La respuesta social y política ante el caso de Christian “Kiki” Pastorino

Al grito

Desde el pasado domingo (18 de febrero) el rostro de Christian Damián Pastorino Pimentel, alias el “Kiki” (21 años), no paró de circular en todas las pantallas, en todos los papeles. Un día antes se lo reconoció como asesino de la cajera Florencia Cabrera (26 años, madre de un niño de 7 años) en la rapiña del Super Vero, dos meses antes (diciembre 2017) había matado a su pareja Alison Pachón (20 años, madre de dos niños, uno de 3 años y otro de 6 meses) La repercusión social fue diferente en cada caso, también el accionar policial. ¿Qué diferencias hay entre un caso y el otro? ¿Qué es lo que dispara el reclamo de rejas, odio y condena social? ¿Qué representa el Kiki para la sociedad? ¿Desde qué lugar se desarrolla el populismo punitivista?

Mariana Cianelli

Brecha, 23-2-2018 https://brecha.com.uy/

“Teníamos todas las pruebas recolectadas, era el primer femicidio luego de aprobada la ley, sólo faltaba dar con su paradero”, explicó a Brecha la fiscal de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género Diana Salvo, refiriéndose al asesinato de Alison Pachón en diciembre del año pasado. Se hicieron más de cuatro allanamientos en distintas casas, pero no se lo localizó. El viernes pasado Salvo le había expresado su preocupación a la Fiscalía de Corte por los magros avances en el caso. A la fiscal no la “conformaban las explicaciones” que brindaba la Policía, porque en todas las oportunidades había un 90 por ciento de probabilidades de que Pastorino estuviera en los lugares donde se hacían los allanamientos. “Lo contradictorio –explicó– es que buscábamos un solo sujeto que aparentemente no tenía el andamiaje de una asociación para delinquir detrás”, y sin embargo parecía ser “más fácil desbaratar” redes delictivas que dar con él.

El ritmo del accionar policial se hizo febril luego de que el asesinato de Florencia Cabrera trascendiera. En las redes sociales comenzaron a fermentar discursos de mano dura y odio. El video de la rapiña comenzó a viralizarse, el morbo también. La familia de Florencia pidió públicamente que se dejara de compartir las imágenes. El caso fue tomado por todos los medios de comunicación y el Ministerio del Interior decidió reaccionar con una respuesta acorde al estado de alarma pública. En tres días la Policía encontró a Pastorino en el barrio El Monarca, y el muchacho, al oír llegar a los agentes, se disparó en la cabeza.

Aunque no son los actores consultados en las primeras horas, los cientistas sociales procuran aportar una dosis de calma y reflexión. La socióloga Nilia Viscardi hace énfasis en que casi siempre los delitos que más repercusiones generan son “aquellos cometidos por los pobres”, porque “los delitos de cuello blanco, la corrupción, el tráfico de influencias, el lavado de activos, la explotación sexual, son silenciados y tolerados”.

Por su lado, la abogada Valeria España suscribe que, al pasar por el tamiz la respuesta del Estado en un caso y en otro, ha existido “una omisión en el esclarecimiento del femicidio”, y que si se hubieran tomado todas las “medidas de la búsqueda y persecución” se podrían haber prevenido los crímenes contra los trabajadores del supermercado. La falta de celeridad en el caso del femicidio responde, de alguna manera, a que la conducta violenta contra las mujeres todavía no es un tema central en las políticas de seguridad pública. En el libro La violencia contra las mujeres en la agenda pública, publicado en 2015,(1) las autoras argumentan que en los ejes planteados en la “Estrategia por la vida y la convivencia”, de 2012, la violencia doméstica aparece nombrada colateralmente. Allí se puede ver que “el retraimiento del Estado en su abordaje contribuye a la reproducción de las condiciones para que (la violencia) se perpetúe: al tiempo que no se afronta de manera eficaz y no se avanza en su erradicación, se emite una señal hacia la ciudadanía de que violentar a las mujeres no es algo tan grave”.

Según la senadora Daisy Tourné (Partido Socialista), se ha “avanzado muchísimo” desde ese momento hasta ahora, aunque es una realidad que “todavía no están las herramientas muy afinadas en el tema de las investigaciones de los femicidios”. Admite que “los niveles de presión hacen a la cosa; había una especie de exigencia (con el caso del Kiki), pero además veníamos de aplausos y gloria por el operativo de la joyería del Conrad, y de repente salió esto que hundió en el lodo la actuación policial”. Fernando Gil, director de Comunicación del Ministerio del Interior (MI), analiza las cosas de modo diferente: no existió diferencia entre el primer caso y el segundo, la Policía actuó de la misma forma. Tampoco le parece que haya habido mayores esfuerzos en el segundo caso, sólo los que se necesitaban para la situación: la Dirección de Información Táctica, el Grupo de Reserva Táctica, la Guardia Republicana, la coordinación entre la zona 2 y la 4, la participación de la unidad aérea de la Policía nacional con sus drones y helicópteros. En definitiva, unas 60 personas. El despliegue, dice, está dado por la “peligrosidad del delincuente”.

Pero algún margen de duda debe existir. Según informó El Observador el pasado miércoles, el director nacional de Policía, Mario Layera, ordenó una investigación interna para analizar si existieron “omisiones en el operativo de búsqueda” de Pastorino, dado que, según indica la fiscal, la Policía no actuó con la celeridad que correspondía.

Recetas conocidas

No es la primera vez, ni parece que vaya a ser la última, en que los políticos –fundamentalmente de la oposición– proponen mayores penas, mano dura, y depositan en la cara del victimario todos los problemas de la seguridad pública. La elite política, dice Viscardi, se anticipa a las “inquietudes de seguridad de las poblaciones”, y junto a la crónica roja comienzan a colaborar en la formación de un caldo de cultivo recargado de sentimientos de inseguridad.

La capitalización de la violencia para obtener réditos electorales ha quedado en evidencia en un discurso político partidario simplista y punitivista, que está a la orden en cuanto se producen algunos crímenes que crispan la epidermis social. Los constantes vaivenes del dirigente nacionalista Jorge Larrañaga (Partido Nacional) sobre la seguridad pública son un claro ejemplo de este punto. Mientras en un primer momento acompañó el movimiento por el No a la Baja, distanciándose del herrerismo, desde hace un tiempo viene reclamando medidas de mano dura. Luego del caso del Kiki se manifestó a favor de que los militares intervengan en la seguridad pública (algo que ya está vigente en Rio de Janeiro): “Soy partidario de utilizar militares ayudando a los policías, de aumentar penas, de hacer que se cumplan efectivamente y no sean perforadas por beneficios liberatorios. Estamos sitiados por los delincuentes. El gobierno debe reaccionar. Hace años que lo venimos sosteniendo”, expresó en Twitter. Luego siguió proponiendo ideas para hincarle el diente a la “emergencia de seguridad” que tiene el país, como la cadena perpetua (e incluso ya elevó un proyecto al Parlamento). Algunos voceros militares se expresaron en diálogo anónimo con Búsqueda este jueves, y se mostraron afines a “colaborar en la seguridad pública” si se cumplen tres condiciones: “un marco jurídico adecuado, que la participación del Ejército se realice con los medios materiales propios, y que además no sea a la orden del Ministerio del Interior”.

Aunque dubitativo, y luego de haber sido interrogado tres veces sobre qué opinaba de la propuesta de su correligionario, Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) dijo: “No la comparto”. Su argumento, informó La Diaria el 20 de febrero, es que ya hay una policía que tiene una parte “casi militarizada”, que la ha “visitado” y ha visto que “tiene herramientas muy buenas para ponerlas en práctica. Donde ha estado, ha cumplido, pero no desestimemos la acción del policía común”. Sobre la última hora del miércoles el precandidato prefería compartir instantáneas de la sequía en Tacuarembó.

A contrapelo del populismo punitivo que propone la oposición, desde Fuecys (el sindicato de los trabajadores del comercio) plantearon que las armas no son la solución. La dirigente Abigail Puig explicó a Brecha que el caso del disparo a José Enrique Sánchez, un ciudadano venezolano que se encontraba trabajando como guardia de seguridad en Super Vero, pone en evidencia que los guardias son las primeras personas “expuestas a que las lastimen”, y además muchas veces no se les da “ni la capacitación ni la formación” que requieren para la tarea. “Ahora, ¿cuál sería el deseo de Fuecys? Que no tuvieran que existir guardias armados. ¿Qué medidas alternativas existen para esta situación? Sabemos que nada se va a poder conseguir de un día para el otro, pero es imposible discutir estos temas desde un discurso de violencia y sin respeto”, manifestó.

Según Tourné, quienes ejercen la política, desde cualquier lugar, no pueden “echar nafta al incendio”, es como que “siempre quedamos con el discurso disociado, ante un homicidio que fue brutal, horrible, la solución parece venir sólo desde la represión, pero es importante entender que la violencia y el crimen tienen que ver con aspectos formativos, culturales, societarios, de vulnerabilidades y exclusiones, eso también es importante”.

Sin embargo el oficialismo también ha transitado por el camino del punitivismo. El sociólogo Luis Eduardo Morás dijo a La Diaria que éste es el principal “culpable del incremento de los homicidios”. “El Frente Amplio, del que se dice que tiene mano blanda con la delincuencia, asumió en 2005 con 7 mil presos y hoy hay 12 mil; somos el país del continente que tiene la mayor tasa carcelaria y, en vez de estar mejor, estamos peor. Eso es porque se generó una cultura carcelaria que se trasladó a los barrios y generó el fenómeno de los ajustes de cuentas”, explicó el investigador.

Valeria España entiende que para un gobierno de derecha la política de seguridad es fácilmente diagramable, pero para un gobierno de izquierda esto plantea mayores desafíos. Sin embargo, si se analiza la política de seguridad pensando en las cárceles que hay, en las medidas tomadas por el ministro del Interior, “vemos que claramente hay una continuidad” que viene desde hace 30 años. Viscardi agrega que la “extensión del dominio de la represión y el aumento del régimen punitivo atentan contra la democracia; esto impacta en la justicia, que se protege atendiendo a los cambios en las sensibilidades de los políticos. El odio fortalece el recrudecimiento de las tendencias punitivas, disminuye la solidaridad social, aumenta la miseria económica, la pobreza, la violencia y el encierro. Lo cual no quiere decir tampoco que los gobiernos de izquierda hayan saldado varios de los déficit que están en la raíz de la pobreza y la miseria”.

Nota  

1) Colibrí. Colección Artículo 2, 2015. Escrito por Carla Calce, Valeria España, María Goñi Mazzitelli, Natalia Magnone, Serrana Mesa , Flor de María Meza Tananta, Gabriela Pacci, Susana Rostagnol, Mariana Viera Cherro.

Con la socióloga Nilia Viscardi

“El espectáculo de la violencia”

Brecha, 23-2-2018 https://brecha.com.uy/

KIKI. “Su figura condensa todas las violencias. Esta muestra de odio hacia el otro es la devolución sangrienta de un aprendizaje. Si bien me oriento hacia los procesos sociales, a tan joven edad una sumatoria tan grave de violencias de todo tipo obviamente da cuenta de un entorno de donde aprendió esto. No estoy culpabilizando al padre ni a la madre, estoy diciendo que en la sociedad esto existe. Pastorino usa el cuerpo y usa la violencia física –la más visible y la más condenada– del que no tiene recursos económicos, sociales ni políticos. Con su suicidio Pastorino da cuenta del escaso valor que atribuye a la vida, se hace cargo de su violencia y su odio social, hacia las mujeres claramente, pero también de su desprecio por el trabajo, y la creencia en la obtención del dinero fácil, que es la peor venganza de algunos sectores sociales. A Pastorino sí lo responsabilizamos, sí ha violentado y sí merece una sanción penal, pero no inventó lo que hizo, otros lo hacen, y lo que habría que comprender es cómo hacemos para desarticular toda esta violencia. Hay que pensar en la historia de las violencias sufridas por los jóvenes delincuentes, que no nacen insensibles socialmente. A pesar de los hechos concretos, debemos seguir comprendiendo que Uruguay tiene una deuda en mejorar las condiciones sociales que aumentan la presencia de la violencia social y la criminalidad.”

Los delitos de los pobres

“En Uruguay tenemos una evolución de la sensibilidad frente a las ilegalidades y la violencia. Este fenómeno es cultural y apunta a la hipervisibilización de los delitos cometidos por los pobres. También es verdad que, como lado positivo, hay una mayor sensibilidad de la violencia contra las mujeres, el 8 de marzo de 2017 fue la mayor movilización colectiva del país. Pero hay una enorme indiferencia frente a los crímenes de cuello blanco. Con alguna excepción, como los Panama Papers, no tienen visibilidad, no están en ningún lado. En cambio los delitos de los pobres son filmados y tenés el espectáculo de la violencia. El fraude fiscal se sigue tolerando mejor que el robo, no estoy diciendo que matar para robar debe disculparse, digo que el fraude fiscal, la corrupción, generan tanta cantidad de delitos y de muertes como los otros, y no tenemos una sensibilidad sobre eso. Lo que nos ocurre como sociedad es que estamos siendo testigos de un distanciamiento y una desconfianza creciente en los lazos sociales, y de una diferenciación creciente de los juicios morales. Hay delincuentes que van a ser disculpados y hay delincuentes que no, con los segundos se llenan las cárceles, los otros difícilmente son tocados por el sistema penal.”

Populismo punitivo

“Hay para mí un doble proceso. Además de la intolerancia selectiva con determinados delitos, hay un populismo penal. Los procesos que se ven en Brasil y Argentina explican mucho. Las elites políticas refuerzan y anticipan las inquietudes de seguridad de las poblaciones. Ayudadas por la crónica roja, acompañan y exacerban estos medios y llegan a justificar el llamado de la intervención militar, que algunos representantes de nuestros sectores políticos han puesto nuevamente a la luz. Piensan encontrar –y los encuentran– beneficios electorales en la exposición obscena de situaciones para enardecer las opiniones de una sensibilidad pública. El populismo penal es creciente en Uruguay, y el caso de Florencia lo acentuó y lo mostró absolutamente en todas sus facetas y despliegues.”

Trabajo versus delincuencia

“Este caso pone en el centro de la escena una especie de oposición entre el trabajo y la delincuencia. Esta oposición, justamente, estructura la reflexión sobre la violencia y el delito en todas las sociedades contemporáneas, no sólo en Uruguay. La cuestión es que antes hubo un femicidio, una queja de la fiscal por las dificultades para darle captura a esta persona (véase nota central), y el argumento de que si hubiera estado presa se podría haber evitado el asesinato de Florencia. Efectivamente parece haber sido mucho menos importante el femicidio. Aquí la reapropiación discursiva de la muerte de una trabajadora pone al trabajo por encima del patriarcado, que pasa a un segundo plano. El aumento de la criminalidad y de la violencia, en un 30 o 40 por ciento, es un hecho sistemático de las últimas tres décadas. Pensarlo en cifras produce distancia, el problema es cuando la violencia, la ira, la muerte encarnan en un rostro y una persona. Ahí es justamente que se movilizan estos miedos e inseguridades. Está claro que la justicia tiene que ser más expeditiva, a esto aludía la fiscal, pero la justicia también está movida por la opinión pública que tiene un orden de preferencia en los delitos que considera más graves. El asunto acá es la protección del trabajo. En esa tensión entre mujer y trabajo, te diría que el capitalismo, muy asociado al patriarcado, estuvo por encima de la lucha feminista, y por eso la muerte de Alison (ex pareja de Pastorino) no fue esclarecida en su momento, cuando existían todos los elementos.”

Castigo (razonable) o barbarie

La opinión pública y la muerte de Florencia Cabrera

Aníbal Conti

Aunque el inicio del año ha sido particularmente violento, el hecho que sin dudas ha conmocionado de forma especial a la opinión pública es la muerte por la espalda de Florencia Cabrera, empleada de un supermercado del barrio La Blanqueada, durante un atraco en el que también resultó gravemente herido José Enrique Sánchez, el guardia de seguridad del lugar. El asesino, Christian Pastorino, se suicidó, como se sabe, días más tarde al verse rodeado por la policía.

Se ha dicho que no hay que hacer política con un suceso de estas características. Política menor o política partidaria, debe entenderse. Sin embargo, se trata de un hecho eminentemente político. Y mucho peor que someterlo a la política de baja estofa sería sustraerlo por completo del ámbito que le es natural, como si se tratara de una mera desgracia provocada por la ira de los elementos o alguna otra fuerza cósmica.

Porque Florencia Cabrera no volvió a su casa no porque el agua o la tierra la tragaran. No la mató una máquina o un árbol. No murió por la acción ciega, irreflexiva e implacable de la naturaleza o por azar, sino por la acción de los seres humanos. Y todo cuanto atañe a la acción de los seres humanos cuando no están en la intimidad de su hogar –y a veces también cuando están allí– es por definición un asunto político.

Se ha dicho que le ocurrió una desgracia, que no tuvo suerte. No tener suerte es que a uno le toque una enfermedad grave en la lotería genética. Sufrir una desgracia es que a uno lo parta un rayo. Hablar de su muerte como si hubiera sido una mera desgracia no solamente es equivocado desde un punto de vista conceptual, sino que también es inconveniente desde un punto de vista político, en el sentido más amplio de la palabra.

Porque si el asesino es tratado como una fuerza natural, como si fuera un cáncer, o una plaga de langostas, o un tornado, o un terremoto, entonces la solución al problema sería estrictamente técnica. Un cáncer se extirpa, una plaga se aniquila, un tornado o un terremoto, fenómenos difíciles de anticipar, pueden ser minimizados hasta cierto punto en sus efectos. Todos esos son asuntos técnicos, no políticos.

Es muy comprensible que haya reticencia a ver como un agente moral a un individuo que mató a sangre fría a una trabajadora cuando huía del lugar del atraco, que además intentó matar en el piso al agente de seguridad, que ya había sido reducido y por lo tanto no representaba una amenaza, que dos meses antes había matado a su pareja, que llevaba a su hijo de seis meses en brazos, de cuatro disparos en el comedor de su propia casa, y que se sospecha había matado a una tercera persona, además de otros delitos. No es insólito que muchos tengan reservas al respecto y que prefieran ver al responsable de estos actos más bien como algo parecido a una enfermedad tropical, un enjambre de insectos o una catástrofe natural: algo que, en definitiva, debe ser neutralizado o, por lo menos, mitigado en sus efectos deletéreos.

Esta perspectiva es bastante común en personas cuya sensibilidad política está más bien inclinada hacia la derecha. Pero ver al asesino de ese modo, para el caso, no es esencialmente distinto que verlo como una especie de autómata, alguien completamente condicionado por las circunstancias que rodearon su vida, una perspectiva con la que se sienten cómodas muchas personas cuya sensibilidad política está más bien inclinada hacia la izquierda.

En efecto, la idea de que una persona está condenada por las circunstancias sociales, culturales o económicas de su existencia a ser lo que es, equivale a considerarlo esencialmente como un dispositivo mecánico. Y lo que toca, también en este caso, es tratarlo como a una entidad movida por un impulso irreflexivo.

Uno no tiene que ser un determinista estricto, bien es cierto, para admitir que seguramente haya factores genéticos, sociales o culturales que afectan las conductas de los individuos. Pero el castigo penal opera en los intersticios: allí donde la conducta no está plenamente determinada por esos factores, porque, si todo lo determinaran, el castigo no tendría sentido: sería una pura venganza irracional; o peor: un completo absurdo. El castigo y la atribución de agencia moral son dos caras de una misma moneda. No se castiga a un animal violento –un perro desbocado, pongamos por caso–; se lo sacrifica. El castigo solamente tiene sentido cuando se aplica a agentes que reconocemos como esencialmente similares a nosotros en nuestras motivaciones y en nuestra capacidad reflexiva.

Esto, más o menos, es lo que Protágoras le dijo a Sócrates, según puede leerse en el diálogo platónico que lleva el nombre del primero de esos dos ilustres filósofos de la Antigüedad. Protágoras recorrió el mundo griego enseñando que la virtud puede ser adquirida, o sea, que las personas pueden ser moralmente reformadas, algo de lo que inicialmente Sócrates no estaba muy seguro. Protágoras le dice: “reflexionar, Sócrates, acerca del  valor que tiene castigar a los malhechores (…) te hará ver que los hombres creen que es posible adquirir la virtud. Porque nadie castiga a los malhechores con la atención puesta en el hecho de que (…) hayan delinquido, excepto quien ejerza irracionalmente la venganza, como una bestia. El que intenta castigar en forma racional aplica el castigo no a causa del crimen cometido, pues no conseguiría que lo que fue dejase de ser, sino con vistas al futuro. Para que no obren mal de nuevo ni éste mismo ni otros. (…) Y si lo hace con esta intención, es porque piensa que la virtud es enseñable”.

Es verdad que, en los hechos, prácticamente no aplicamos el castigo penal con la intención que señala Protágoras. A veces lo que pasa por castigo penal es simplemente una venganza institucionalizada, una forma más o menos aséptica de revancha. Otras veces es sólo una solución técnica, un mecanismo para neutralizar o incapacitar al delincuente, análogo a la respuesta que puede suscitar la aparición en un organismo de un tumor canceroso. También funciona en los hechos –o así se pretende, al menos– como un mecanismo para infundir el miedo en los potenciales delincuentes, como un instrumento de disuasión.

Sin embargo, Protágoras no parece estar del todo equivocado. Ninguna de esas tres cosas parece constituir propiamente un castigo: ni la venganza, ni la incapacitación, ni la disuasión. Parece razonable suponer que el castigo propiamente dicho sólo puede estar motivado en el ideal de reforma moral. Esto es consistente con una cosa que de hecho hacemos: distinguir entre el castigo de aquellos que son declarados imputables –y por lo tanto, podríamos decir, moralmente reformables– y el tratamiento diferente que reciben aquellos declarados inimputables –y por lo tanto, podríamos decir, no reformables–.

La génesis del delito es un fenómeno complejo que estamos muy lejos de entender. Si alguien le dice que sabe por qué ocurren los delitos, no le crea: muy probablemente no sepa de lo que habla. En cualquier caso, el motivo por el que debe existir el castigo penal, al menos en el sentido de Protágoras, no es para combatir el delito, sino para que no exista impunidad. Mediante el castigo se le comunica al delincuente el repudio que la comunidad siente por sus actos. Aquí es donde, quizás, quede más claro por qué el asunto del castigo es un asunto político. Lo que trasmite o debería trasmitir el castigo es lo que queremos ser –lo que aspiramos a ser–, no necesariamente lo que somos. Aspiramos a que las mujeres no sean asesinadas de cuatro disparos en el comedor de sus casas, ni de ninguna otra manera ni en ninguna otra parte. Y así por delante.

Por ello el castigo tampoco puede ser brutal, como desgraciadamente suele ser el caso. Porque, si a través del castigo pretendemos comunicar una censura moral e iniciar algún tipo de diálogo con el delincuente, no puede tomar la forma de una mera venganza canalizada institucionalmente, a riesgo de que el mensaje no sólo no se entienda sino que resulte negado a través del propio acto que intenta afirmarlo.

O elegimos profundizar el modelo de exclusión penitenciaria, buscando incapacitar por períodos más largos, lo que supondría construir unas cuantas cárceles más de las existentes, porque con las actuales no va a ser suficiente, o quizá podría considerarse la posibilidad de cambiar de modelo. Se podría empezar a probar, tentativamente, otras modalidades de castigo (prisión en suspenso, trabajos comunitarios, etcétera) con los criminales menos peligrosos. En cualquier caso, a los más peligrosos sería deseable que la policía los atrapara antes de que se convirtieran en asesinos múltiples, porque si no va a ser muy difícil convencer a la gente de que, no ya el socialismo ni nada de eso, sino la mera convivencia pacífica es preferible a la barbarie.