Crimen organizado

 Frente Óliver Sinisterra: el blanco de las autoridades colombo-ecuatorianas

 Verdad Abierta, 13-4-018 , https://verdadabierta.com/

 

Esa organización ilegal, responsable del asesinato de tres trabajadores del diario El Comercio, de Quito, tiene sus orígenes en la guerrilla de las Farc. Sus mandos se apartaron del proceso de paz con el gobierno nacional y constituyeron su propia estructura armada. Investigadores de la Fundación Ideas para la Paz detallan sus orígenes, sus zonas de operación y los riesgos que representa para la población civil de esta región fronteriza.

Este viernes, luego de transcurridos 18 días de secuestro, se confirmó el asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, retenidos en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas cuando realizaban un trabajo periodístico sobre los ataques con explosivos perpetrados por el Frente Óliver Sinisterra (FOS) que comanda Walter Artízala, alias ‘Guacho’, en esa región fronteriza.

De acuerdo con información constatada por este portal, los tres habrían sido asesinados con un tiro de gracia mientras permanecían encadenados, pese al clamor que había elevado la sociedad civil en ambos países para que se les respetara la vida.

Este viernes el FOS emitió un nuevo comunicado señalando que cometieron el crimen en reacción a la presión que venían ejerciendo autoridades militares y policiales; aclararon que buscaban un canje por varios de sus hombres detenidos y no se pudo lograr; y solicitaron la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, Naciones Unidas y Arquidiócesis de Tumaco, así como del Alcalde, Personero y Defensor del Pueblo de Tumaco, para proceder a recuperar los cuerpos, bajo algunos protocolos, entre ellos retirar a los militares colombianos y ecuatorianos de la zona fronteriza.

“Se le propuso al gobierno ecuatoriano que llegáramos a un diálogo, para respetarnos mutuamente y hacer entrega de los periodistas, la respuesta fue más tropas, más gringos, más militares colombianos en el Ecuador, más represión. La respuesta fue militar. El resultado de esta represión es la muerte de los tres periodistas ecuatorianos”, confirmó el FOS.

El dramático desenlace se produjo en medio de duros cuestionamientos contra la supuesta inactividad de los gobiernos de Colombia y Ecuador para proteger a los comunicadores, al punto de que organizaciones defensoras de la libertad de prensa como Fundamedios, Reporteros Sin Fronteras, Comité para la Protección de Periodistas y Fundación para la Libertad de Prensa declararon el pasado miércoles que ambos Estados se encontraban “evadiendo responsabilidades mientras entregan información contradictoria a los medios de comunicación”.

El triple crimen es tal vez el más grave cometido hasta ahora por el FOS que, a la fecha, había dirigido sus acciones militares en la provincia de Esmeraldas contra integrantes de las Fuerzas Armadas de Ecuador, en retaliación por operaciones contra el tráfico de drogas.

De acuerdo con autoridades colombianas y ecuatorianas, ese grupo armado ilegal sería responsable de un atentado con carro bomba ejecutado el pasado 27 de enero contra la estación de policía San Lorenzo, que dejó 28 uniformados heridos, así como de un segundo atentado con explosivos ejecutado el 20 de marzo en un sector llamado Mataje, cuyo saldo fue de tres infantes de marina muertos y otros siete heridos.

Los orígenes y las prácticas de ese frente están descritas con detalle en el informe “Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las Farc”, de la Fundación Ideas para la Paz, que será divulgado el próximo domingo.

Un arduo trabajo de campo les permitió a los investigadores de este centro de pensamiento precisar las zonas de operación y las herencias que recibió el FOS, que tendría entre 450 y 500 hombres, y cuyo nombre hace referencia al guerrillero de las Farc Óscar Armando Sinisterra, conocido como ‘Óliver’, muerto a manos de la Armada mientras el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc negociaban un acuerdo de paz en La Habana, Cuba.

En disidencia

Tras militar por una década en las Farc, Walter Patricio Artízala, conocido como ‘Guacho’, se instaló en la zona del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, en Tumaco, Nariño, pocos meses después de la dejación de armas realizada por esa organización insurgente. Allí habría empezado la constitución del FOS, haciendo uso de las antiguas redes de apoyo y milicias, así como de relaciones con narcotraficantes colombianos y mexicanos.

En octubre de ese año, luego de la masacre de ocho campesinos ejecutada en Alto Mira y Frontera durante una operación de erradicación forzada de cultivos ilícitos, Noticias RCN entrevistó a ‘Guacho’. En diálogo con el noticiero, el ahora disidente declaró que había tenido grado de comandante de guerrilla dentro de las Farc y que había alcanzado a llegar al Punto de Preagrupamiento de la vereda El Playón, donde se alojaron las columnas móviles Mariscal Sucre y Daniel Aldana antes de ingresar a las Zonas Veredales para iniciar el proceso de dejación de armas. (Ver más en: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)

Sin embargo, confirmó que decidió apartarse del proceso de paz debido a “motivos personales” y a que “no estuvimos de acuerdo con lo acordado (por) el gobierno con el movimiento guerrillero de las Farc”. También alegó que comandaba 250 hombres, entre los que se encontraba, según él, un hombre apodado ‘Cachi’, quien no es otro que Jefferson Chávez Toro, capturado en Pereira en marzo pasado.

‘Cachi’ es un narcotraficante con presencia prolongada en esa zona de Nariño y con antiguos vínculos con las Farc. Participó en las primeras tareas de reclutamiento para el FOS, que se estaban realizando para la época de grabación de la entrevista. Las relaciones de ‘Guacho’ con narcotraficantes son de vieja data, confirmaron investigadores de la FIP. Mientras existieron las Farc, sus mandos en esta región fronteriza les permitieron controlar redes y corredores de tráfico de cocaína en las zonas bajas de las provincias ecuatorianas de Carchi y Esmeraldas.

En su interés por asegurar el negocio del narcotráfico tras la desaparición de la guerrilla, ‘Guacho’ ha buscado consolidar tres áreas de la zona rural de Nariño. La primera es la del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, así como los corredores de movilidad entre los ríos Mira y Mataje, que conducen a territorio ecuatoriano y dan salida al océano Pacífico.

Allí, los hombres del FOS, de acuerdo con lo establecido por investigadores de la FIP, “resguardan puntos de embarque, tienen presencia en diferentes puntos de los ríos mediante redes de apoyo, y hacen labores de inteligencia sobre quiénes entran y salen en sitios como La Playa, Vallenato, Restrepo, Candeillas, Imbili y Terán, todos sobre el río Mira, donde también el FOS habría recuperado caletas con armamento” de las antiguas Farc.

La segunda área corresponde a los municipios de Ricaurte y Barbacoas, “donde hay zonas de cultivo con hoja de coca, cristalizaderos y corredores fluviales para sacar la cocaína hacia el Pacífico, como los ríos Patía, Rosario y Mejicano”. Con su presencia en esa zona, el FOS estaría buscando detener las aspiraciones de copamiento territorial del Eln y de las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), otra organización armada ilegal dedicada al narcotráfico y comandada por un exintegrante de las Farc: Víctor David Segura.

La tercera área era de antiguo control de la columna móvil Mariscal Sucre y está compuesta por zona rural de los municipios Ricaurte, Cumbal y Mallama. En Cumbal, el FOS se ha enfrentado en dos ocasiones con el Eln entre diciembre de 2017 y enero de 2018, porque esa guerrilla, según constataron los investigadores de la FIP, no estaría de acuerdo con su “involucramiento casi total en el narcotráfico y la forma como (sus integrantes) están afectando a la población rural de ambos lados de la frontera”. Consolidar esa zona sería de especial importancia para el Frente Óliver Sinisterra para evadir la presión de la fuerza pública en Tumaco.

En cuanto a zonas urbanas, el Frente Óliver Sinisterra tiene presencia en la cabecera municipal de Tumaco, donde empezó a formar una subestructura en el segundo semestre de 2017. De acuerdo con los investigadores de la FIP, el objetivo es disputarle a las GUP el control “de barrios, salidas a esteros y puntos estratégicos, como la zona del Puente El Pindo y sus barrios aledaños”, así como para obtener rentas del microtráfico y la extorsión. La activación de esa estructura con antiguos milicianos de las Farc se habría hecho bajo la tutela del también excombatiente de la desaparecida guerrilla Yolfer Guzmán Sánchez, alias ‘El Tigre’, quien abandonó el proceso de paz en agosto de ese año.

No obstante, afirman en la FIP, esta estructura disidente no ha llegado a consolidarse en el municipio, en parte por la captura de ‘El Tigre’, en enero de 2018, junto a uno de sus hombres de confianza, Robinson Araujo, alias ‘El Pollo’. A la fecha, uno de los puntos que más preocupa (para el caso de Tumaco) es la disputa abierta en las fronteras ubicadas entre los barrios Familias en Acción y Nuevo Milenio, así como entre las que existen entre el Olaya Herrera y Buenos Aires, donde se han presentado enfrentamientos entre el FOS y las GUP. La disputa territorial ha generado restricciones a la movilidad por cuenta del establecimiento de fronteras invisibles.

En zona rural, los principales afectados por el FOS, según constataron en la FIP, son los cultivadores de hoja de coca que podrían ser beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), pactado por el gobierno nacional y las Farc. De hecho, el asesinato de José Jair Cortés, líder del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, en octubre de 2017, habría sido cometido por esa organización como retaliación por el apoyo de este líder comunitario a esa iniciativa. (Ver más en: El de José Jair Cortés, otro asesinato anunciado en Tumaco)

La oposición del FOS al PNIS sería, además, la única fuente de legitimidad que tendría esa organización en la región, particularmente con los colonos que cultivan hoja de coca en tierras del consejo comunitario. Ello ocurre porque, dado que el repoblamiento que realizaron las Farc en esa zona tuvo profundos impactos sobre el consejo, el gobierno y la guerrilla acordaron en La Habana que el Estado reubicaría a los campesinos para restituirles esas tierras a los afrodescendientes, que son sus dueños. La decisión profundizó las diferencias entre colonos y afros, en una disputa en la que el FOS ha tomado partido por los primeros, muchos de los cuales no confían en el éxito del proceso de sustitución y reubicación. (Ver más en: En Tumaco se debe sanear primero la propiedad de la tierra y luego pensar en la sustitución)

De ahí que, de acuerdo con investigadores de la FIP, “la actitud predatoria de esta organización armada se dirija más que todo hacia la población que apoya el PNIS y programas de desarrollo en general, lo que deja en una clara situación de vulnerabilidad y de falta de garantías de seguridad a las comunidades afrocolombianas”. Las advertencias sobre las afectaciones de este grupo también cobijan a los menores de edad, por riesgo de reclutamiento forzado, y a las niñas y a las mujeres, ante riesgos de secuestros y actos de violencia sexual.

Tumaco es el municipio con mayor número de hectáreas de hoja de coca sembradas en Colombia, de acuerdo con Unodc. Foto: Policía Nacional.

La constitución del FOS como organización casi exclusivamente narcotraficante es una herencia de la vocación que adquirió la desaparecida columna móvil Daniel Aldana, que, en el pasado, fue uno de los mayores músculos financieros de las Farc en el sur del país.

Herencia que dejaron las Farc

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores de la FIP, la columna móvil Daniel Aldana de las Farc, de la que hacía parte ‘Guacho’, había entrado en “un proceso acelerado de degradación” desde antes de la firma del Acuerdo Final, sin que la comandancia de esa organización insurgente tomara medidas eficaces para detenerlo. Ello ocurrió, en buena parte, por la falta de cualificación política de los combatientes, cuya dedicación era casi exclusiva a tareas militares y financieras. De hecho, la participación decidida de esa estructura en el negocio del narcotráfico la había llevado a “su punto máximo de poder” en 2016, lo que ocasionó que sus integrantes fueran reacios a acatar las decisiones que se estaban tomando en La Habana.

Para entonces, la Daniel Aldana estaba “en capacidad para librar una confrontación integral”, dado que había alcanzado todos los recursos que tenía disponibles a nivel geográfico, militar y financiero. Así, esa estructura estaba integrada por cerca de 500 combatientes experimentados; controlaba la frontera con Ecuador entre los ríos Mira y Mataje, donde aseguraba el cultivo de hoja de coca, su procesamiento y su transporte hacia puertos naturales del océano Pacífico; regulaba todas las actividades ilícitas en su zona de influencia, desde extorsiones y secuestros hasta la totalidad de la cadena de la economía cocalera; y había conseguido construir una base social en la región gracias a la inserción de cocaleros provenientes de Putumayo y Caquetá.

Uno de los aspectos que destacan los investigadores de la FIP es que red de milicias adscritas a la columna Daniel Aldana no hacía trabajo político y que sus integrantes, sin recibir formación ideológica, “realmente se dedicaron a extorsionar, sacar coca por los esteros, cometer asesinatos selectivos y dividir a la ciudad (Tumaco) en fronteras invisibles”. De ahí que califiquen a las milicias del puerto como “una estructura de subcontratación delincuencial”, conformada incluso por exintegrantes de la banda criminal Los Rastrojos o del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Aprovechando la incertidumbre generada por el proceso de paz, así como el temor producido por la inminente entrada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) a Tumaco, desde noviembre de 2016, los investigadores de la FIP establecieron que “narcotraficantes e intermediarios de carteles internacionales se estaban haciendo sentir por medio de mensajes directos a los guerrilleros rasos, integrantes de las redes de apoyo urbanas y a sus familiares” con el fin de que no abandonaran el negocio del narcotráfico. La situación empeoró a comienzos de 2017, cuando las Farc se negaron a recibir a la mayoría de los milicianos de Tumaco en las Zonas Veredales por considerar que no hacían parte integral de la organización insurgente. (Ver más en: “No nos dejen morir”: exmiliciano de Tumaco)

Periodistas de Ecuador asesinados por disidentes de las Farc en Nariño.

En ese contexto de “degradación” y “criminalización” de la tropa, como lo califican en la FIP, alias ‘Guacho’ era al interior de la columna móvil Daniel Aldana “uno de los responsables de las finanzas y el encargado de dinamizar las redes de tráfico de cocaína por las rutas fluviales y terrestres que conectan el Alto Mira y Frontera con Terán y Cabo Manglares en el océano Pacífico, así como con las rutas que en su momento abrieron las Farc y narcotraficantes extranjeros por las provincias de Carchi y Esmeraldas, en Ecuador, en especial a lo largo del río Mataje, que demarca la frontera colombo-ecuatoriana”.

El fortalecimiento militar y financiero que había alcanzado la columna móvil, en oposición a su debilitamiento político, así como la marginación de las milicias del proceso de paz, serían las causas principales de la formación del FOS. Al respecto, los investigadores de la FIP consignaron en su informe que “tanto el Estado como las Farc tienen sus respectivas cuotas de responsabilidad respecto a lo que sucedió con esa estructura armada”. El primero por no haber “diseñado estrategias enfocadas en las milicias ni prevenir la reorganización criminal en la región”, y las segundas por “su falta de pedagogía con sus redes de apoyo y milicias, (que) si bien durante el conflicto les fueron útiles para su economía de guerra, la sensación generalizada en la región es que fueron abandonadas una vez iniciaron la transición a la vida civil”.

Las prácticas de la desaparecida guerrilla en Nariño hacen que sean difíciles de creer las reivindicaciones políticas que presenta el FOS en sus comunicados, algunos de los cuales se remiten a incumplimientos en la implementación del Acuerdo Final, a la necesidad de realizar cambios en los modelos político y económico del país, y en general a los “ideales revolucionarios” de dirigentes de las Farc, como ‘Manuel Marulanda’ y ‘Alfonso Cano’.

De hecho, en  un primer comunicado firmado por el FOS, referido a los periodistas secuestrados y cuya autenticidad aún no confirman las autoridades, se lee que “el Frente Óliver Sinisterra les recuerda a los gobiernos de Ecuador y Colombia que no somos un grupo de delincuentes ni narcotraficantes como ellos nos llaman, somos guerrilleros de las Farc-EP que tenemos nuestros principios y nuestros ideales recordándoles que volvimos al campo de batalla por la irresponsabilidad del gobierno colombiano al no cumplir los acuerdos pactados con la dirección del secretariado de las Farc-Ep”.

En ese escenario, desde la FIP alertan sobre la posible continuidad del avance del FOS en territorio ecuatoriano, la ocurrencia de nuevos impactos contra la población civil y excombatientes comprometidos con el proceso de paz, y el eventual agravamiento de la confrontación en Tumaco. Todo ello, en un territorio en el que, además del FOS y las GUP, exintegrantes del frente 29 y de las columnas móviles Mariscal Sucre y Daniel Aldana de las Farc han creado las organizaciones Resistencia Campesina y Los de Sábalo, todas las cuales podrían tener conflictos de interés con ‘los gaitanistas’ y la guerrilla del Eln.

No obstante, la crisis de la frontera a la altura de Nariño, que cobró la vida de los tres trabajadores del diario El Comercio, no solo es la expresión de profundas fallas en la implementación del proceso de paz, sino también de la incapacidad de Colombia y Ecuador para desarticular las redes transnacionales del narcotráfico y garantizar los derechos de las comunidades que habitan la región.