Desde que asumió su nuevo presidente, Ecuador se ha convertido en el campo de una batalla política e ideológica que supera sus fronteras. En América Latina, y hasta en Europa, ha surgido un debate sobre la orientación política y las intenciones del sucesor de Rafael Correa, Lenín Moreno. Para el ex mandatario, su otrora correligionario no es otra cosa que un “traidor”, y la consulta popular del próximo domingo, convocada por Moreno para que los ecuatorianos decidan si aprueban o no la reelección presidencial indefinida –con la que Correa espera volver a la presidencia en 2021–, nada menos que un golpe de Estado. El referéndum del 4 de febrero marcará el fin de un ciclo político en Ecuador.

Decio Machado, desde Quito

Brecha, 2-1-2018 https://brecha.com.uy/

El correísmo fue la expresión política de la transformación emprendida por el capitalismo ecuatoriano tras la crisis financiera que vivió el país en los años 1999 y 2000. Tras el drama ocasionado por el colapso bancario y el posterior “salvataje bancario” a costa de la sociedad ecuatoriana, el modelo económico nacional ha ido pasando por un momento de modernización que tuvo su cúspide con la llegada de Rafael Correa al palacio presidencial de Carondelet. Así, un sector del capital nacional –transversalizado por los capitales regionales– pasó a entender que sus posibilidades de negocio serían propiciadas por un mayor nivel de consumo interno a través de la incorporación de sectores populares al mercado mediante procesos de endeudamiento familiar e integración al circuito financiero.

De este modo se produjo un nuevo modelo de capital financiero, que integró entre sus clientes objetivos y potenciales a los sectores populares, lo cual, sumado al efecto de las remesas y al excedente petrolero, transformó las redes de comercialización de productos importados, con el fin de atender la emergente demanda de estos sectores.

Superar la inestabilidad política que había caracterizado hasta entonces la historia del país significó repartir más –mediante subsidios y cierto incremento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores– en momentos de bonanza económica, buscando con ello garantizar las condiciones de acumulación a largo plazo para los sectores del capital emergente. Sin embargo, lo anterior no conllevó la más mínima transformación de carácter estructural, respetándose el modelo de acumulación heredado del neoliberalismo, lo que permitió que los grupos que históricamente siempre habían ganado nunca estuvieran mejor, pese a determinadas mejoras coyunturales para los sectores olvidados (incremento del bono a la pobreza para los más humildes, afiliación a la seguridad social para las trabajadoras domésticas, políticas de incentivos para la incorporación de sectores discapacitados al mercado laboral, o la eliminación de la tercerización en determinados sectores laborales, entre otras). A esto el aparato de propaganda estatal creado por el correísmo –desorbitante para el tamaño real del país y reforzado por la incautación de algunos canales de televisión que funcionaron estratégicamente alineados a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República– llamó en el ámbito de lo económico “el milagro ecuatoriano”, y en el plano de lo político “la revolución ciudadana”.

Tensar la cuerda

Pero mientras los sectores empresariales y el sistema financiero privado ecuatoriano se vieron fuertemente beneficiados por el nuevo dinamismo inyectado a la economía nacional mediante la acción del Estado, el estilo de mando correísta generó altos niveles de confrontación con todos aquellos que no estuvieran políticamente alineados. Tanto con los sectores políticos más ideológicamente reaccionarios como con los movimientos sociales y organizaciones populares no clientelares, el correísmo tensó los niveles de conflicto hasta extremos de persecución política, procediendo a criminalizar la protesta social y enjuiciar a múltiples líderes indígenas y populares por sabotaje y terrorismo.

El dominio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –conocido como el quinto poder establecido en la Constitución de 2008– que el oficialismo consiguió mediante la mayoría absoluta que mantuvo por largo tiempo en el Legislativo, le permitió al régimen ocupar con figuras afines los cargos vinculados a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral o el Consejo de la Judicatura, entre otros órganos que teóricamente deberían haber gozado de autonomía con respecto al Poder Ejecutivo.

El modelo político y económico funcionó y hasta gozó de apoyo popular mientras duró la era de precios altos del petróleo en los mercados globales, que permitieron generar notables excedentes provenientes de la exportación del crudo nacional. En pocas palabras, la sociedad ecuatoriana fue permisiva con el abuso de poder mientras la situación económica permitió el acceso de los sectores históricamente marginados al sistema de consumo.

Punto de inflexión

Las elecciones seccionales de 2014, que tuvieron lugar un año después de que Rafael Correa barriese a sus rivales en las presidenciales, marcaron el comienzo del deterioro correísta. Aunque su partido, Alianza Pais, se mantuvo como primera fuerza política nacional, fue notoria la derrota correísta ante partidos de oposición en las alcaldías de las principales ciudades del país.

Esta realidad se explicaba en parte por el impacto que comenzó a sentirse en la economía nacional tras la caída de los precios del crudo, y por la incapacidad del gobierno nacional para plantear salidas soberanas a la cada vez mayor dependencia de los mercados de commodities (materias primas). Al respecto, basta considerar que en 2006 las exportaciones de bienes procesados no petroleros eran escasamente el 4,9 por ciento del Pbi nacional, mientras que en 2014 –tras ocho años de gestión correísta– dicho indicador había descendido al 3,9 por ciento. Es decir, el país se había reprimarizado (el sector de productos primarios recuperó importancia) y los intentos por cambiar la matriz productiva y diversificar las exportaciones habían fracasado. A partir de entonces el régimen dejó de generar avances en indicadores sociales que antes sí había logrado mejorar, tales como la disminución de la pobreza o la generación de empleo digno (trabajadores que al menos ganan el salario básico y/o disfrutan de una jornada laboral de ocho horas).

El reflujo económico y el fin de la “economía fácil” llevaron al incremento de movilizaciones populares cuestionadoras del régimen. Su clímax fue el paro o movilización protagonizada principalmente por el movimiento indígena en agosto de 2015. La respuesta gubernamental no pudo ser más desafortunada; la represión alcanzó entonces su mayor nivel de toda la década de mandato de Rafael Correa. Sin embargo, no amilanó la movilización. El gobierno perdía legitimidad mientras aparecían conflictos y demandas por doquier.

El régimen midió muy mal la coyuntura política, procediendo con una ofensiva política que implicó que la bancada oficialista –entonces aún compacta y que como todo el resto del aparato del Estado respondía sin chistar al presidente de la República– aprobara de forma claramente inconstitucional una enmienda que permitía la reelección indefinida del presidente a partir de 2021.

El objetivo era claro, con una economía ya semiestancada en 2015 (con un crecimiento de apenas 0,3 por ciento del Pbi) y un país en recesión en 2016 (con una contracción del Pbi de 1,5 por ciento), el correísmo buscaba que la salida de la crisis o las medidas de ajuste necesarias fueran protagonizadas por un sucesor, permitiendo así que Rafael Correa volviese en 2021 ya con una imagen renovada y sin el coste político que conllevan los recortes económicos.

Asegurar aquella transición pasaba por posicionar a un hombre de absoluta confianza en el puente de mando de una nao que parecía ir a la deriva. Ese era Jorge Glas, el último vicepresidente del régimen correísta y zar de los megaproyectos de infraestructura, pero carente del más mínimo carisma como para ganar elección presidencial alguna. Fue así como se conformó el binomio presidencial para 2017, mientras el gobierno se veía obligado a entrar en una agresiva etapa de endeudamiento público que le permitiera mantener las políticas de subsidio a la población más vulnerable, dejándole al siguiente gobierno la patata caliente de tener que afrontar un volumen de deuda porcentualmente muy superior al heredado por el gobierno correísta del pasado neoliberal, un déficit fiscal insostenible y un volumen de aparato del Estado inviable para la nueva situación económica del país.

Ocho meses de Moreno

Las elecciones presidenciales de 2017 mostraron el nivel de agotamiento del que fuera el partido hegemónico durante la última década.

Alianza País necesitó dos vueltas para ganar las elecciones –algo que sólo había sucedido en las primeras presidenciales disputadas por Rafael Correa, en 2006–, y perdió más de 1,2 millones de votos respecto de los resultados obtenidos en 2013. La segunda vuelta, fruto de una alianza entre los sectores conservadores y gran parte de una izquierda opositora desubicada políticamente, daría una diferencia de tan sólo 228.629 votos a favor del candidato oficialista.

Que la victoria oficialista fuera calificada como fraudulenta, basándose en una estrategia diseñada por asesores de campaña del candidato conservador Guillermo Lasso vinculados al venezolano Leopoldo López, implicó que Lenín Moreno arrancara su mandato sumamente debilitado. Estas acusaciones nunca fueron demostradas documentalmente, y gran parte del trabajo sucio le correspondió a algunos líderes y aparatos que dicen responder a posiciones de izquierda.

En estas condiciones, y con la figura de Rafael Correa cada vez más desgastada, la nueva administración procedió a marcar diferencias en dos sentidos: rompió con las lógicas de polarización y conflicto que estratégicamente había aplicado el correísmo contra sus opositores políticos –algo con lo que la sociedad ecuatoriana se mostraba mayoritariamente crítica– y cuestionó el estado en que el mandatario anterior había dejado las finanzas públicas. Con el primer cambio el gobierno de Moreno buscaba articular un nuevo discurso de reconciliación nacional que superara la campaña de intoxicación vinculada al fraude electoral, mientras que la nueva orientación en materia de política económica era fruto de la necesidad de afrontar cambios drásticos en un modelo de gestión que había elevado el nivel de endeudamiento real muy por encima del 40 por ciento del Pbi (tope máximo definido por la Constitución de Ecuador), lo que llevó a recurrir a argucias contables para maquillar el monto de la deuda.

En paralelo, y como consecuencia del cúmulo de denuncias de corrupción que de forma cotidiana aparecían y siguen apareciendo en los medios de comunicación nacionales, el gobierno optó por permitir la actuación independiente de la justicia ecuatoriana en ese ámbito. Esto significó un cambio radical respecto de la situación vivida durante la era correísta, cuando el Poder Judicial respondía directamente al secretario jurídico de la Presidencia y los organismos de control estaban bajo el control de cuadros del partido de gobierno, imposibilitando acciones fiscalizadoras sobre las actuaciones gubernamentales. El nuevo funcionamiento independiente de la administración de justicia implicó que en pocos meses el hombre duro de Rafael Correa en el gobierno morenista, Jorge Glas, terminara con sus huesos en la Cárcel número 4 de Quito (véase “Corrupción por las nubes”, Brecha, 5-I-18) por su participación en la rama ecuatoriana de la trama de corrupción continental que involucra a la constructora brasileña Odebrecht. Glas fue destituido de sus funciones como vicepresidente de la República, sin embargo no es el único investigado: hay varios altos funcionarios vinculados al gobierno anterior que hoy gozan de boleta de captura mientras se mantienen fugados.

La situación anterior conllevó una ruptura interna en Alianza Pais. Rafael Correa, quien había dicho públicamente que pasaría los próximos años residiendo en Bruselas, se vio obligado –ante el cada vez mayor cerco político y jurídico– a volver a Ecuador para liderar la nueva oposición al gobierno de Lenín Moreno, lo cual determinó la desafiliación de sus seguidores de Alianza Pais, partido que Correa fundó en 2006 y que 11 años después mayoritariamente dejó de responder a los intereses del ex mandatario.

Futura Inestabilidad

El próximo domingo la sociedad ecuatoriana determinará qué sucederá en el futuro con el liderazgo político de Rafael Correa. Tres de un total de siete preguntas de una consulta popular afectarán directamente al ex mandatario y su entorno. La pregunta 1 plantea suprimir derechos políticos a culpables de corrupción, y afectaría a un cada vez mayor número de altos funcionarios que formaron parte del núcleo de poder del antiguo régimen; la pregunta 2 propone dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida, y podría dejar al ex mandatario sin posibilidades de volver a postularse a unas presidenciales; y la pregunta 3 plantea elegir nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, evaluando a los jerarcas de las instituciones de control elegidos por este organismo y destituyéndolos llegado el caso, lo cual llevaría al desmantelamiento del aparato correísta aún existente en el Estado.

Más allá del resultado de esta consulta, es evidente que asistimos al final de un ciclo político en la historia de Ecuador. Rafael Correa está obligado a conformar una nueva organización política que tendrá que afrontar los complejos trámites impuestos durante su administración para obtener legalización jurídica y poder presentarse a futuros procesos electorales. Pero además, en caso de ganar el Sí en la pregunta 2, es muy posible que el ex mandatario quede inhabilitado para volver a candidatearse como presidente de la República.

Sin embargo, también para el actual gobierno nacional –que goza en estos momentos de una situación idílica respecto de sus relaciones con el resto de la oposición política y los medios de comunicación privados– cambiará la situación política. Las medidas de subsidios y políticas de gasto fiscal articuladas durante la época de bonanza económica dejaron de servirles a los sectores vinculados a las estructuras históricas de poder en Ecuador, motivo por el cual se anuncian para los próximos meses una serie de medidas de presión política sobre el gobierno de Moreno, al que consideran débil, buscando imponer una nueva agenda política y económica más conservadora.

Ecuador entrará a partir del próximo domingo en una nueva etapa en que la inestabilidad política irá in crescendo. El año 2018 será difícil para Lenín Moreno, quien, con un partido mermado por la salida de los correístas, deberá demostrar hasta dónde es capaz de aguantar la presión política y mediática que desde los sectores conservadores se articulará en su contra. Las elecciones seccionales de febrero de 2019, cuando se elegirán prefectos y alcaldías, será la vara para medir políticamente lo que sucederá en el transcurso del presente año.

Por último, tanto los movimientos sociales como las organizaciones populares –hoy sin voz ni protagonismo alguno en la política nacional– tienen como reto rearticularse para defender las conquistas sociales logradas durante los últimos años, las cuales están en peligro ante nuevas reformas flexibilizadoras en el ámbito de la contratación laboral, nuevos tratados de libre comercio que tendrán fuerte impacto en el área rural, y el desarrollo de políticas económicas encaminadas a beneficiar al agronegocio y al sector financiero privado.