Venezuela o el país de los últimos días

Margarita López  Maya *

Revista Ñ, 24-3-2018 https://www.clarin.com/

Para fines de febrero de 2018, la situación en Venezuela no podía ser peor. Analistas, académicos, observadores y agencias internacionales, gobiernos de la región, actores sociales y políticos diversos y de distintas ideologías, salvo las excepciones representadas por una porción de la izquierda procubana, ya reconocían que estaban instaladas todas las piezas que hacen de Venezuela un país sumido en una catástrofe sin precedentes y a la cual no parece encontrársele salida. Muchos consideraban, adicionalmente, que la concurrencia de esta situación crítica en todo ámbito de la vida en sociedad tenía pocos antecedentes, al menos en América Latina.

Venezuela está a las puertas de unas elecciones presidenciales pedidas con premura y anticipadamente por una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) elegida fraudulentamente en julio de 2017 contraviniendo los principios más elementales de un régimen democrático.

El desastre económico tiene años a la vista: inflación creciente, retroceso sostenido del PIB, caída de las reservas internacionales, un sistema de tasas de cambio carente de toda racionalidad económica. Los indicadores macroeconómicos llevan al menos cinco años en regresión. Lo nuevo es la hiperinflación, habiendo cerrado el año 2017 con un 2.600%, lo que pronostica para este año –de seguir las mismas políticas del equipo de Maduro– la inflación estará en una cifra sobre los seis dígitos (encima de 100.000%).

A la disminución de los precios del petróleo se suma también una destrucción de la empresa estatal petrolera PDVSA. En los últimos meses decrece de manera cada vez más rápida su producción, agobiada por una nómina poco profesional, que se ha triplicado en la era chavista, así como por onerosos desvíos de recursos para satisfacer criterios paternalistas, clientelares y escandalosas corruptelas. Según la OPEP, al cierre de 2017 la producción venezolana cayó a un millón seiscientos mil barriles diarios, siendo que en agosto aún producía dos millones cien mil barriles diarios. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, Venezuela producía por encima de los tres millones quinientos mil. Así, aunque en 2018 el precio se recuperó, no surte el efecto de otros tiempos, la producción sigue disminuyendo.

El colapso económico precipita el social, que en 2017 mutó a crisis humanitaria declarada así por la Asamblea Nacional (AN), pero no reconocida por el Ejecutivo. La pobreza en 2017, a falta de estadísticas oficiales, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI), desarrollada por tres universidades venezolanas, afecta a más del 87% de las familias, la miseria al 61% (ENCOVI, 2018). La desigualdad se ha ensanchado y se vive como herida punzante. Vemos niños, adolescentes, mujeres, viejos, hombres escarbando en la basura, mientras unos pocos, que poseen divisas, bien de manera legítima, o porque son altos funcionarios del gobierno y/o militares del régimen, gozan de la vida en medio de abundancias que obtienen a precios risibles cuando se calculan a dólar paralelo.

Junto a la hiperinflación, está el desquiciante sistema cambiario, establecido desde 2003, que cambia las regulaciones constantemente y con criterios crecientes para controlar toda actividad económica. En enero de 2018 el gobierno eliminó la tasaDipro, que vendía la mayoría de las divisas que controla el Estado –el casi único receptor de divisas en el país– a 10 bolívares por dólar. Sometió a subasta la otra tasa oficialDicom, que cotizó en febrero el dólar a 35.280 bolívares. Por esa fecha la tasa de cambio del dólar en el mercado negro superaba los 200.000, haciendo del negocio de comprar dólares uno de los más lucrativos para quienes por sus relaciones con la cúpula militar y civil gobernante pueden acceder al dólar oficial y venderlo en el mercado negro.

Niños y adolescentes abandonan las escuelas por carecer de un mínimo de condiciones para estudiar, empezando por la comida. De acuerdo con Cáritas de Venezuela en 2017 se duplicaron los niños desnutridos respecto del año anterior. En 2016 se ubicaba la carestía de alimentos básicos por encima del 70%; la escasez de medicinas se sitúa sobre el 80%, y a diario las redes sociales, que permanecen fieles al derecho a informar, dan cuenta de la crisis del sector de la salud pública al registrar las continuas muertes por falta de nutrientes para recién nacidos en hospitales, o por ausencia de tratamientos para recién paridas, medicinas y equipos para enfermos crónicos, y otros con distintas vulnerabilidades en salud.

Ciudades en rojo

Esta situación se ahonda por el indetenible crecimiento de la violencia. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, la tasa de homicidios bordea los 90 x 100.000 habitantes desde 2015 y Caracas se ha convertido en la capital más violenta del planeta. No ha disminuido la violencia y se ha acrecentado la violación a los derechos humanos, particularmente de los más pobres. Se realizan operativos con cuerpos de seguridad civiles y militares, ejecutados de madrugada en barrios populares. Entre julio de 2014, cuando se inauguró, y febrero de 2015, las cifras oficiales daban cuenta de 245 víctimas y 2.310 detenidos. Provea, por su parte, contabilizó más de 700 víctimas a inicios de 2016. Las autoridades alegan supuestos enfrentamientos con malandros y delincuentes. Coinciden también los familiares en denunciar que cierran las calles y entran a las casas sin órdenes judiciales y encapuchados, y que torturan, roban y cometen todo tipo de abusos.

Adicionalmente, la combinación de la destrucción de los mecanismos de mercado con la falta de contrapesos institucionales sobre los poderes públicos, funcionarios y fuerzas armadas, dejó expuesto al Estado para ser penetrado por todo tipo de negocios ilícitos. Entre los muchos casos que resaltan está el de los sobrinos de Maduro y su esposa, Cilia Flores, apresados en un operativo encubierto en Haití en 2015, mientras negociaban la introducción de 800 kg de cocaína a EE.UU. Fueron juzgados en un tribunal de Nueva York y sentenciados a 17 años de cárcel.

Además de droga, otros negocios prósperos se vinculan al sistema de control de cambios múltiples, ya mencionado. El control de precios y subsidios incentiva el contrabando de alimentos básicos, medicinas, electrodomésticos, gasolina, etc., que ocurre en las fronteras. Así también la adjudicación directa de obras públicas y las corruptelas denunciadas a nivel internacional sobre negocios realizados con contratistas nacionales e internacionales en la petrolera PDVSA, como el caso de la brasileña Odrebrecht. La tragedia donde mejor se resume la situación es en los miles de venezolanos que a diario huyen para enfrentarse al mundo ancho y ajeno como refugiados de una nación destruida. Ellos vienen creando todo tipo de problemas a los países vecinos, al hacer colapsar servicios públicos, tratar de conseguir empleos, alimentos, vivienda. Venezuela, en definitiva, cayó en el abismo.

La catástrofe venezolana es el producto, tanto de estrategias planificadas por una elite de vocación totalitaria y fanatizada, no dispuesta a superar los problemas estructurales de la economía venezolana, como por su ignorancia supina para gobernar. Para esta elite la lealtad a la autoridad y el fanatismo doctrinario son principios rectores en la conducción de la gestión pública. Sus políticas de control social son denigrantes para un país que vivió la modernización. El Carnet de la Patria y las cajas CLAP (Comités Locales Para el Abastecimiento y la Producción), últimos programas sociales del gobierno para distribuir bienes básicos a precios regulados a cambio de lealtad política explícita, ilustran su búsqueda de subordinar a la población, manipulándola desde sus necesidades más básicas: comida, salud, ingreso. Es un escenario catastrófico que no puede revertirse sin un cambio político que suponga la caída, no sólo del jefe del Estado y su entorno cercano, sino también de una sustantiva modificación de las fuerzas que hoy conforman el bloque de dominación: una cúpula militar y civil unida por delirios seudo revolucionarios, miedos e intereses particulares, muchos de los cuales consisten en negocios criminales e ilícitos.

Un contexto político difícil

El escenario socioeconómico enmarca y condiciona la crisis política. Maduro entra al último año de su gobierno habiendo sobrevivido políticamente, pese a la mayoría de los pronósticos. Esta sobrevivencia ha sido a costa de destruir la institucionalidad democrática del país, implantando mecanismos políticos, instituciones e instrumentos legales para consolidar un régimen autoritario de rasgos totalitarios, afín al modelo cubano, que lo asesora y es su aliado. No obstante, y aunque la asesoría de Cuba es permanente, la situación venezolana no es idéntica a la de la isla. Maduro pareciera carecer de recursos económicos y apoyos políticos suficientes para estabilizarse. La incapacidad, hasta ahora, de socavar sus bases de apoyo por parte de actores democráticos configura en lo inmediato, empero, un panorama de alta incertidumbre.

Es también constatable que la resistencia ciudadana, de la sociedad civil y de actores políticos opositores continúa con altas y bajas. En los últimos tres años se han producido reflujos en las protestas, fracasos de la oposición en la mesa de negociación, flaquezas de dirigentes opositores, errores de cálculo en los procesos electorales… Pero se mantiene encendida la llama de la contestación, la exigencia del cambio político democrático para salir de la tragedia. Los actores opositores siguen ensayando nuevas estrategias, distintas acciones. La gente se desencanta, pero vuelve a activarse. La firmeza de esta resistencia hace difícil entender cómo sobrevive un gobierno tan impopular y cruel, que está cada vez más aislado. Añádase la creciente preocupación de la comunidad internacional, que emite comunicados, presiones y sanciones, como los de los gobiernos de EE.UU., Canadá, el Grupo de Lima y la Unión Europea. Pero estas variables tampoco resultan suficientes para imaginar que Maduro negocie su salida en lo inmediato. En 2018, la mesa de negociación entre el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se reactivó con los auspicios del presidente de República Dominicana. Pero, como era esperable, la renuencia del gobierno de Maduro de conceder condiciones electorales razonablemente justas para las elecciones presidenciales entorpeció la posibilidad de arribar a un acuerdo. En los intercambios se presentaron tres documentos propositivos: uno por los cancilleres facilitadores, incluyendo los que representaban intereses del gobierno, rechazado por los delegados gubernamentales; otro del gobierno, rechazado por los delegados de la MUD y un tercero de la MUD, que los delegados gubernamentales ni siquiera consideraron. Mientras la negociación discurría, el 23 de enero, día que se conmemora en Venezuela la caída de la dictadura de Pérez Jiménez (1958), en la ANC, el vicepresidente del PSUV y hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, en una provocación, pidió aprobar el adelanto de las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de 2018.

La propuesta, sorpresiva e inconstitucional, fue aprobada y alteró las condiciones del proceso de negociación, provocando el retiro de los delegados de la MUD. Fiel a su objetivo de dividir a las fuerzas opositoras, esta jugada produjo tensión entre partidos y dirigentes opositores. Avanzada Progresista (AP), un partido pequeño, resentido por considerar que los otros partidos más grandes no tomaban en cuenta el liderazgo de su dirigente Henri Falcón, mostró su desacuerdo con las posiciones tomadas por la MUD en República Dominicana y se apartó de la estrategia unitaria, aceptando conversar por su cuenta con el oficialismo. Poco después, AP, MAS y una fracción de COPEI, firmaron un acuerdo con este para aceptar condiciones electorales similares a las presentadas en el documento del gobierno en República Dominicana, que la MUD había rechazado.

Las elites militares y civiles que rodean a Maduro disfrutan de un estatus de privilegios, prebendas e impunidad, que les ha permitido enriquecerse considerablemente en estos años. Muchos de ellos, además, habiéndose involucrado en negocios ilícitos, cuando no criminales, se mantienen leal al régimen, temerosos de que la salida de Maduro pudiera poner en riesgo sus fortunas, o los expondría a juicios en instancias nacionales o internacionales. En los cuadros medios y bajos cunde el temor a represalias crueles y/o la necesidad de ese empleo, una situación económicamente precaria que comparten con la inmensa mayoría de la población.

El desencanto de la ciudadanía opositora por el desempeño de los actores políticos en estos años, bien por la falta de resultados de sus acciones, por las permanentes campañas de desprestigio a sus dirigentes desde el aparato mediático del gobierno, o por la recurrencia de comportamientos erráticos y/o mezquinos de parte de ellos, es ahora un componente a tomar muy en cuenta en la búsqueda de una estrategia global de acción política. También está el factor agotamiento o miedo de la ciudadanía, que por años se ha movilizado, sufriendo una creciente represión. Está además el control social que viene ejerciendo el gobierno sobre la población mediante mecanismos de distribución de bienes, especialmente comida, a través de los CLAP y el Carnet de la Patria. Todo esto dibuja un panorama nada alentador para los actores democráticos en las presidenciales del 20 de mayo.

El reto hoy de quienes resisten la embestida dictatorial es alcanzar visiones amplias, para trascender el hecho electoral, buscando la participación en múltiples espacios públicos e institucionales. Las elecciones sin garantías no pueden ser asumidas como si fueran legítimas, o como si fueran ganables; son apenas un pretexto, podrían ser un recurso táctico para seguir exponiendo a Maduro al escarnio nacional e internacional, desnudando la naturaleza tiránica de su ejercicio del poder, su crueldad e incapacidad.

Son los próximos meses de urgente articulación de actores nacionales entre sí, partidos, ONG, organizaciones sociales y comunitarias. En tiempos de dictadura la creatividad de todos se hace más necesaria que nunca, es preciso producir acciones simbólicas, que refuercen la moral de quienes apoyan y alimentan el movimiento nacional por la democracia, acciones que eduquen en valores ciudadanos, que contrasten y denuncien la ilegitimidad de las autoridades que hoy gobiernan Venezuela. Aunque a lo interno el poder continúa su marcha hacia la consolidación de un régimen autoritario y totalitario, no pareciera tenerla fácil. Mucho descontento entre sus cuadros militares y civiles de niveles medios y bajos insinúa que el bloque de dominación viene fisurándose. Abona la evidencia de que no pueden, quieren o saben resolver la catástrofe económica y social que engendraron. Son más vulnerables de lo que parecen. Es importante entonces comprender la realidad actual y las posibilidades de acción en ella, sin fantasías. Ser creativos y llamativos en la resistencia y confrontación no violenta. El sacrificio lo merece, por el país que queremos y merecemos ser.

* Margarita López Maya es historiadora, investigadora y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela.