Uruguay

El debate sobre las causas del abuso sexual infantil, entre los psicopatológico y lo cultural

El ¿Muerto el perro se acabó la rabia?

En menos de una semana, dos hombres violaron y asesinaron a dos niñas. Unos días después, el pasado sábado, otro mató a una mujer y a su hija, y si bien hasta ahora no fue confirmado, los análisis primarios señalan que también en este caso hay indicios de abuso sexual infantil. En el debate público, mediático y político apareció la idea del abusador como la de un “enfermo”. Pero “las sociedades tienen que hacerse cargo de los monstruos que producen”, dice el psicólogo y sexólogo Ruben Campero, en la misma línea que otros especialistas consultados.

Betania Núñez

Brecha, 1-12-2017 https://brecha.com.uy/

Sacudida ante una escena extrema –y dos, y tres, y cuatro–, de esas que hieren la sensibilidad propia sin que dejen de vivirse como ajenas, la sociedad transformó en monstruo a un ser humano –y dos, y tres, y cuatro hombres, en cuestión de meses, semanas o días, mutaron en bestias–. La reacción no es extraña y hasta puede ser catalogada de “normal” o “saludable”. Sin embargo, detrás de ese miedo por el peligro que azota a la vuelta de la esquina o en el jardín vecino, se asoman, sin sigilo, otros dos riesgos. Al “enfermo” que, cual cáncer social, se desea extirpar, se lo termina por “desresponsabilizar” de sus actos: un loco no puede ser juzgado por su comportamiento. Tampoco el que observa, indignado pero sin interpelarse a sí mismo, tiene margen de maniobra para cuestionar qué cultura, qué sociedad, qué instituciones, de las que él también forma parte, le dieron vida.

“Si manejamos sólo la dimensión psicopatológica nos podemos mover hacia dos lugares, cualquiera de los dos muy jodidos. Uno que justifica el acto y lo vuelve inimputable, porque le quita valor ético y de responsabilidad a los actos, y otro que lo demoniza y lleva a la falta de respeto de las estructuras democráticas, a querer hacer justicia por mano propia, a volver a la tradicional horda que prende sus antorchas y agarra sus tridentes para matar al monstruo de Frankenstein”, plantea el psicólogo y sexólogo Ruben Campero. Si para entender los casos concretos no se puede dejar de lado la psicopatología, tampoco “los factores culturales que interaccionan con todo esto; es algo que se va traduciendo de lo cultural a lo social, de lo relacional a lo psicológico. Pero esos cuatro escalones están estrictamente relacionados”, agrega, porque “los abusadores no caen de la estratósfera, los monstruos no vienen de otro planeta. Si yo no considero que lamentablemente esto es parte de lo que somos, no voy a poder operar sobre ello. A veces hay que recurrir a acciones”, porque alguien que violó a una niña o a un niño, que le quitó la vida, “no puede estar libre, tiene que ser rápidamente separado de la sociedad; pero eso no implica eliminarlo, porque el tema no va a desaparecer porque matemos a ese señor. Las sociedades tienen que hacerse cargo de los monstruos que producen, y existen sistemas de sanción, pero hay que ver cómo se previene. No es para justificar sino para interpelarse”. Campero pregunta: “¿Muerto el perro se acabó la rabia?”.

Alicia Casas, psiquiatra y una de las fundadoras del programa Claves, (1) da vuelta la interrogante: la pregunta, dice, no debe ser si se trata de “enfermos”, sino si pueden ser responsabilizados por sus actos. “Obviamente hay algo profundamente insano en relacionarse sexualmente con niños, pero es importante ver que la inmensa mayoría de las personas conocen la diferencia entre el bien y el mal, tienen un sistema moral que les dice que eso no es adecuado –por algo se ocupan tanto de negarlo– y pudieron haber evitado el abuso.” Porque “abusador no se nace, se hace”, argumenta Casas, y “a ser agresor sexual se aprende tempranamente en la vida. Si uno escarba en las historias de estas personas, se ve un montón de creencias que fueron trasmitidas y no fueron cuestionadas. Sin que eso quite la responsabilidad –porque muchas otras personas fueron criadas de esa forma y no necesariamente eligieron abusar–, se protege más en una sociedad en la que se derriban las excusas para el abuso, en la que se desnaturaliza que sea normal pegarle a los niños y tratar a las niñas como objetos”.

Casas relata que cuando en la década del 70 se empezó a pensar en el fenómeno y se vio que la inmensa mayoría de los agresores eran hombres –en Uruguay, según datos de 2016 del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, (Sipiav), 96 por ciento de los casos detectados tuvieron como agresor a un varón–, se lo asoció con un tema hormonal. “Todas las primeras explicaciones fueron biológicas, y si bien había una correlación de lo hormonal con la agresividad, no la había con el abuso sexual.” Con el correr de los años, y después de atravesar diferentes enfoques, “se llegó a la conclusión de que la violencia sexual tiene mucho que ver con la crianza y la socialización, con la construcción de una masculinidad asociada al dominio, al control, a la no responsabilización de los actos. Hay factores de riesgo a nivel individual, familiar, comunitario y cultural, pero la mayoría de los factores tienen que ver con la crianza y con el contexto, y no tanto con la biología”.

Pero pasa lo mismo cada vez que en Estados Unidos hay una masacre, que “un ‘loco suelto’ entra a un comedor y mata gente”, ejemplifica la antropóloga Susana Rostagnol: “¿Por qué en ese país sucede con relativa frecuencia? No es que esas personas no tengan algún desorden, pero se dan condicionantes sociales que habilitan que ciertas cosas se canalicen de esa manera. Nos tranquiliza pensar que la patología no es una manifestación de un estado de situación de la sociedad, algo más agudo que lo que sucede todos los días aunque se origina en el mismo lugar, pero esa es una forma de no hacernos cargo. Aun cuando haya una patología, las enfermedades son las que la sociedad permite que se desplieguen”.

En la misma línea, la trabajadora social y directora de la organización El Paso, (2) Andrea Tuana, postula que “hay que contemplar la dimensión de género, tan cuestionada en estos casos, porque las relaciones de desigualdad que se reproducen están en la base de las conductas violentas hacia las mujeres, las niñas y los niños. Pueden estar asociadas a una patología, pero también es cierto que la gran mayoría de los que asesinan mujeres o violan y matan niños son varones”, mientras que las mujeres que “han sufrido violencia, traumatizaciones y seguramente tengan campos fértiles para desarrollar alguna patología, no son las depredadoras sexuales que salen a buscar gurises para violar y matar. Hay que dejar de pensar que son cosas extraordinarias y ver que el tema está mucho más cerca de lo que nosotros queremos pensar”.

Sin perfil pero con datos

Si bien se tiende a asociar a la pedofilia con el abuso sexual infantil, los expertos subrayan que no todos los pedófilos son abusadores y no todos los abusadores son pedófilos. “Una persona que se siente sexualmente atraída por niños no necesariamente llega a abusar, porque sus obstáculos de conciencia se lo impiden, tiene capacidad de empatía y es capaz de responsabilizarse de lo que el abuso significaría para el niño. De la misma manera, las personas que abusan de niños no tienen todas una motivación erótica”, como sucede en el caso de los pedófilos, y aunque “siempre el agresor busca una gratificación”, en este caso “está ligada a la voluntad de sometimiento, de poder, de control”, explica Casas.

En el abusador, agrega Campero, “el deseo se sexualiza pero desde el sometimiento y no tanto desde los elementos simbólicos que el pedófilo encuentra en el cuerpo de un niño y que le resultan eróticos. El pedófilo puede buscar a nivel inconsciente una conexión con el niño que fue o que no fue, refugiarse en un niño que no lo va a juzgar. Lo hace desde un lugar de mucho miedo a las reglas del mundo exterior que lo obligarían a ser un hombre adulto; mientras que en el caso del abusador, esa persona ha disfrutado de los placeres de ser un hombre adulto pero se vale de facilitadores institucionales, sociales y culturales, patrones machistas y desigualdades entre adultos y niños, para abusar”. Tanto Casas como Campero (aquí en palabras del psicólogo y sexólogo) hacen una salvedad: “No es que sean dos mundos completamente separados y que haya pedófilos puros o abusadores puros”, pero “el abusador trata al vulnerable como a un igual aunque sepa que no lo es. Manipula, envuelve, es consciente, no pelea con sus impulsos, hay una ausencia de empatía y no aparece el sentimiento de culpa”.

Sin embargo, se trata de un grupo “muy heterogéneo”. La abogada y ex directora de la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación, Diana González, cuenta que a nivel judicial ha visto a “fiscales y jueces que buscan un perfil”, y cómo “las investigaciones fallan, porque no existe el perfil del abusador. Explicar los delitos por los perfiles es complicado, y en este caso también. Por ejemplo, el rapiñero está en una situación de exclusión socioeconómica y empieza a hacer eso como una estrategia de supervivencia. ¿Es más audaz que otros? Depende, porque en realidad hay algunos que se mueren de miedo”. Y en el caso de los abusadores, “algunos son manipuladores, pero otros puede que no lo sean, obviamente la manipulación es una herramienta que utilizan, pero tampoco es que cualquier manipulador sea un abusador. Y así como puede que sean sociables también puede que sean introvertidos”. En definitiva, plantea, “cualquier persona podría abusar, y lo que hay en el medio es un tema de código ético que tiene que ver con la empatía, el respeto por el otro y su etapa de la vida”.

Lo que sí se sabe, además de que la inmensa mayoría de los abusadores son hombres, es que “en general son adultos jóvenes que aparentemente tienen vidas comunes y corrientes y comparten mitos culturales sobre la masculinidad”, apunta Casas. Piensan, por ejemplo, “que si el hombre está excitado no puede controlarse, o que cualquier persona está a su disposición, ya sea niño o mujer”. No obstante, por lo menos con base en los datos consignados por el Sipiav y relevados en “Panorama de la violencia hacia la infancia en Uruguay” (de la Unicef, publicado en 2017), de los casos de abuso sexual detectados, el 74 por ciento lo sufrieron mujeres y el 26 por ciento varones.

También se sabe que “entre el 85 y el 90 por ciento de las situaciones se dan con personas que son de confianza de los niños, en la familia o en el círculo cercano”, asegura Casas, y según datos del Sipiav, tres de cada cuatro abusos detectados tuvieron como agresores a un familiar. Además, “un dato que ahora tenemos y antes no teníamos”, revela Casas, es que al menos 50 por ciento de los agresores empezó a abusar en su adolescencia: “Es mucho más factible tratar a un adolescente que ha abusado de un niño que a una persona que hace 30 años que lo hace. Eso implica que menos niños serán abusados; y sabemos que si se toman todas las modalidades de abuso sexual, uno de cada cuatro o cinco niños ha sido abusado”.

Más allá de que “la cárcel por sí sola no rehabilita a nadie y que el temor a la cárcel no está demostrado que realmente funcione en estas personas”, Casas sostiene que los agresores “van poniendo en la balanza las posibilidades de ser descubiertos y las gratificaciones del abuso, y llegan al punto de pensarse impunes. Es como una espiral cada vez más grande, porque cuanto más tiempo pasa se creen más intocables, más riesgos toman y más daño hacen”.

Que una persona deje de abusar espontáneamente es algo excepcional, explica Casas, aunque “a veces ocurre por una crisis de conciencia. En general consultan presionados por la familia, por una denuncia o por el sistema judicial”, y el abordaje “es complejo, largo, dificultoso. La privación de libertad en sí misma no es ningún abordaje terapéutico, más allá de que sea una sanción social”.

Por eso Casas apela a la experiencia de algunos países, como Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Francia o Suecia, donde en las cárceles se dispone de técnicos que hacen un abordaje terapéutico. “La pregunta es qué posibilidades hay de que modifiquen su conducta, y ahí nuevamente hay una gama muy grande. Lo que nos dice la experiencia de los países en donde mejor se trabaja es que un número importante de personas pueden ser ayudadas a detener su conducta si hay una motivación y un tratamiento adecuado”. Sin embargo, Casas es pesimista con respecto a los agresores que “presentan características más de depredadores: cero empatía, comportamientos sádicos mediante los que lastiman grandemente a los niños, incluso llegando hasta causarles la muerte. Con ese grupo más extremo, que son la minoría pero son los que más resuenan, hay muy poco conocimiento de que haya algo que realmente resulte. A grandes rasgos, tenemos que preocuparnos de que estas personas no vuelvan a estar en situación de dañar a otros niños”.

Los otros abusos

“Nos alarmamos con el abuso sexual pero nos olvidamos de que la violencia física y psicológica que sufren los niños dentro de las familias, tanto de parte de madres como de padres, es atroz. Me parece que esto viene muy bien no para que nos indignemos, nos rasguemos las vestiduras y queramos matar a alguien, sino para que reflexionemos cómo estamos concibiendo la diferencia adulto-niño, si estamos cuidando a la infancia o estamos abusando de ella”, propone Campero.

Según los datos del Sipiav para 2016, el 20 por ciento de los abusos detectados contra niños, niñas y adolescentes fueron sexuales, un 18 por ciento fue por negligencia, otro 20 por ciento por maltrato físico y un 42 por ciento por maltrato emocional. En total hubo 2.647 registros de situaciones de violencia, y es sabido que los casos detectados son una ínfima porción de los que suceden realmente.

En su artículo “Infancias hipersexualizadas”, Campero apunta que ese fenómeno, que opera de distinta manera tanto en niños como niñas, es también una forma de abuso que puede generar efectos traumáticos, moldear las identidades y condicionar la vivencia de la sexualidad de los futuros adultos. “Lo sexual fue injertado como una obligación más en muchas masculinidades, lo que nos permite entender por qué hay tantos comportamientos compulsivos a nivel sexual”, agrega. En su artículo Campero apela a varios ejemplos, trastocando el género para desencadenar el estupor que esas situaciones, más o menos naturalizadas, deberían generar: “Imaginemos que una compañera nuestra acaba de dar a luz a una beba, y que vamos de visita a su casa para conocerla. En medio del ritual del cambiado de pañales (…) observamos que la madre toma la vulva de la bebé y le dice en tono aniñado: ‘¿Para quién es esto?… ¡Para los nenes!’. Luego escuchamos que agrega como comentario jocoso para el resto de la visita: ‘Salió de vulva grande, igualita que la madre… seguro va a ser terrible ligera cuando grande, ¡no va a dejar títere con cabeza!’. Por su parte, el padre, en otro momento de la conversación, interrumpe diciendo: ‘Mirá, mirá cómo se la agarra, ¡se la está haciendo de goma!’”. Si volvemos al género al que se aplican los comentarios, después de varios “¿Cuántas novias tenés en la escuela?” y otra cuota de “Hacete hombre y dejá de llorar”, Campero llega, ahora en diálogo con Brecha, a “cuando sos un púber y aparece la tradicional iniciación sexual con una prostituta. Si vos lo tomás como lo que es: un integrante adulto de la familia que agarra a un adolescente y lo lleva a tener un acto sexual genital con una persona mayor de edad, ¿eso legalmente qué es? Entiendo el folclore, pero si lo das vuelta y lo hacés con una nena, te llevan preso. ¿Con base en qué diríamos que eso no es traumático para un varón? La cantidad de personas que revelan que esto los traumó, que les hizo daño, es enorme”.

Mientras tanto, en el caso de las niñas “la hipersexualización está vinculada a la introducción de guiones eróticos que primero entran por el lado del juego. Se tiende a educar tempranamente bajo la idea de que lo valioso es lucir como un objeto sexual erótico atractivo, y esto en una cultura patriarcal, machista, es ser un cuerpo ‘cogible’. Se están construyendo subjetividades de niña, y por tanto de mujer, como un simple ser para otro, donde lo que interesa es lo que el otro diga de vos y que se excite contigo. Esto no produce el impacto traumático que provocaría un abuso sexual genital, pero sí mujeres hipersometidas a los mandatos hostilizantes de lo estético”.

“Nos estamos horrorizando, como si las infancias no estuvieran siendo violentadas paso a paso, constantemente y de múltiples maneras”, y hay una “creencia hipócrita de que a través del monstruo nos dignificamos moralmente”, dispara Campero, como si “logrando ver al monstruo fuera, automáticamente mi indignación –justa, obvia– haga que me vea y los demás me vean como un padre responsable. Es fácil ser un padre responsable horrorizándose con un monstruo como ese, pero hay que mirarse también en otros espejos”.

Notas

1) Programa dedicado a la capacitación. Claves busca fortalecer las capacidades de los niños y adolescentes para hacer valer sus derechos.

2) Organización que trabaja con víctimas de abuso sexual y violencia de género.

Con Ricardo Pérez Manrique, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia

“Se corre el riesgo de legislar de apuro”

El endurecimiento punitivo, la castración química y el registro público de abusadores sexuales responden, según Pérez Manrique, a una “pedagogía del castigo”. El país tiene un debe en materia de educación sexual y en trabajar sobre las violencias cotidianas, aseguró.

—Los últimos casos de abuso sexual y asesinato de niñas despertaron una catarata de propuestas por parte del sistema político, que van desde la cadena perpetua hasta un registro público de abusadores sexuales. ¿Cuál es su lectura de este tipo de respuestas?

—Esta problemática es muy difícil de atacar porque va mucho más allá de prever qué tipo de penas se van a aplicar, ya que este tipo de individuos no detienen su accionar en función del rango de la pena. Claro, si optamos por excluirla de la sociedad, algo que no es inviable en un Estado democrático, esa persona supuestamente no haría daño porque estaría encerrada, pero esa no es una solución aceptable.

Por otra parte, el registro de abusadores puede tener algunos aspectos positivos, pero en su diseño requiere un trabajo prolijo porque puede caer en inconstitucionalidades. Hay que ver, por ejemplo, que el hecho de que sea público puede suponer una violación a la privacidad.

Me parece que el riesgo que se corre es tratar de legislar de apuro sobre el caso concreto, sin mirar más allá del mediano plazo. Si se piensa que la reforma legislativa puede ser una solución al problema, esto requiere un trabajo serio, tomándose los tiempos necesarios, sin la urgencia de dar una respuesta para la prensa, digámoslo así.

—¿El sistema político está respondiendo al grito?

—Cuando pasan estas cosas toda la sociedad se pregunta en qué ha fallado, y el sistema político se siente profundamente interpelado. Entonces, frente a esa situación reacciona con propuestas que, a veces, no tienen mucho sentido.

Es verdad que el problema es complejo, pero nuestro país tiene dificultades para trabajar con los niños, eso hay que decirlo claramente, y en especial tiene muchas dificultades para abordar la educación sexual. Los niños tienen que tener todos los elementos para darse cuenta de lo que alguien les puede hacer en su propio cuerpo y lo que no. Hay que trabajar en una educación inclusiva, en la que cada uno disfrute plenamente de su sexualidad, y que eso permita a los niños y posteriormente a los adultos a actuar libremente y con conciencia no sólo de sus derechos, sino también de lo que es su propio cuerpo y lo que pueden hacer con él. También hay que trabajar con las violencias cotidianas, que pueden parecer pequeñas, pero son grandes si se mira lo que pasa con ellas a lo largo de un día, una semana, un mes.

Las penas eternas, la castración química, el registro que hago público para que todo el mundo sepa que la persona tuvo un antecedente responden a una pedagogía del castigo. Hay que pensar en una perspectiva que fortalezca a los niños y a su entorno familiar para que estas cosas no sucedan, y cuando sucedan, que el daño sea lo menor posible.

—El aumento de las penas parece ser una de las soluciones que arriesga el sistema político. ¿Soluciona algo?

—Yo creo que no. Hay demasiada experiencia que muestra que el aumento punitivo no soluciona los problemas y más bien crea otro tipo de problemas, porque potencia el delito al tener a toda esa gente encerrada por mucho tiempo.

En Uruguay no existe cadena perpetua y las personas, así sean los más horrendos criminales, cuando cumplen su pena tienen que salir en libertad, no hay otra solución desde el punto de vista legal ni constitucional. De todos modos, la Suprema Corte, cuando yo estaba, en la mayoría de los casos en los que las personas condenadas por abuso sexual, atentados violentos al pudor, violación, pedían libertad anticipada, no se les otorgaba, justamente por el perfil de esas personas.

—En una nota de La Diaria se puede leer que en las sentencias de los tribunales de apelaciones sobre casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, los ministros recurren, en muchos casos, a argumentos que vulneran a esos niños, niñas y adolescentes. ¿Esto no es parte también del problema?

—Indudablemente. Hay un manejo vetusto de algunas cosas en materia penal, porque tenemos un Código Penal que sigue teniendo normas que habilitan esas definiciones, pero también es una realidad que los jueces cargan con su mochila de experiencias que inciden en que hagan esas lecturas que, obviamente, no comparto.

—La ley integral contra la violencia basada en género propone varios cambios en el Poder Judicial. Se crean los juzgados especializados y se va a capacitar a los jueces, entre otras cosas. ¿Cuál es su lectura sobre la ley?

—La ley va a significar una cantidad de avances, pero yo tampoco creo en el realismo mágico. Esta ley requiere cambios muy profundos, por ejemplo, en el Poder Judicial y en otros ámbitos del Estado

Mentes oscuras

Un mal que se escapa de las manos

Cómo cerrar el círculo del abuso sexual

El universo del abuso sexual a menores es amplísimo, y también el perfil de quienes cometen esta agresión. No hay un agresor idéntico a otro. Psicólogos forenses, sexólogos, peritos y criminólogos dan pistas para entender sus mentes, y discuten cómo prevenir y contener a estos individuos.

Mariángel Solomita

Que Pasa, 3-12-2017 https://www.elpais.com.uy/

La crueldad podría volverse costumbre. La psicóloga forense Adriana Savio dice que el ser humano está habituándose a ser hostil con sus pares. Cruel, hostil y perverso. Cree que se debería poder leer los crímenes de niños que se cometieron a lo largo del año de forma multicausal. “Todos estamos embebidos en una composición que tiene que ver con la era en la que vivimos, con la economía, la política y lo social. Esa mezcla es como una semilla y su germinación va a depender de la tierra en la que caiga. Si esa semilla se tira en una cabeza que ya trae una predisposición psicológica, genética y psiquiátrica que apunta hacia lo delictivo y lo inmoral, va a crecer una mala planta”, explica.

Entonces, un sujeto que agrede sexualmente a menores es una mala planta. Los expertos advierten que cada abusador es único. No hay dos iguales. Y sostienen que, por eso, es importante estudiar caso a caso. “Estadísticamente pueden caer en el mismo rango, pero cada uno trae su historia vital que lo condiciona. Evaluarlos individualmente sirve para determinar su peligrosidad y la posibilidad de que reincidan”, explica Gustavo Álvarez, psicólogo jurista, perito e integrante de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica Forense.

Las plantas malas suelen reunirse con las buenas y camuflarse sin esfuerzo. Es que, según los especialistas, lo inquietante de estos agresores es que no hay un perfil claro y lineal, por eso es tremendamente difícil identificarlos. “En su mayoría son hombres de entre 25 y 45 años insertos en la sociedad, con trabajo, con familia y sin ninguna característica grosera que los aparte de su entorno”, explica Álvarez. Podría ser cualquiera. Podría ocurrir dentro de cualquier hogar. Y podría no saberse jamás. El 70% de estos ataques ocurren en el ámbito intrafamiliar o de primer círculo de conocimiento del niño. Para el menor, el suceso es tan traumático —”porque suelen ser personas amadas y en el lugar donde deberían encontrar protección se los violenta”, continúa Álvarez—, que deja como resultado “una ambivalencia tremenda”.

Para este psicólogo, el abuso sexual infantil es de los delitos que menos logra visualizarse en las cifras. “Si hay un homicidio aparece un cadáver e ingresa a las estadísticas, pero con el abuso infantil es más complejo. He tenido pacientes de 50 años que vienen a consultar por trastornos de ansiedad y terminan redescubriendo que habían sido abusados durante su niñez”.

El universo del abuso es amplísimo. En este vivero, con plantas más o menos agresivas, la violación y el asesinato son los extremos, pero no la única forma de maltrato. Es abuso observar un cuerpo, frotarlo, masturbarse con él y filmarlo o fotografiarlo para realizar pornografía. Álvarez cree que es importante la aclaración porque “en la cotidianidad se suele pensar que si no se violó entonces no es tan importante”. Es un error, asegura: “Cualquier tipo de abuso es brutalmente dañino porque es un abuso de poder”.

Igual de heterogéneo es el tipo de abusador. Germán Aller, catedrático de derecho penal, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, lo expone así: “En la ciencia todo es relativo. He visto a muchos abusadores que sufren tremendamente por cómo son”. Por lo general a estos agresores se los encasilla en categorías. Está el pedófilo, que ve al niño y al adolescente como un objeto sexual, ya que su desarrollo psico-sexual no evolucionó como su racionalidad y su intelecto, por lo cual no puede evitar sentirse atraído por alguien mucho menor a él. Varios de ellos son “célibes” y controlan su deseo. Está el pederasta, que pasa de la fantasía al acto, es decir que sí comete el abuso sexual pero no se ve a sí mismo como un criminal, porque no desarrolla una empatía que le permita comprender que lo que hace está mal. Finalmente, el pedosádico es quien además de realizar el abuso sexual ejerce violencia contra el niño. Estos criminales tampoco consideran que cometan un crimen. No son capaces de sentir remordimiento.

Cuando atacan, algunos buscan una “víctima de oportunidad”, como cuando captan a una persona en la calle por medio de engaños. También pueden planificar el método de ataque, por ejemplo acercarse por redes sociales a una víctima. Este agresor actúa como un depredador. Así lo explica Agustín Romano, psicólogo forense y autor de Éxtasis letal, criminales psicopáticos en Uruguay (Fin de Siglo, 2015): “Es el caso de Brissa. El acusado tiene antecedentes por violencia, había estado en prisión, internado en un hospital psiquiátrico y había ido a rehabilitación. Lo que él fue haciendo es lo que en criminología llamamos una escalada en la violencia. Va acercándose a la víctima y tanteando, y ganando confianza en su hazaña criminal. Luego abusa, después viola, y la confianza es tanta que termina matando a su presa”.

En estos agresores el riesgo de reincidencia es comparable al de los asesinos seriales. “Por eso hay que atraparlos pronto, porque ellos actúan como por chispazos en el tiempo”, alerta Álvarez.

Un bicho odioso

Los violadores y asesinos de Felipe Romero (10), Valentina Walter (9 ) —de quien también se investigan violaciones anteriores—, Brissa González (12) y la niña de ocho años que fue violada y asesinada por su padrastro el domingo pasado, son casos extremos, que contrastan con la mayoría de los abusadores sexuales. Romano dice que “los que más hay en nuestro medio tienden a marcar un vínculo de asimetría y de jerarquía sobre alguien en particular, pero es raro que terminen matando”.

De los agresores homicidas, hay un mínimo cercano al 10% que tienen trastornos psiquiátricos, y por lo tanto no cometieron los actos en consciencia plena. Otros, aproximadamente el 30%, “remiten a una estructura de personalidad psicopática”, explica Álvarez. La psicopatía no es una enfermedad, es una manera de ser y de estar en el mundo. “Estos sujetos saben que lo que hacen está mal y tienen voluntad de hacerlo”, aclara.

Pero, ¿quiénes van a prisión? Ximena Ribas, perito del Instituto Técnico Forense (ITF), realiza pericias a víctimas y victimarios en busca de un “objeto de estudio” que determina el fiscal a cargo de cada investigación. De acuerdo a su experiencia, si la persona tiene una enfermedad psiquiátrica y no actuó con consciencia y voluntad tiene que recibir ayuda terapéutica. “Pero por lo general estos abusadores no tienen un trastorno que les impida elegir”.

Para el psiquiatra que hace la pericia “la libertad de elección es fundamental”, dice. Si se comprueba que el acusado “no tiene una patología alienante” y pudo elegir, va procesado.

—¿Por qué llegan a asesinar?

—Los que alcanzan las conductas más violentas no sienten miedo, ni culpa, ni ansiedad. No está dentro de sus registros el sufrimiento o el daño que pueden causar en sus víctimas. Matan para satisfacer sus deseos —dice Ribas.

Si se comprueba que el acusado tiene un trastorno y se declara inimputable, el fiscal puede pedir medidas curativas. En ese caso, los peritos como Ribas realizan un control del tratamiento que recibe mientras está recluido en un centro de salud mental y cuando es dado de alta.

Entre los sentenciados que van a la cárcel, algunos han trabajado con Robert Parrado, psicólogo licenciado en Seguridad Pública. “Los que son asesinos como los de Valentina y Brissa no piden ayuda, pero hay otros que sí lo hacen”, asegura. Con algunos trabajó a comienzos de los años 2000 en un taller carcelario en Minas, y con otros de forma particular. “Llegan porque sus familias se lo piden o porque se dieron cuenta de que algo está mal con ellos. Decodifican inadecuadamente supuestos signos de seducción en niños o adolescentes”.

—¿En qué estado llegan a la consulta?

—Me dicen, “me quiero sacar el bicho que tengo adentro porque ya no aguanto vivir así”.

El psicólogo explica que se trabaja primero sobre el daño que generaron en sus víctimas: “Tienen que darse cuenta qué fue lo que pasó y cómo pasó. Muchos te cuentan sus historias, que en más de un acaso son aberrantes porque hubo abuso sexual hacia ellos”. Eso también se aborda, explica. Parrado cuenta que cuando confiesan su trastorno a sus familias, algunas los contienen y otros los aíslan.

—Si un paciente le confiesa que abusó de un menor, ¿lo denuncia?

—Sí.

—¿Alguno de sus pacientes fue preso?

—Sí. Algunos pueden controlarlo y otros no. Terminan denunciados o procesados, ingresan al sistema carcelario y vuelven a salir.

—Un niño que fue abusado, ¿vuelve a abusar cuando es adulto?

—Ese es un mito. No es determinante. Algunos sí y otros no. Pero tenés que trabajarlo y a las cárceles les falta trabajo. Hay que cortar el círculo. Acá hay que hacer de todo: tenés que usar todas las herramientas que sean posibles.

Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, confirma que hace dos meses comenzó un programa piloto en el módulo 14 de la cárcel de Santiago Vázquez, área en la que están los procesados y condenados por abuso sexual. “Es una buena noticia que exista”, sostiene. Hay psicólogos que trabajan con grupos de 15 a 20 presos, utilizando técnicas cognitivas conductuales y realizando ejercicios prácticos para fortalecer la racionalidad del recluso, atenuar su distorsión del acto cometido y para evitar situaciones abusivas que puedan generarse en el futuro. La intención es replicar el programa si es que da buenos resultados.

El futuro posible

Los especialistas coinciden en que la rehabilitación del que cometió un asesinato es muy difícil. “Ya es muy baja la tasa de éxito para aquellos que reciben terapia”, argumenta Álvarez. “Científicamente no puedo decir que no es rehabilitable, pero las estadísticas indican que la tasa de reincidencia es alta y la rehabilitación es baja. ¿Por qué? Porque no hay eco afectivo, no hay culpa, no hay vergüenza, no hay miedo, ni ansiedad. Entonces, si yo no entiendo que hay algo que está mal en mí, que hay algo que debo solucionar y para eso necesito ir en busca de ayuda, no hay posibilidad de ningún proceso terapéutico”, explica.

Aller, el criminólogo, plantea que lo necesario es que estas personas se acerquen a “terapeutas, asistentes sociales, psiquiatras, grupos religiosos, lo que sea que los ayude”. Hay una experiencia alemana que podría servir de referencia. Allí se lleva adelante desde 2015 el Proyecto de Prevención Dunkelfeld, que ya atendió a más de 500 hombres y tiene lista de espera. Es considerado un éxito.

En los últimos días, figuras públicas y varios políticos sugirieron una batería de soluciones que van desde la cadena perpetua, la castración química, la creación de un registro público de violadores y abusadores e, incluso, la pena de muerte. “Lo entiendo, porque la humanidad a lo largo de toda su historia ha respondido a la violencia con violencia”, dice Aller.

Uruguay tuvo una historia con la pena de muerte que terminó en 1907, cuando el presidente Claudio Williman y el jurista —y pintor— Pedro Figari llevaron a cabo una campaña para eliminarla. “La defendían como un freno disuasorio para evitar que otros delincan, o se creía que si se eliminaba podrían venir criminales extranjeros a cometer delitos aquí”, explica el abogado. Lo cierto es que los condenados a muerte no se ejecutaban salvo en contadas excepciones. Poco después también se fue eliminando la cadena perpetua.

“Ya quedó plenamente comprobado que a mayor pena no hay menos delitos. No funciona así. Alcanza con mirar lo que sucede en los países con pena de muerte y cadena perpetua: son en los que hay más delincuencia”, dice Aller. “El verdadero problema para contener conductas aberrantes no pasa por la reclusión. A estos individuos hay que tenerlos recluidos, pero con un tratamiento que deben dárselo los técnicos indicados. Hay que trabajar en la parte preventiva y en la contención, más que en la punitiva”, añade.

Para Romano, la prevención debe ir por el lado de la víctima: educar a los niños sobre el sentido negativo y positivo de ser tocado y lograr un uso responsable de las redes sociales. “Y hay que hacer un seguimiento permanente del sujeto para que no quede librado al azar en su entorno y pueda nuevamente delinquir, porque si no sería como depositar otra vez en la sociedad a un depredador que en algún momento puede atacar de nuevo”, dice.

En ese sentido, Aller indica que en lugar de plantear la creación de un registro público de violadores, podría plantearse junto a la pena una inhabilitación, tal como se hace con los empleados públicos que son retirados de su cargo. “Se le puede prohibir estar en determinados ámbitos”, explica.

Sobre el mismo tema, Álvarez opina que el registro podría ser bueno siempre y cuando no sea público, “si no estaríamos llevando a la sociedad a una franja de riesgo, porque habría una sobre estigmatización de alguien que jurídicamente ya está libre, y porque podríamos estar facilitando la justicia por mano propia”.

La castración química está descartada para los expertos. “Es una medicación que baja el deseo sexual, pero no asegura que los ataques disminuyan”, sostiene Ribas, y retruca Álvarez: “Esto no se procesa en la genitalidad ni en la sexualidad, esta es una cuestión de mente. Hay casos de individuos que tomaron la medicación y salieron a violar con objetos”.

Los especialistas sienten que la ola de odio que recorre la opinión pública demoniza aún más a los agresores. “Si se quiere entender pareciera que uno busca justificarlos”, dice Ruben Campero, psicólogo y sexólogo. Cree que lo que le está faltando a Uruguay como sociedad es pensarse como una red. “Pensamos que yo soy el bueno y el malo está en otra parte. Pensarnos en bandos no sirve de nada, ahora más que nunca debemos estar todos interconectados, porque acá no es válida la lógica de muerto el perro se terminó la rabia”.

Adriana Savio, la psicóloga experta en abuso infantil, cree que además es urgente renovar el Código Penal, redactado en 1934. Allí los delitos sexuales se engloban en los “delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia”. Se habla de “mujer honesta”, “doncella” y de “rapto”. Allí se señala que, en el incesto en menores varones “de comprobarse mediante un testigo la excitación de la víctima frente al abuso, se anula el delito”, cuenta Savio.

—¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Ellas sí pueden recuperarse?

—Nunca se recuperan totalmente. Quedan en un estado posterior al trauma. Lo que hacen es levantarse sobre esa lastimadura y, en las mejores circunstancias psíquicas, se convierten en sobrevivientes.

Redes

Tierra fértil para el depredador sexual

“Con las redes sociales para el depredador sexual está el terreno allanado, porque se puede manejar desde el anonimato. Puede acercarse al niño haciéndole creer que se trata de un par, lo va seduciendo con promesas y logra obtener mejores datos. Tiene un terreno donde se puede sentir más cómodo y confiado”, dice el psicólogo forense Agustín Romano. En 2014, la Policía recibió 400 denuncias por casos de pornografía infantil. En 2015 el número trepó a 500. En 2016, en tanto, hubo 700 denuncias por casos de grooming (cuando un adulto se crea un perfil falso simulando ser un niño). Julio Sena, director general de Crimen Organizado e Interpol en Uruguay, dijo que las denuncias por pornografía “no son las más frecuentes aunque son las más graves”.

Un código antiguo y una ley con más penas

El Código Penal que regula las penas por abuso sexual y violación fue redactado en 1934. Estuvo por ser modificado en 2005, y luego en 2014. Desde julio de 2015 el proyecto de reforma está siendo estudiado por la Comisión de Constitución, Código, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. Tal y como está redactado el código vigente, la pena por violación puede ir desde los dos años hasta los 12, y no hace distinción según la edad de la víctima. Por otro lado, está el delito de atentado violento al pudor, que son todos aquellos casos de abuso sexual que no incluyen penetración. Para este delito, la pena prevista es de ocho meses a seis años.

“Acá entramos en el campo de la nada por la nada, porque no hay pruebas claras como en una violación, y es muy difícil probar el abuso sexual, sobre todo cuando se trata de niños. Hay un montón de casos que quedan inciertos”, dice el abogado penalista Andrés Ojeda.

La semana pasada, durante un Consejo de Ministros, el presidente Tabaré Vázquez dijo acerca de los agresores sexuales que cometen un homicidio, que “el Código Penal tiene sanciones muy severas para estos delincuentes, 30 años la pena máxima más 15 de medidas de seguridad suman 45 años. Es un tiempo prudencial”. Sin embargo, Ojeda explica que “esta pena no está castigando al delito sexual sino al homicidio muy especialmente agravado”. También dijo que las medidas de seguridad “casi no se aplican”. Además, aclara que los 30 años pueden reducirse por trabajo o estudio (dos por uno), y que se puede pedir la libertad anticipada. A modo de ejemplo, explica que a Pablo Goncálvez (1) ) le fue negada la libertad anticipada, pero que sí redujo la pena de 30 años a 23 por estudiar y trabajar en prisión.

La Ley Integral contra la Violencia Basada en Género —que fue aprobada por el Senado— sustituye el atentado violento al pudor por el delito de abuso sexual, agrava las penas para los abusadores de menores y en los casos en que el victimario sea familiar, persona cercana o funcionario policial, educador o “responsable de atender la salud de la víctima”. Prevé una pena por inhabilitación para abusadores sexuales (limita sus lugares de empleo), y una reparación tarifaria para las víctimas.

Nota de Correspondencia de Prensa

1) Se trata del primer asesino serial en la historia uruguaya. Fue condenando por haber secuestrado y matado a tres mujeres jóvenes al inicio de los años 1990. Nacido en Bilbao en 1970, hijo de un diplomático uruguayo, miembro de la “alta sociedad” montevideana, residía en Carrasco, tradicional barrio de la burguesía. Educado en colegios privados de elite, cursó en la Facultad de Ciencias Económicas. Actualmente preso en Paraguay, fue capturado con un arma de 9 milímetros, llevaba además 21 cartuchos, 9.1 gramos de cocaína y un celular que le fue incautado en el momento de la detención, ocurrida el 23 de junio de 2017 en el barrio San Pablo, en la ciudad Salto del Guaira, fronteriza con Brasil.