones del país, en el Catatumbo esta relación se afianzaría mucho más después de 1991.

El 1 de marzo de ese año, 2.200 combatientes del Epl dejaron sus armas tras el acuerdo de paz firmado con el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990-1994). La historia consigna que por lo menos 200 excombatientes, liderados por Francisco Caraballo, no compartieron lo pactado y decidieron regresar a la lucha armada. Fueron por lo menos 13 estructuras las que intentaron mantener vigente un movimiento insurgente que llegó a ejercer poder y dominio en regiones como el Alto Sinú cordobés, el Urabá antioqueño, el Eje Cafetero, el Putumayo y el Catatumbo.

Una de ella fue, precisamente, el Frente Libardo Mora Toro, cuya presencia en el Catatumbo data de principios de 1982. Pese a que en la región ya había presencia del Frente 33 de las Farc y los frentes Carlos Armando Cacua y Diego Cristóbal Uribe del Eln, logró consolidar un corredor que se extendía desde los barrios marginales de Cúcuta, pasando por Puerto Santander, El Zulia, la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña.

Tal como lo documentó la Comisión de la Superación de la Violencia en su libro “Pacificar la paz: lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz”, la concentración de los combatientes del Libardo Mora Toro en el corregimiento de Campo Giles, en Tibú, a finales de 1990, estuvo plagada de dificultades.

“La larga inactividad en los campamentos produjo fricciones con la comunidad y entre los mismos desmovilizados, agravadas por la falta de un liderazgo interno y la baja capacitación de los excombatientes. A esto se suma la lentitud de la Alta Consejería de Paz en el abastecimiento de campamentos y la presencia de otros grupos guerrilleros que incitaron a los desmovilizados a huir del campamento con su armamento”, consignó en su momento la Comisión de la Superación de la Violencia.

Al final, poco más de 35 combatientes del Libardo Mora Toro decidieron desertar del campamento con su armamento. Mario Agudelo, desmovilizado del Epl, quien luego integró el partido político Esperanza, Paz y Libertad, surgido tras los acuerdos con el gobierno nacional, recuerda que “después se fueron como otros 17 muchachos. Ahí no estaban ni los principales mandos políticos ni los comandantes fuertes en lo militar. Todos eran mandos medios. ‘Megateo’ era un estafeta por aquel entonces. ¿Qué sucede? Como no eran fuertes en lo militar, el Eln comienza a protegerlos y ayudarlos durante varios años”.

El Libardo Mora Toro terminó replegándose a los municipios de Hacarí, El Tarra y San Calixto, bajo el mando de Víctor Ramón Navarro, conocido como ‘Megateo’. Desde allí resistió la arremetida paramilitar del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), al que combatió conjuntamente con los ‘elenos’; también confrontó la avanzada de las Fuerzas Militares en operativos conjuntos con el Eln y hasta con las mismas Farc.

Al final, la suerte de las estructuras disidentes del Epl fue la misma: cooptadas por las Farc, el Eln o los paramilitares o aniquiladas por las Fuerzas Militares. Excepto el Libardo Mora Toro. Si bien el Ministerio de Defensa, mediante la Directiva Permanente 0015 del 22 de abril de 2016, catalogó a esta estructura como un Grupo Armado Organizado (GAO) bautizándolo como ‘Los Pelusos’, el director de la Fundación Progresar señala que “ellos acá reconstruyeron el PCML (Partido Comunista Maoista Leninista), revivieron el periódico Revolución y en la región se comportan como una guerrilla”. (Leer más en: La Directiva N. 15: estrategia tardía que abre varios interrogantes)

¿Narcotización?

De acuerdo con informes de las autoridades militares y de Policía, el Libardo Mora Toro, o ‘Los Pelusos’, se involucró en el negocio del narcotráfico desde el mismo momento que decidió apartarse del proceso de paz. “En ese momento, ese negocio lo manejaban las Farc, pero ellos incursionan tanto que terminan tan absorbidos, que el narcotráfico los termina superando”, agrega Cañizares, quien aclara que “no solo es la coca, también todo el contrabando que se mueve por la frontera lo controlaba el Epl porque ellos conocían muy bien esa zona”.

Con los millonarios excedentes de la producción de coca, su máximo comandante realizó obras sociales para ganarse el favor de la comunidad y presentarse ante ella como un ‘Robín Hood’. En veredas y corregimientos del Catatumbo llegó más rápido el dinero de ‘Megateo’ para solucionar problemas puntuales que el aparato estatal para imponer allí su soberanía.

Pero su poderío concluyó tras ser abatido en combates con el Ejército el 2 de octubre de 2015 en el corregimiento de San José de El Tarra, municipio de Hacarí. En su reemplazó asumió Guillermo León Aguirre, alias ‘David León’, pero fue capturado por autoridades militares el 5 de septiembre de 2016 en la ciudad de Medellín.

Desde entonces, ‘Los Pelusos’ han venido en un proceso constante de reacomodo de su línea de mando, que, según el director de la Fundación Progresar, “ha llevado a que llegue al poder gente muy joven, que no tienen la suficiente formación política y están más contaminados por el narcotráfico. Por lo menos eso dicen los ‘elenos’: que quieren sacar al Epl de la región porque están cansados de su actuar mafioso, que perdieron su vocación revolucionaria”. (Leer más en: El Epl, a la conquista de la coca del Catatumbo)

Mientras la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que esa fuerza puede estar integrada por 130 combatientes, la Fundación Progresar estima que pueden ser entre 450 y 500 hombres. Lo cierto del caso es que hoy, el Epl exhibe una fortaleza militar producto del control que ejerce sobre buena parte de los eslabones de la cadena del narcotráfico, tal como lo documentó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría en su Alerta Temprana de Inminencia 010-18, emitida el pasado 23 de enero, en la que advierte el riesgo de violaciones a los derechos humanos por cuenta de la expansión del Frente Libardo Mora Toro.

“El Epl cobra un impuesto a los campesinos que producen la base de coca en ‘cocinas’ ubicadas en territorios sobre los que tiene influencia; adicionalmente compran a estos productores la base de coca y la trasladan hasta pequeños laboratorios localizados en territorios que mantienen bajo su subordinación, donde es convertida en clorhidrato de cocaína y posteriormente contactan a los compradores finales que la sacarán a los mercados internacionales o para el consumo doméstico”, consigna el SAT en su Alerta Temprana de Inminencia.

Claman por paz

Desde que comenzó la colonización campesina en el Catatumbo, finalizando la década del cincuenta del siglo pasado, hasta nuestros días, los habitantes de esta región han estado sometidos a los vaivenes de la violencia. “Aquí se han vivido seis décadas de guerra continua. Pero eso no quiere decir que la gente del Catatumbo sea gente violenta”, aseguran integrantes del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), organización social con presencia en la convulsionada región.

Esa perpetuidad de la violencia, afirman los integrantes del CISCA, quienes pidieron la reserva del nombre, ha servido de excusa para que el Estado no atienda los “verdaderos problemas del Catatumbo. El Estado cree que aquí el problema es la coca y la guerrilla, pero aquí hay problemas históricos sin resolver, como la tenencia de la tierra y la violación de derechos humanos. Decir que esta nueva violencia que vive la región obedece a una disputa por narcotráfico no agota las explicaciones”.  (Leer más en: “En La Habana se negocia la agenda de las Farc, no la nuestra”: campesinos del Catatumbo)

Para corroborarlo, señalan que aquellos territorios donde hoy se libran cruentos combates entre ‘elenos’ y Epl hacen parte de los municipios priorizados por el Ministerio del Postconflicto para implementar allí los acuerdos de paz con las Farc. “Pero, ¿qué se ha hecho? Nada. Ni la sustitución de cultivos ni los planes de desarrollo con enfoque territorial. Nada. Después dicen que fue por la violencia, cuando el Acuerdo se firmó hace dos años y esta violencia se recrudeció hace un mes”.

Postura similar asume Wilfredo Cañizares: “Las Farc se concentraron en Caño Indio (Tibú) y el gobierno de Santos dijo: ahora sí va llegar el Estado. Y nada. Antes, cuando los paramilitares se desmovilizaron en Campo Dos (Tibú), el gobierno Uribe dijo: el Estado va llegar. Y nada. Cuando el Epl se concentró en Campo Giles (Tibú), el gobierno de Gaviria se comprometió a construir el acueducto para ese corregimiento. Esta es la hora que no cuentan con agua potable. El Estado nunca llegó, pero los que sí llegaron rapidito fueron los actores armados ilegales”.

Así lo advirtió, en su momento, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo mediante las Alertas Tempranas de Inminencia No. 010-18 y No. 014-18, emitidas el 23 y 26 de enero respectivamente. En ambos documentos se advierte que meses antes de que las Farc hicieran dejación efectiva de sus armas, el Libardo Mora Toro y la guerrilla del Eln planeaban copar dichos territorios.

Mientras los primeros se fortalecieron en número y comenzaron un proceso de desdoblamiento que los llevó a incursionar en los municipios de Curumaní, Chimichagua, Pailitas y Pelaya, en César, los segundos quisieron apelar a su presencia histórica y su hegemonía militar para proclamarse como los “herederos legítimos de los espacios dejados por los farianos”.

Pero las intenciones e intereses de uno y otro grupo armado comenzaron a chocar profundamente, a tal punto que decidieron declararse la guerra. “Aquí en la región existían acuerdos entre las guerrillas y de las guerrillas con la comunidad: por ejemplo, no usar armas ni camuflados en los cascos urbanos; respeto por el trabajo de las organizaciones sociales; respetar el DIH; respetarse los límites de cada grupo armado. Pero ‘elenos’ y Epl se acusan mutuamente de haber violado esos acuerdos; de no respetar el trabajo comunitario, de no respetarse límites”, relata un habitante de El Tarra, consultado por VerdadAbierta.com, quien pidió reserva de su identidad por razones de seguridad. (Leer más en: La nueva guerra que se desató en el Catatumbo)

Según la fuente, uno de esos acuerdos incumplidos tiene que ver con la comercialización de pasta base de coca: “los ‘elenos’ pagan a 3.2 millones ó 3.1 millones el kilo de pasta base y al fiado, o sea, paga a los dos, tres, cuatro meses. En cambio, ‘Los Pelusos’, para ganarse a la gente, comenzó a pagar el kilo de pasta base a 3.5 millones y de contado. Y eso no le gustó para nada a los ‘elenos”.

Riquezas por doquier

¿Qué tiene el Catatumbo que lo hace tan atractivo para los grupos armados? Según las mediciones del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), en el año 2016 se registraron allí unas 24.587 hectáreas sembradas con hoja de coca, siendo la segunda región del país con mayor presencia de cultivos ilícitos. Los municipios de Tibú (12.787 ha), Sardinata (3.847 ha), y El Tarra (3.683 ha) figuraban como los más afectados por la presencia de la mata.

Antes de su dejación de armas, las Farc controlaba buena parte de los sembradíos, así como el comercio de pasta base. Pero tras su salida del escenario bélico, el mercado se transformó y tanto el Eln como el Epl intentarían beneficiarse de dicha situación. Lo preocupante es que otro actor se está sumado a dicho interés. Se trata de los carteles mexicanos que pretenden controlar todos los eslabones del multimillonario negocio ilegal, incluido, los sembradíos en Colombia.

“El Cartel de Sinaloa está comprando la mayoría de coca que está saliendo del Catatumbo. Ellos están en el territorio”, asegura Cañizares. “En la región sí hay sustitución, pero de una mata a otra variedad que está produciendo cuatro y cinco cosechas al año. Además, no estamos hablando de campesinos con tres o cuatro hectáreas, hablamos de campesinos con más de 10 hectáreas de hoja de coca”.

Su condición de frontera con Venezuela también convierte al Catatumbo en un lucrativo botín. Por las decenas de trochas (caminos veredales) que conectan al pueblo binacional se mueven diariamente miles de galones de gasolina, toneladas de comida, precursores, armas, uniformes y cientos de artículos de contrabando que le facturan varios millones de pesos a quien logre controlar dichos corredores. (Leer más en: Puerto Santander, en la ruta de ‘las bachaqueras)

El paso del oleoducto Cañón Limón-Coveñas le agrega otro atractivo ilegal a la región. Ambos grupos armados “ordeñan” el tubo para sacarle petróleo, que luego es procesado de manera artesanal para producir una gasolina que en la región se conoce como ‘Pategrillo’ y es utilizada en la producción de alcaloides. (Leer más en: El ‘oro negro’ del Catatumbo, atractivo de los grupos ilegales)

Pero, en el fondo, se trata de una confrontación por el derecho a imponer un orden alterno en un territorio que no ha conocido la presencia integral y efectiva del Estado y por el que cualquier grupo armado con pretensiones de poder estaría dispuesto a matar o morir. No en vano, las comunidades campesinas que habitan el Catatumbo, cuya fuerte tradición organizativa es reconocida a nivel nacional y sobre las cuales buscan influir ambas guerrillas, también son objeto de disputa. (Leer más en: Las organizaciones sociales que mueven el Catatumbo)

“Por eso es que preocupa esta confrontación, por lo que está en juego. Los guerreros que se están matando, ¿de dónde son? Del Catatumbo, tienen familias en el Catatumbo, tienen vínculos con el Catatumbo. Hay decenas de casos de hijos de una misma familia que están o en los ‘elenos’ o en el Epl o en ambas. Por eso la preocupación, porque se puede empezar a atacar a la población civil”, advierte Cañizares.

Justamente eso es lo que viene ocurriendo: quienes nada tienen que ver con este conflicto están quedando en medio de un intenso fuego cruzado. “Estamos a nada de que estos grupos armados impongan eso que llaman ‘fronteras invisibles’. De que le digan a uno: ‘cómo usted es de El Tarra entonces usted es del Eln, entonces no puede venir a San Calixto; o al revés, cómo usted es de Hacarí o La Playa, entonces usted es de ‘los pelusos y tiene prohibido entrar aquí”, manifiesta un líder del corregimiento Filo Gringo, de El Tarra, quien, ante el miedo que ronda entre la población, pidió que se omitiera su nombre.