Un combo indigesto

Esta semana el mundo del trabajo estuvo en el centro de la escena, con cierto brillo: por un lado el gobierno lanzó una nueva ronda de los consejos de salarios y la OIT presentó su informe anual Panorama Laboral 2017, en el que Uruguay aparece con los mejores indicadores de la región referidos al crecimiento del salario. Sin embargo, una noticia de la semana pasada –el acuerdo con McDonald’s– agregó algunas sombras: los índices de desempleo juvenil de Uruguay son los más altos de la región.

Daniel Erosa

Brecha, 16-3-2018 https://brecha.com.uy/

Si bien es bastante cierto que la perfección es enemiga de la acción, a veces valdría la pena revisar mejor con quiénes se realizan acuerdos y a quiénes se les otorgan exoneraciones fiscales para no quedar en falsa escuadra. Un ejemplo de esto es el pomposo acuerdo que se anunció la semana pasada entre el gobierno y McDonald’s, mediante el cual la empresa se compromete a darle una primera experiencia laboral a jóvenes pobres a cambio de un subsidio que puede alcanzar hasta el 80 por ciento del salario. El lanzamiento de esta iniciativa –que está amparada por los mecanismos previstos en la ley de empleo juvenil– se realizó en la residencia presidencial. Allí Tabaré Vázquez, el ministro de Trabajo Ernesto Murro, Woods Staton, presidente ejecutivo de Arcos Dorados y Ricardo Méndez, director general de la empresa en Uruguay, dieron dos noticias: la de la modernización y expansión de los locales de expendio de hamburguesas con una inversión de 10 millones de dólares y la creación de oportunidades laborales para jóvenes uruguayos.

A pesar de cierta anestesia social donde parece que todos los gatos son pardos, las críticas no se hicieron esperar. Se subsidia a una empresa que casi exclusivamente contrata mano de obra juvenil para emplear… jóvenes: “Somos el más importante empleador de jóvenes de la región”, se ufanan desde el departamento de recursos humanos. Se trata de una empresa que simboliza un modelo de alimentación cuestionado en el mundo entero por los estragos que produce en la salud humana y su deriva hacia enfermedades no trasmisibles, y se celebra su expansión con la sonrisa entusiasmada del presidente. Se apoya implícitamente un tipo de funcionamiento organizativo que premia el individualismo. Y entre muchas otras cosas cuestionables, estamos hablando de una firma que ha sido denunciada por prácticas antisindicales decenas de veces y que no firmó los convenios colectivos.

Hay más de dos mil empresas que han hecho acuerdos parecidos y casi nadie sabe sus nombres. Es que este nuevo tipo de “compromiso social empresarial”, también permite maximizar la ganancia. Al final termina siendo sobre todo una jugada publicitaria. Por si fuera poco, según dice la Organización Internacional del Trabajo (Oit) “estas formas de empleo están asociadas a bajos salarios, limitado acceso al entrenamiento laboral, lento avance de la carrera laboral y bajos niveles de protección social. Todo eso se combina para reducir la protección de los jóvenes en el mercado laboral y su ingreso potencial. Hay limitada evidencia de que este tipo de trabajos mejore las chances de los jóvenes para conseguir un trabajo a tiempo completo”.

Primeros en desempleo juvenil

“La situación, sin caer en alarmismos, la podríamos definir como dramática”, dijo hace menos de un año el director regional de la Oit, José Manuel Salazar-Xirinachs en una conferencia en Santiago de Chile refiriéndose al desempleo juvenil. Agregó que hacía más de una década que no se registraba una tasa tan elevada: el 40 por ciento de los desempleados son jóvenes. Salazar explicó que además de un desempleo que triplica al de los adultos, los jóvenes deben enfrentar otro problema: la informalidad. Más de la mitad de los empleos disponibles para los jóvenes son en estas condiciones.

El martes de esta semana en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Oit presentó la investigación Panorama Laboral de América Latina 2017 donde Uruguay aparece primero en el aumento del salario real entre 2005 y 2015 en relación a los demás países de la región. Sin embargo, en el tema del desempleo juvenil, nuestro país registra las peores performances. Según dijo a Brecha Hugo Bai, economista que integra el equipo del Instituto Cuesta Duarte, de acuerdo al trabajo de la Oit, “en Uruguay está sobrerrepresentado el problema del desempleo de los jóvenes: la tasa de desocupación juvenil es cinco veces mayor que la tasa de desocupación adulta”.

Bai explica que el desempleo juvenil es un rasgo estructural de la economía uruguaya y de la región. Por eso cree que se necesitan políticas públicas que apoyen a esa población y que la ley de empleo juvenil de 2013 es buena. “El hecho de financiar con recursos públicos el ingreso a un empleo decente a esta población que tiene dificultades para insertarse, con registro en la seguridad social, con un nivel de salario aceptable –por encima del salario mínimo– se lo puede ver como una inversión a futuro”. El Estado para promover puestos de trabajo en el ámbito privado tiene que generar estímulos para que los empleadores efectivamente apunten a contratar en esa franja de edades. Ese beneficio o incentivo para el empleador, tiene, según Bai, “un costo fiscal que paga con creces la inversión social que representa”.

La “foto” que se puede sacar hoy con los datos disponibles (1) muestra un desempleo general que pisa el 8 por ciento, “pero en el caso de los jóvenes llega casi al 25 por ciento. Y esto no es nuevo, en 2006 cuando estábamos saliendo de la crisis de 2002, el desempleo general estaba en el 11 por ciento, pero el de los jóvenes superaba el 28 por ciento”, explica el economista del Cuesta Duarte. Dicho en números: de un total de 140 mil desocupados, unos 65 mil son menores de 25 años. De estos hay 20 mil que buscan trabajo por primera vez y 45 mil que ya tuvieron una experiencia laboral. Hay 33 mil mujeres y 32 mil hombres. 37 mil son del Interior y 28 mil de Montevideo. En relación al nivel de instrucción, 9 mil no pasaron al liceo; 43 mil cursaron Secundaria; 13 mil tienen o cursan estudios terciarios. Según el trabajo realizado por el Cuesta Duarte para esta nota, casi 44 mil están dispuestos a trabajar sin poner ninguna condición, 9 mil requieren empleos acordes a su experiencia o conocimiento, 5 mil plantean jornadas de baja carga horaria para compatibilizar con otras actividades (sean de estudio o de cuidados en sus casas). Hay mil y algo que plantean mejores niveles salariales… De los que ya tuvieron experiencia, la mayoría fue en el ámbito privado: 23 mil aportaron a la seguridad social y 22 mil no.

Bai asegura que el abanico de instrumentos previstos por la ley de empleo juvenil es amplio. Sin embargo se ha avanzado poco en reducir la brecha existente. “En este proceso de mejora de los indicadores económicos en general hubo un buen desempeño del empleo pero no en el caso de los jóvenes”. Por eso para este economista, “el tema pasa a ser cómo retenerlos en el sistema educativo y mejorar sus condiciones, su capacitación laboral. Especializarse o aprender un oficio les permitirá acceder a mejores oportunidades. Todo lo que se invierta en eso, tiene un importante rédito social a mediano y largo plazo”.

Sin evidencia

El acuerdo anunciado la semana pasada con Arcos Dorados, “la franquicia independiente de McDonald’s más grande del mundo y quien opera la marca en el país”, según versa en la gacetilla empresarial, no innova respecto a otros acuerdos ya realizados con otras empresas y está previsto por la ley de empleo juvenil. El mecanismo es así: se estimula a los empleadores a contratar jóvenes de contexto crítico para que desarrollen una primera experiencia laboral, otorgando subsidios que pueden llegar hasta el 80 por ciento del salario del trabajador. Se hace a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) que destina unos 5 millones de dólares al año para financiar los distintos dispositivos de la mencionada ley. Las empresas reciben el subsidio en forma de créditos para pagar sus aportes al Banco de Previsión Social.

Según dijo el director nacional de Empleo, Eduardo Pereira, a este semanario, el estímulo previsto por la ley para la primera experiencia laboral significa el 25 por ciento de un salario de hasta 16.500 pesos. En el caso de personas que estén en situación de vulnerabilidad social, es de hasta el 60 por ciento de dos salarios mínimos, y en el caso de las mujeres en idéntica situación, hasta el 80 por ciento. Pereira aseguró que “el total de las empresas que han participado de estos incentivos es 2.262 y los jóvenes que accedieron a empleos privados en estas condiciones son aproximadamente tres mil”. Las empresas están obligadas a pagar el salario que corresponda a la categoría del contratado y a los convenios del sector. “No hay un salario diferencial para esta experiencia”, explicó Pereira.

La ley prevé incentivos extra para que las empresas les otorguen a los jóvenes flexibilidad horaria para seguir estudiando. También un modelo de primera experiencia laboral en distintas dependencias del Estado, en jornadas de cuatro horas, en horarios compatibles con el estudio y tratando de que la tarea se relacione con lo que el joven estudia. Cada vez que se convoca esta última modalidad, se inscriben decenas de miles.

Si bien, como decía Bai, cualquier política pública que invierta en minimizar el problema del desempleo juvenil debe ser bienvenida, algunos trabajos especializados en la materia concluyen que falta investigación y conocimiento sobre los efectos de este tipo de iniciativa en el mercado de trabajo para los jóvenes. La economista e investigadora del Instituto de Economía, Paula Carrasco, explicó a Brecha que “la evidencia internacional sobre el efecto de este tipo de iniciativas de subsidio a la demanda para fomentar el empleo de calidad en los jóvenes, no es concluyente”. Según entiende, “en Uruguay no existe hasta el momento una evaluación de impacto de este tipo de programas. Lo más parecido, es la evaluación realizada al programa ‘Yo estudio y trabajo’, que si bien constituye un programa de primera experiencia laboral, se desarrolla en dependencia del sector público e implica que se permanezca dentro del sistema educativo. Pero es un programa que apunta a otro segmento de jóvenes”, no a los más vulnerables.

De lo que sí existe evidencia, aseguró esta investigadora, es sobre la relevancia “del tipo de inserción laboral que tienen los jóvenes en el mercado de trabajo por sus efectos sobre la trayectoria futura. En particular, la vinculación al empleo formal al inicio de la trayectoria, afecta positivamente la probabilidad de mantenerse dentro del sector formal a posteriori”.

Por su parte el también economista Gabriel Burdín, consultado por Brecha dijo que es entendible que el gobierno esté preocupado y quiera actuar en la materia, porque “estamos en un contexto de crecimiento, sin recuperación del empleo y con caída del empleo juvenil”. Burdín recuerda que si bien los programas de subsidio a la contratación (y al salario) de jóvenes en el sector privado son parte del menú de políticas activas de empleo, y se utilizan en muchas partes del mundo, “varias evaluaciones realizadas en otros países muestran efectos positivos pero más bien moderados de estos programas. En muchos casos es un efecto temporal que se disipa cuando termina el subsidio”.

Para este economista, en la aplicación de los mismos se debe cuidar que no tengan lo que se llama ‘efectos de peso muerto’, es decir, “no subsidiar a las empresas por empleos que crearían de cualquier forma”, y se deben evaluar los efectos de sustitución o desplazamiento: “La empresa simplemente podría sustituir trabajadores subsidiados por no subsidiados y el efecto neto sobre el empleo podría ser nulo. También hay potenciales efectos de estigmatización: al focalizar, de alguna forma etiquetan a los participantes como ‘jóvenes problemáticos de baja productividad’. A futuro una empresa puede tomar esa etiqueta como una señal negativa en el historial de esos jóvenes. Son todos temas que hay que considerar cuando se evalúan estos programas, particularmente cuando seguimos haciendo transferencias a las empresas en el marco de una situación fiscal delicada”.

Por eso a Burdín le llama la atención que se sigan extendiendo estos mecanismos de subsidio sin evaluación. “Por ejemplo, no conozco evaluaciones de la ley de empleo juvenil que otorga este tipo de subsidios. Y la evaluación es clave en esta área porque cuando mirás las evaluaciones internacionales, no hay programas que funcionen bien en todos lados. Los efectos dependen de aspectos de diseño fino y del contexto. Hay que estar preparado para montar, desmontar o rediseñar intervenciones con bastante agilidad para no seguir haciendo cosas que no funcionan”.

Represora contumaz

En el caso del convenio con McDonald’s hubo varias cosas que hicieron ruido. Rechinó la jugada publicitaria de promocionar el acuerdo con la presencia del presidente y el ministro de Trabajo en todos los informativos; que se haya realizado con la empresa paradigmática de la comida chatarra en medio de las preocupaciones por la epidemia de obesidad que afecta al mundo, y valorando las aspiraciones higienistas del actual mandatario. También extrañó a varios el hecho de que se justifique el subsidio para emplear jóvenes a una empresa que, por su modalidad y posicionamiento, trabaja fundamentalmente con jóvenes, es decir, igual los tendría que contratar (aquí aplica el efecto de peso muerto que mencionaba Burdín). Y sobre todo, generó molestia en el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (Sughu) por el historial antisindical de McDonald’s en el país, y porque desde el Poder Ejecutivo “se acordó de espaldas a los trabajadores”, como valoró la secretaria general del gremio, Fernanda Aguirre.

Sobre el tema de que McDonald’s igual emplearía a los jóvenes sin que existiera el subsidio, el director nacional de Empleo dijo que “es posible”, y aclaró: “Si mañana surge en un sector que hay un conflicto porque hay diez despidos, nosotros no habilitamos diez jóvenes para cubrir esos puestos. Pero buscamos empresas que puedan darles oportunidades de esta primera experiencia a jóvenes en situación de vulnerabilidad, y que se aumente la cantidad de puestos de trabajo. Darle una chance a personas que por la vía normal no están accediendo al mercado de trabajo”.

Bai también cree que es un punto a tener en cuenta: “Es una lectura posible. Es como con la ley de inversiones, hay que preguntarse cuánto de la inversión que estimulé sacrificando una enorme cantidad de recursos fiscales, se hubiera desarrollado de todas formas. Pero más allá de este caso puntual, la idea de la ley de generar incentivos para una inserción dinámica en un trabajo decente de los jóvenes, es un gasto fiscal que se justifica y tiene réditos sociales muy importantes”.

Aguirre dijo a este semanario que: “Obviamente no es el tipo de empresas con la que nos gustaría hacer acuerdos. Y no nos parece una buena práctica que se haga este tipo de acuerdos de espalda a los trabajadores. Claro que entendemos que hay que promover el empleo juvenil, que hay que dar oportunidades a los más vulnerables, pero cuando se va a hacer una apuesta tan grande, donde hasta el 80 por ciento del salario que le pagará la empresa a un trabajador de 20 años, lo vamos a pagar entre todos, tendrían que ser evaluadas muchas cosas. Nosotros podíamos haber aportado información concreta sobre la precarización del trabajo que existe en esa empresa”.

Consultado sobre este último aspecto, Pereira explicó que “generamos en estos años una plataforma informática que nos permite saber a qué tipo de empresas estamos derivando a los jóvenes. Saber que no los estamos derivando a una empresa que tiene denuncias de acoso sexual, o que tiene incumplimientos con el sector público, o que está en conflicto con sus trabajadores. Cruzamos información de Bps, de la Dinatra y de la Inspección del Trabajo, lo que nos permite hacer una trazabilidad de la empresa y nos permite garantizar que la empresa cumple con los requisitos. Hemos rechazado propuestas de empresas que tenían historial de despidos”.

Según el gremio, esta empresa no calificaría para firmar ningún acuerdo de este tipo: “Lo que nosotros tenemos para decir es que la empresa McDonald’s no tiene condiciones tan dignas como las que expresa el ministro (Murro). No hay convenio colectivo, porque se negaron a las reivindicaciones de la ronda pasada. El Poder Ejecutivo votó junto a las patronales en esa ronda, definiendo para el sector ajustes salariales de sector medio, cuando es un sector claramente próspero. La empresa tiene sueldos de 16.521 pesos y contrata siempre trabajadores jóvenes. Si tenés 25 años ya te consideran “viejo”, o sea que no se va a modificar la franja etaria de sus contrataciones por este acuerdo. Siempre contrataron jóvenes. Y nosotros le pedimos al Ejecutivo que esta ley no aplicara para las empresas que no firmaron el convenio colectivo. Pero evidentemente nuestra opinión no fue tenida en cuenta”.

Aguirre, que fue acusada por distintas gerencias de la empresa de ser “una agitadora”, dijo a Brecha que McDonald’s “tiene prácticas de hostigamiento, de acoso moral, de maltrato… es una empresa represora contumaz. En las escasas ocasiones donde nos pudimos armar una base, han tratado todo el tiempo de impedir el desarrollo de la organización de los trabajadores. Es su historia en nuestro país. Los compañeros no pueden llevarse los alimentos y tienen que comer lo que les dan. Tienen en la carta comida saludable, pero no es la que le dan a los empleados. Una de las pocas veces que pudimos tener una base sindical ahí, las seis compañeras que la integraban tenían el colesterol alto. Tuvimos que tener un conflicto para que no los obligaran a comer sólo hamburguesas. Todo esto lo podíamos haber aportado y ayudar a inhibir que estas prácticas continuaran, pero no se nos consultó. Escuchar sólo la campana del sector empresarial es un error en el que permanentemente incurre el Poder Ejecutivo”.

Nota

1) Las cifras manejadas corresponden a los microdatos de 2016.