Jaime Pastor *

Viento Sur, 6-1-2018 http://www.vientosur.info/

El escenario que emerge tras el 21D no ha cambiado sustancialmente desde el punto de vista parlamentario, pero sí en cuanto al protagonismo creciente del poder judicial en la criminalización del independentismo. Sería un error de la izquierda de ámbito estatal, y de quienes se oponen a la desdemocratización y recentralización crecientes de este Estado, considerar que el conflicto que enfrenta a una mayoría de catalanes –ya que incluye no sólo a independentistas sino también a soberanistas- con el régimen les es ajeno. Están en juego también nuestras libertades y derechos individuales y colectivos.

Muchos son ya los análisis publicados sobre los resultados de las elecciones del pasado 21 de diciembre en Catalunya, pero voy a partir de los de Martí Caussa y Josep María Antentas por coincidir con gran parte de sus diagnósticos y conclusiones  1/. El título del primero, “El independentismo resiste, pero sin clarificar la estrategia”, ya era bastante expresivo y en él se ponía el acento en la derrota política del artículo 155, pero también en que “el bloque unionista y partidario del 155 se ha hecho más fuerte y agresivo”; concluía aventurando mayor incertidumbre ante la nueva etapa tras el brusco final del ciclo anterior el pasado 27 de octubre. El segundo, a cierta distancia ya del 21D, entraba más en detalle sobre los factores que explicaban el “éxito de la operación Puigdemont” con su discurso legitimista, por un lado, y el ascenso de C’s como voto estratégico anti-independentista, pero a la vez “de orden y de miedo”, por otro. Constataba también la crisis del eslogan “un sol poble” para argumentar la necesidad de una reformulación estratégica frente al persistente cierre de filas del régimen que aspire a “ligar la agenda independentista a las políticas contra la austeridad y defender un proceso constituyente compatible con un destino independentista y uno confederal”.

En efecto, pese a la aplicación completamente abusiva –y anticonstitucional, según buen número de expertos- del artículo 155   2/, al creciente acoso judicial(más de 60 causas abiertas, muchas de ellas por injustas acusaciones de delitos de rebelión, sedición y… odio) y al incesante anuncio de una mayor inestabilidad económica, la revalidación de la mayoría absoluta por el bloque independentista (a la que no son ajenas la memoria viva del ciclo transcurrido desde el 20S hasta las jornadas del 1 y el 3 de octubre y la represión desencadenada durante y después de las mismas) ha echado por tierra los planes del bloque mal llamado constitucionalista (más bien, jíbaroconstitucionalistas, como les califica el fiscal emérito Martín Pallín) y continúa poniendo de manifiesto la crisis de legitimidad del régimen y, sobre todo, del Estado autonómico en Catalunya.

Es cierto también que los partidos independentistas han conseguido sólo el 47,49 % de los votos, pero también lo es que en las condiciones tan asimétricas –a favor, incontestablemente, del régimen- en las que se han desarrollado estas elecciones y con el alto grado de participación que se ha dado (79,04 %), ese resultado supone sin duda un fracaso innegable de la estrategia que desde el Estado se diseñó para impedirlo, confiado en una mayoría silenciada que esta vez les podría dar una victoria holgada. Significa, por tanto, una derrota del partido de Rajoy (que ha pasado a ser el último en el nuevo parlament), de su gobierno y también del régimen monárquico (no olvidemos el discurso de Felipe VI la noche del 3 de octubre que luego quedó suavizado, solo en la forma, en el emitido este 24 de diciembre).

Lo anterior no implica menospreciar el dato de que Ciudadanos haya logrado un ascenso incuestionable entre sectores sociales muy dispares, lo que le permite además poder competir ya abiertamente con el PP en la búsqueda de más apoyos entre el Ibex 35 con la mirada puesta en las futuras elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo de 2019. Pero no por ello dejará de seguir estando en Catalunya en una impotente oposición parlamentaria, pese a la incógnita que se abre sobre Puigdemont y los escaños que corresponden a personas en la cárcel o en el exilio.

Asimismo, ha quedado también evidente cómo, dado el contexto de polarización en que se han desarrollado estas elecciones, la presión del voto útil ha dejado fuera de juego a CeC-Podem, probablemente también por su “pasividad estratégica tacticista, a la espera de que el independentismo colapsara rápidamente”, como observa Antentas, y ha perjudicado a la CUP (pese a cierta reorientación de su campaña en torno a los ejes de “República, derechos sociales y Asamblea Constituyente”). Mientras que, por el otro lado, ha perjudicado a un PP que aparecía directamente identificado con el gobierno y con la represión del 1 de octubre.

La imposible liquidación del independentismo

Con todo, pese al rotundo desmentido a su aventurada proclamación de que habían liquidado al independentismo (como se ha empeñado en repetir la virreina Soraya Sáenz de Santamaría a lo largo de toda la campaña), la respuesta de Rajoy a la disposición al diálogo bilateral expresada con mayor claridad por ERC sigue siendo, como era previsible, la de sostenella y no enmendalla. Lo peor es que, bajo la presión de Ciudadanos, continúa dando largas incluso a una posible reforma constitucional que aborde la cuestión catalana. Así que no cabe esperar mucho de la subcomisión de estudio que se va a poner en marcha en el parlamento español.

En esas condiciones, a las que se sumarán nuevos juicios de corrupción que pueden llegar a alcanzar a “M. Rajoy” (también, por cierto, a la exConvergència) y sin el apoyo presupuestario del PNV, la cuestión catalana seguirá en el centro de la agenda política, ahora ya bajo la vigilancia implacable de la Fiscalía del Estado y de un poder judicial cuya falta de independencia ha sido denunciada recientemente por el Consejo de Europa. Todo esto no dejará de afectar a la gobernabilidad y a una presunta recuperación económica que no puede ocultar ya la creciente precarización de la fuerza de trabajo o que la inversión pública haya alcanzado en 2017 su punto más bajo en 50 años.

No sorprende, por tanto, que medios tan beligerantes como El País estén haciendo enormes esfuerzos por tranquilizar a los grandes poderes económicos (recordemos su editorial apenas dos días después de las elecciones catalanas: “Que no cunda el pánico”), consciente además de que la restitución de Puigdemont como presidente legítimo en la Generalitat, si los jueces no lo impiden, supone el fracaso total de la brutal y paranoica campaña mediática desplegada a lo largo de estos meses contra el independentismo e incluso contra Podemos y Catalunya En Comú.

El papel más lamentable en todo este proceso ha sido sin duda el jugado por el PSC, buscando un voto atrápalo-todo de catalanistas y anticatalanistas que, sin embargo, no ha logrado frenar el ascenso de Ciudadanos y le puede reducir a un papel subalterno de ese partido en nombre de la defensa de la razón de Estado y la unidad de España. Una política a la que le ha empujado el cierre de filas de Pedro Sánchez con Rajoy y su gobierno y que seguramente habrá defraudado a mucha de la militancia que le renovó su confianza como Secretario General en las primarias, ya tan lejanas, del pasado junio. Por eso es muy comprensible el abandono del PSOE por quien fue portavoz de la corriente Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias, una vez constatada la renuncia de Sánchez no sólo a una defensa consecuente del reconocimiento de la plurinacionalidad, sino también a hacer frente a la política de excepción que Rajoy sigue queriendo imponer en Catalunya  3/.

Todo esto no impide reconocer que desde Catalunya parece urgente una reorientación política desde las izquierdas soberanistas e independentistas que permita un mayor anclaje en las clases subalternas en torno a una mejor articulación de la cuestión nacional y la cuestión social y, a su vez, a la construcción de un sujeto político, un nuevo demos plural, superador de toda forma de nacionalismo excluyente en sus propias filas. Tareas sin duda urgentes si se quiere disputar en mejores condiciones la hegemonía a una exConvergència cuya capacidad de metamorfosis, pese a su pasado de corrupción y a sus políticas neoliberales y austeritarias, ha quedado demostrada de nuevo.

Entramos así en una nueva fase de un conflicto con una larga historia detrás que continúa encontrándose con el bloqueo permanente a una solución democrática por parte del régimen, pero también con un techo electoral menor al 50 % al que ha llegado el independentismo hasta ahora.Techo que debería buscar superarlo a través de nuevas vías, en alianza con Catalunya En Comú y distintas organizaciones sociales soberanistas. Techo, conviene volver a recordarlo, superior al que tuvo el principal partido nacionalista escocés, el SNP, en las elecciones de 2011 (en torno a un 45 %) y que, aun así, le permitió negociar con el gobierno británico de David Cameron el referéndum de secesión que finalmente se celebró con todas las garantías legales el 18 de septiembre de 2014.

Mientras tanto, democracia disciplinaria y austeridad permanente

En medio de este recorrido la judicialización del conflicto ha conducido ya a una Causa General contra el independentismo, basada en el uso más torticero posible del Código Penal, siendo el último ejemplo el auto de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo contra el recurso presentado por Oriol Junqueras para obtener su libertad provisional. De su lectura se desprende, aunque se niegue desde instancias judiciales, la tendencia a imponer una democracia militante que, extendiendo una fórmula debida a Albo y Fanelli  4/, sería mejor llamar democracia disciplinaria. Será bajo la amenaza de criminalizar incluso las nuevas manifestaciones no violentas que se puedan convocar a favor de la independencia como va a empezar la nueva etapa parlamentaria en Catalunya.

La aplicación del Derecho Penal del enemigo a Catalunya no es más que una de las formas que está adoptando el proceso de desdemocratización acelerada de regímenes formalmente democráticos que se ha ido imponiendo desde el inicio de la Gran Recesión en 2008. Emprendido inicialmente para facilitar la aplicación de unas políticas de austeridad devenidas ya permanentes, con la contrarreforma exprés del artículo 135 de la Constitución y ahora con la beligerancia de Montoro contra los ayuntamientos del cambio y Comunidades Autónomas como sus manifestaciones extremas en el Estado español, se ha ido extendiendo a otros ámbitos de conflicto como el de la libertad de expresión, el laboral y las guerras culturales.

Pues bien, la aplicación por el tripartito del régimen del artículo 155 en Catalunya  5/ y las acusaciones de rebelión y sedición dirigidas contra el largo ciclo de movilizaciones que desde 2012 ha recorrido ese país no son ajenas a esa democracia disciplinaria. En este caso aplicada a la defensa de otro pilar fundamental del régimen como es su soberanía exclusiva territorial, tal como se interpreta además desde la lectura fundamentalista del artículo 2 de la Constitución. Tampoco lo es la tendencia expansiva en la interpretación de los delitos de odio por parte de fiscales, jueces y grandes medios de comunicación, dirigidas contra las manifestaciones independentistas pero también, y cada vez más, contra distintas formas de disidencia respecto al establishment. Una beligerancia que contrasta además con su tolerancia frente a las constantes apologías del franquismo y al rechazo de la diversidad sexual.

Por eso, insistiremos una vez más, más allá de las discrepancias que pueda haber con el bloque independentista o con la nueva hoja de ruta que se llegue a adoptar en esta nueva fase, la izquierda de ámbito estatal no puede ser indiferente ante el conflicto que enfrenta a aquél con el régimen y, sobre todo, frente a las amenazas represivas que vuelven a caer contra una mayoría parlamentaria revalidada este 21D en las urnas. Su legitimidad está fuera de duda y, por tanto, defenderla frente a la continuidad de las medidas de excepción del régimen ha de formar parte del mismo esfuerzo por hacer fracasar las amenazas de Montoro –mientras aumentan los gastos militares al servicio de una OTAN cuyo ADN imperialista no ha cambiado  6/-, así como los ataques a libertades y derechos como el que trágicamente ha costado la vida a Mohamed Bouderbala en la cárcel de Archidona el pasado 28 de diciembre.

Junto a la respuesta a esa deriva oligárquica y represiva seguirá siendo necesario buscar, desde dentro y fuera de Catalunya, nuevas vías de reconstrucción de lazos solidarios entre los distintos pueblos del Estado español frente a una peligrosa vuelta de tuerca recentralizadora del régimen, favorecida ahora por el ascenso de Ciudadanos, y verificada con los nuevos recortes a la financiación de las CC AA por parte del gobierno. Pero, eso sí, sin olvidar, como bien ha dicho Pérez Tapias en la entrevista citada, que “sin resolver las cuestiones de reconocimiento –en este caso, de la pluralidad nacional-, no se solucionarán de verdad los temas de redistribución y de sistema de financiación, por ejemplo”.

El cese de la política represiva y el reconocimiento de la pluralidad nacional política y cultural dentro de este Estado son tareas ineludibles. La primera debería pasar por la creación de un amplio frente común de defensa de derechos democráticos y sociales, capaz de detener la involución represiva. La segunda ha de seguir presionando por lograr modificar la legalidad vigente (a través de reformas en el corto plazo que ayuden a avanzar hacia procesos constituyentes) con el fin de permitir el ejercicio del derecho a decidir su futuro –incluida la separación- de aquellos pueblos que, como es el caso innegable de una mayoría de Catalunya, lo reclamen.

Renunciar a cambiar el sentido común de la actual mayoría de la sociedad española  7/ en función de criterios electoralistas y tacticistas conduciría a la izquierda de ámbito estatal a convertirse en subalterna de un nacionalismo español excluyente (que tiene en “A por ellos” y “Yo soy español, español…” sus lemas preferidos, además de los crecientes recursos represivos y judiciales con los que cuenta), contribuyendo así, definitivamente, al cierre por arriba de la crisis de régimen. Mejor será no resignarse ante un realismo conservador -que se limita a asumir una relación de fuerzas desfavorable- y optar por ir forzando un cambio de rumbo, buscando unir en un mismo proyecto destituyente las luchas contra la democracia disciplinaria y la austeridad permanente con el fin de ir transformándolas a favor de la soberanía de los pueblos

* Jaime Pastor es politólogo y editor de Viento Sur.

Notas

1/  “El independentismo resiste, pero sin clarificar la estrategia”,viento sur, 22/12/2017, http://www.vientosur.info/spip.php?article13320 y “Paisaje tras las elecciones”, viento sur, 31/12/2017, www.vientosur.info/spip.php?article13365

2/  Es muy revelador que la aplicación que se ha hecho de ese artículo se haya basado, en la enmienda que presentó el entonces dirigente de Alianza Popular Manuel Fraga a este artículo en el debate constitucional de 1978: confirma así la voluntad desconstituyente que preside al partido que el mismo Fraga fundó años después no sólo en este ámbito sino en tantos otros como, en particular, el que atañe al ejercicio de nuestras libertades y derechos fundamentales.

3/  José A. Pérez Tapias: “Sólo un proceso constituyente nos puede sacar de esta crisis, y el PSOE no está en ello”, Miguel Mora, ctxt, 3/01/2018, http://ctxt.es/es/20180103/Politica/17076/perez-tapias-psoe-pedro-sanchez-catalu%C3%B1a-federalismo-izquierda.htm

4/  G. Albo y C. Fanelli, “Austerity against Democracy”, 2014, www.socialistproject.ca/documents/AusterityAgainstDemocracy.pdf. Para una crítica del auto judicial: Joan Queralt, “Carbón”, elnacional.cat, 6/01/2018, www.elnacional.cat/es/opinion/joan-queralt-carbon_226791_102.html

5/  No olvidemos que Euskadi y Castilla-La Mancha también fueron amenazadas con la aplicación de ese mismo artículo sin que concurran en ellas las circunstancias particulares de Catalunya.

6/  A. Coll, “OTAN: control geopolítico, soberanías limitadas e involución política”, Viento Sur, 155, diciembre 2017, p. 45.

7/  Un sondeo publicado este 6 de enero por El Español constata que un 33,8 % de personas encuestadas en todo el Estado están a favor de reconocer la posibilidad de un referéndum de autodeterminación frente a un 59,4 % que está en contra: la tendencia parece apuntar, pese a lo que pretende hacernos creer la gran mayoría de medios de comunicación de ámbito estatal, hacia un ascenso de quienes están a favor.