Con Alejandro Bendaña,  historiador y ex embajador nicaragüense ante la ONU

 

“Ortega perdió al pueblo y el pueblo perdió el miedo”

 

Todo indica que el recorte de las jubilaciones y el aumento de los aportes de la seguridad social fue tan sólo la chispa que encendió la espontánea revuelta popular que lleva semana y media sacudiendo a Nicaragua. Cuando el gobierno de Daniel Ortega respondió con censura y sangrienta represión –con un saldo de al menos 32 muertos, decenas de desaparecidos, cientos de heridos y muchos testimonios de torturas de detenidos en las manifestaciones– la resistencia popular se extendió, en el tiempo, en el territorio y en la población, culminando en la pacífica movilización de decenas de miles en Managua el pasado lunes 23, incluso luego de que el presidente anunciara la posibilidad de modificar la reforma. Los ciudadanos ya no cuestionaban sólo la reforma sino todo el modelo orteguista.

 

Alejandro Ferrari

 

Brecha, 27-4-2018

https://brecha.com.uy/

 

 

Alejandro Bendaña es doctor en historia por la Universidad de Harvard y autor, entre varias obras, del voluminoso Sandino, patria y libertad, título clave para entender la herencia simbólica e intelectual de Augusto César Sandino. Ex militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln), fue secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y embajador de Nicaragua ante la Onu durante los años ochenta. Conversó con Brecha sobre la nueva etapa que se abre en Nicaragua.

—¿Cómo interpreta el fenómeno de movilización popular que hemos visto en Nicaragua en los últimos días? ¿Era algo previsible?

—En el fondo es la culminación lógica del modelo orteguista, que ha estado caracterizado por el autoritarismo y la concentración de poder y de control: en los poderes del Estado, las municipalidades, las universidades, en buena parte de los medios, incidiendo también en organizaciones sociales.

El FSLN dejó de existir. Si buscas una estructura –asamblea, consejo constitutivo– no la encontrarás, no existe en la forma en que las conocemos. Y ese modelo se mantiene. Se inauguró en 2007 y está cumpliendo otro período de diez años en el poder, proyectándose a otros cinco o seis más.

Muchos de los que están hoy en las calles en Nicaragua no conocieron los años ochenta. Nacieron después de 1990. Y casi el único gobierno que han conocido ha sido el de Daniel Ortega. Para contextualizar la situación actual es necesario señalar que la mayor parte de los nicaragüenses hoy en día son jóvenes.

En América Latina estamos viendo la culminación de un modelo que pudo sostenerse, en gran medida –como los ciclos de los gobiernos progresistas–, por los buenos precios de los commodities. Pero en el caso de Nicaragua –un país pequeño y dependiente– se sostuvo por los subsidios pasivos que llegaron de Venezuela y que, providencialmente, coincidieron con la llegada de Ortega al poder. Esto le permitió mantener el esquema neoliberal de la economía, complaciendo tanto al capital como a Estados Unidos, y también le permitió tener la suficiente capacidad financiera para acumular capital alrededor de nuevos empresarios sandinistas, para sustentar los programas sociales y para subsidiar al sector privado, que se benefició mediante exoneraciones y subsidios que, si se suman, equivalen prácticamente a lo que le ingresaba al régimen por la renta petrolera.

—¿Qué provocó la debacle del modelo?

—Se desvaneció por la crisis de los precios del petróleo. Comprar barato o a crédito era el esquema de (la alianza petrolera con Venezuela) Petrocaribe, y quedarse con la mitad.

Se terminó eso y comenzó el tiempo de las vacas flacas, provocando, entre otras cosas, la crisis del seguro social, que fue el detonante inmediato, pero que es, como dice el proverbio, “la paja que quebró el lomo del camello”. Esto se sumó a otras situaciones que venían siendo una burla y un insulto a la inteligencia de la población, y que tenían que ver con la arrogancia del poder, el despilfarro, las arbitrariedades del Estado, la falta de transparencia y de rendición de cuentas.

Esto sólo necesitaba una chispa para estallar. Y la chispa fue el tema del seguro social, que, hoy en día, parece historia antigua porque esa ya no es la cuestión que se debate.

Ortega intenta decir “bueno, vamos a resolver este problema que surgió”, y quiere hacer creer eso, pero no: se dividieron las aguas porque se dieron las protestas y el régimen las reprimió brutalmente. Y tras la represión y el encarcelamiento de cantidad de jóvenes, cada vez más otros sectores entran en el juego y la confrontación se prolonga.

—¿Qué ocurrirá con el orteguismo?

—Es difícil vaticinarlo. Lo que sí podemos decir es que Ortega perdió al pueblo y el pueblo perdió el miedo. En esta disyuntiva podrán pasar días, semanas, o incluso meses, pero no hay vuelta a la situación anterior. La correlación de fuerzas sociales y políticas, incluso en términos organizativos, ha cambiado drásticamente; hace apenas diez días no pensábamos que pudiera ocurrir lo que vemos ahora.

Ortega tiene que buscar una salida. O sale como salió Somoza en 1979, con violencia, o sale como lo hizo el mismo Ortega en 1990, con una transición electoral. Siempre y cuando se den unos comicios medianamente limpios; ya sabemos que es imposible concebir que pueda ganar la próxima elección.

A corto plazo se puede vislumbrar algún tipo de negociación, no ya a nivel de sociedad política, y ciertamente no a nivel de partidos, que han quedado desprestigiados, sino con la masa autoconvocada, liderada por diversos órdenes estudiantiles. Ésta opera con gran horizontalidad, es descentralizada, pero sin embargo capaz de trazar estrategias, de defenderse y de convocar.

La marcha del día lunes 23 fue extraordinaria. El orteguismo tendrá que hacer un enorme esfuerzo para incitar a la gente a igualar eso. Tendrá que usar todos los buses del transporte público, todos los empleados públicos, montarlos a la fuerza so pena de ser destituidos.

Ortega perdió el poder de convocatoria.

—¿Qué de sandinistas tienen este momento y esta lucha en la calle?

—Aunque no se articula de esta manera, el verdadero sandinismo está en las calles, porque el sandinismo de Ortega no existe.

La figura de Sandino resulta subversiva para el orteguismo. El orteguismo no tiene nada que ver con Sandino ni con los fundadores del Frente Sandinista.

Este es un régimen personalista, familiar, autocrático, antidemocrático y contrapuesto a lo que simbolizaba Sandino, que era la defensa de la soberanía. Es un gobierno que entrega centenares de quilómetros cuadrados a una empresa china, que está al lado de las compañías mineras y que ha concesionado buena parte del país, en contradicción con el Sandino que luchó contra la minería extranjera.

La esencia de Sandino es la libertad. La esencia de la lucha hoy en Nicaragua es la libertad, así como la pueden interpretar hoy, en distintos sentidos. Comienza con el cese de la represión, la libertad de movilización, de poder ejercer libremente su voto, porque hubo un enorme fraude en las últimas dos elecciones municipales y nacionales, algo fácilmente comprobable. Y eso es lo más triste, porque de comprobable termina insultando la dignidad y el respeto propio de los nicaragüenses.

Es un fenómeno nuevo también. Se habla del sector privado, del gran capital, etcétera, que están ahí como enviados por la embajada estadounidense a negociar con el régimen. Pero, recordando las lecciones del 78 y del 79, del sandinismo insurreccional, los hijos de esos grandes capitalistas están en las calles, los hijos de los ministros están en las calles, los hijos de los generales, del comisionado de la policía.

Y que no se descarte que una buena parte de los partidarios y de los que trabajan en empresas estatales también están haciendo su aparición en las calles.

De manera que regresamos al punto de que se perdió el control y se perdió el miedo.

—¿Qué interpretaciones del orteguismo hace la izquierda?

—La izquierda ortodoxa, estatista, burocrática, y sus aparatos, están queriendo distorsionar lo que pasa en Nicaragua porque para eso son pagados y subsidiados sus representantes. La argumentación que éstos repiten es que se trata de una de las llamadas “revoluciones de colores” que tienen una agenda derechista en esencia, como las primaveras árabes que luego desembocan en un otoño dictatorial. Que esto es como lo que han querido hacer en Venezuela y que estas son las derechas y ultraderechas estadounidenses que no pueden tolerar a un Castro, ni a un Maduro, ni a un Ortega.

La mayor estupidez es poner a Ortega en esta lista. El de Ortega es un régimen neoliberal, netamente capitalista entregado a la empresa privada y a una religiosidad que en Uruguay les parecería medieval. Esa es la contradicción, que Ortega y su régimen puedan ser catalogados de izquierda y que ameriten ser defendidos en un imaginario tablero geopolítico e ideológico. Eso es lo que da tristeza.

Hay un discurso de la izquierda, de exportación, que es minoritario, que ya no atrae a la gente, que anda en la línea de un supuesto complot derechista d­esestabilizador que se aplicó en Brasil, en Argentina, etcétera, y que quieren aplicar en Cuba.

Y paralelo a eso está el discurso de Ortega, que dice que toda esa gente en la calle son maras, como las salvadoreñas, son bandas criminales.

En Nicaragua el fenómeno de la banda criminal juvenil nunca tuvo arraigo. Ahora Ortega lo inventa, probablemente como mensaje interno, pero también para Estados Unidos.

—¿Cómo reaccionará Ortega a este probable fin de su proceso?

—No hay que descartar que, al igual que Somoza, este señor destruya el país antes de entregar el poder. Y el indicio de esto es que cuando los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se negaron a dialogar, por la presión popular, Ortega dio la orden de que saquearan los comercios.

Está jugando con el capital, diciéndoles: ¿qué es lo que quieren ustedes?, ¿una desestabilización y que se hundan sus negocios? ¿Estabilidad o caos? Y él está dispuesto a provocar el caos y la represión en nombre de la estabilidad.

El movimiento ya asumió una forma irreversible. Esto ya no es un estallido. Y cuando se le impuso la represión, la sobrevivió. Este cuento va para largo. Si no es con la salida de Ortega a corto plazo va a ser, por lo menos, obligándolo a devolver toda una serie de libertades civiles y políticas que han sido conculcadas.

Termina la época del Frente Sandinista, pero no de Sandino.

 

Nunca más represión, ni otra “misa negra”

Carlos F Chamorro *

Las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (Inss) impuestas por el presidente Daniel Ortega –aumentando sustancialmente las contribuciones patronales y laborales, e imponiendo un ilegal impuesto a las pensiones de los actuales jubilados y una disminución a las pensiones futuras– han generado una ola inesperada de protesta social.

Durante una década, Ortega ha impuesto una dictadura institucional, un régimen Estado-partido-familia que concentra todos los poderes del Estado, incluyendo el ejército y la policía, y promete orden social, combinando estabilidad económica con represión selectiva y cooptación social. El control absoluto del poder, que sólo comparte con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, le ha permitido sofocar los reclamos políticos por fraudes electorales y las protestas campesinas ante el fracasado megaproyecto del canal interoceánico.

Uno de los pilares de sustentación del régimen es la alianza con los grandes empresarios, a los que otorga oportunidades de inversión en un esquema de cogobierno en los aspectos económicos, sin transparencia ni democracia. El otro ha sido el uso discrecional de la millonaria cooperación venezolana de más de 4 mil millones de dólares otorgados por el chavismo –el mayor y más descarado acto de corrupción de la historia nacional, que empezó a mermar hace dos años.

Al terminarse los años de “vacas gordas” llegó la anunciada crisis fiscal. El miércoles pasado Ortega aprobó un paquete de medidas para extraer más de 250 millones de dólares –1,5 por ciento del producto interno bruto–, para evitar la quiebra de la seguridad social, que ha sido agravada por la corrupción de su gobierno, sin calcular las consecuencias.

Las cámaras empresariales rechazaron las medidas advirtiendo que, al imponer el paquete económico de forma unilateral, el gobierno rompió el mecanismo de “diálogo y consenso”, con políticas contractivas que generarán desempleo, pérdida de competitividad e inestabilidad económica. El reclamo plantea nuevas interrogantes sobre el futuro de esta relación, que ha sido crucial para otorgarle legitimidad a un régimen autoritario, que eliminó todo contrapeso de la oposición política.

La envergadura de la reacción popular llegó sin aviso, cuando un grupo de jóvenes universitarios y decenas de adultos mayores se autoconvocaron en una protesta pacífica contra el golpe a la economía popular. La brutalidad de la represión desatada por las fuerzas de choque del gobierno, protegidas por la policía, generó un estado de indignación, alimentado por las imágenes de jóvenes y adultos heridos, y periodistas vapuleados y asaltados. A pesar de que controla la mayoría de los canales de televisión, el régimen impuso la censura y suspendió la señal en el servicio de cable del canal Cien por ciento Noticias. Un día después estallaron nuevas protestas en las universidades –que reciben fondos del Consejo Nacional de Universidades (Cnu), correspondientes al 6 por ciento del presupuesto general de la república, y que eran bastiones políticos del régimen–, que se extendieron de Managua a Masaya, Estelí, Matagalpa, León, Chinandega y otras ciudades del país.

La protesta sin líderes visibles ni organizaciones que la convoquen ha dejado una treintena de muertos, entre ellos un policía y decenas de heridos. Su reclamo inicial por asalto a la seguridad social se ha desbordado contra los agravios políticos acumulados por el régimen: el autoritarismo, la represión y la corrupción que simboliza la pareja presidencial. La consigna generalizada “no tenemos miedo” y el derribamiento de los omnipresentes símbolos del régimen –los “chayopalos” y megarrótulos que rinden culto a la personalidad de Ortega y Murillo– define con claridad las banderas de esta protesta en demanda de libertad, democracia y participación política para terminar con una dictadura.

Tras seis días de espontánea rebelión popular, el orteguismo perdió el monopolio del control de las calles, y demostró que sólo puede sostenerse en el poder a través de la represión criminal. Su sistema político de control autoritario, incluida la alianza con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para negociar a puertas cerradas todos los temas económicos y sociales de la vida nacional, ha sido cuestionado desde la raíz por una nueva legitimidad popular y nacional, teñida con la sangre de víctimas inocentes.

La convocatoria de las cámaras del sector privado –Cosep, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham) y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme)– a una marcha pacífica el lunes pasado en rechazo a la violencia es un paso necesario pero insuficiente para promover una salida a la crisis nacional. Para dialogar, no a puertas cerradas, sino en un debate nacional incluyente con testigos y garantes internacionales, son necesarios al menos tres requisitos:

1.El cese inmediato de la represión paramilitar y policial, y el castigo a los culpables de la represión.

2.La separación de sus cargos de la primera comisionada, Aminta Granera, y el director de facto de la policía, comisionado general Francisco Díaz.

3.La separación del doctor Roberto López de su cargo como presidente ejecutivo del Inss.

Solamente después de cumplir estos requisitos mínimos habrá condiciones para la instalación de un diálogo nacional, nunca más una “misa negra” o negociación a puertas cerradas con el Cosep, para devolverle el derecho a todos los actores de la sociedad a participar en un debate nacional, que empieza con la reforma integral del Inss y la restitución de su autonomía, y termina con la reforma política y la reforma electoral.

* Director del portal nicaragüense Confidencial e hijo de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro.