América Latina

Con Alejandro Parellada, especialista en derechos indígenas

El perro del hortelano

No conocen fronteras, es que habitan el continente desde antes de que éstas fueran trazadas. Hoy se calculan en alrededor de doscientos los pueblos indígenas que viven en aislamiento en América Latina. Se concentran en el área amazónica y el Chaco paraguayo. Durante mucho tiempo su existencia no era conocida por los estados del continente. Hoy Venezuela es el único país que no la reconoce. Su principal amenaza es el extractivismo y el avance de las empresas sobre las tierras.

Alejandro Ferrari

Brecha, 17-11-2017 https://brecha.com.uy/

Alejandro Parellada es coordinador para América Latina del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (Iwgia, por sus siglas en inglés), una organización global con sede en Dinamarca fundada en 1968 dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. Argentino exiliado en Suecia a comienzos de los setenta, tiene un máster en historia de las religiones y antropología social de la Universidad de Lund y trabaja en temáticas de derechos de los pueblos indígenas en América Latina desde hace más de 25 años. Uno de los capítulos que ha venido acompañando es la realidad de los pueblos indígenas en aislamiento.

—¿Desde cuándo trabaja Iwgia con los “aislados”?

—Desde 1996. Empezamos con un seminario sudamericano que se hizo en Perú, en Pucallpa, sobre áreas protegidas y pueblos indígenas. A partir de entonces algunas organizaciones indígenas empezaron a mencionar la existencia de comunidades aisladas que vivían en áreas de protección, como parques nacionales, etcétera. Al mismo tiempo, estábamos involucrados en la titulación de tierras en Perú, donde en algunas comunidades que estaban escriturando la gente llamaba la atención sobre la existencia de individuos o comunidades aisladas.

Entonces se diseñó un programa de protección para estos pueblos a partir de una figura legal que en Perú se llamaba “reservas territoriales”, reservas temporarias de protección hasta que estos pueblos decidan integrarse o no a la sociedad nacional.

Se desarrolló una metodología de trabajo, primero, para demostrar ante el Estado la existencia de estos pueblos. En esa época ningún Estado de la región, a excepción de Brasil, sabía que había pueblos en condición de aislamiento.

Se hicieron una serie de trabajos antropológicos que estaban basados básicamente en entrevistar a comunidades aledañas, registrando historias de haber visto a esta gente.

Y entonces se empezaron a trazar las rutas migratorias de estos pueblos. Y con documentación que sustenta la existencia y las rutas migratorias se armaron propuestas ante el Estado peruano para el establecimiento de estas áreas de protección donde no puede haber actividades económicas y no pueden existir asentamientos humanos permanentes.

A partir de entonces comenzaron una cantidad de estudios, publicaciones, seminarios, en los que se incluyeron los otros países de la región donde existen comunidades en aislamiento.

Estos pueblos, que se calcula son alrededor de doscientos, están en los países del área amazónica más el Chaco paraguayo. Brasil es el que tiene más pueblos en aislamiento –cerca de cien– y fue el primero en reconocer su existencia. Allí la Fundación Nacional del Indio (Funai) estableció un trabajo específico. Al principio se practicaba la política del contacto: contactar con los pueblos para protegerlos. Posteriormente se estableció a nivel regional una política de no contacto, dejando que los pueblos mismos decidan si tienen contacto o no. Luego de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia reconocieron la existencia de pueblos en aislamiento. Venezuela sigue siendo el único país que no lo hace. Y en Paraguay se reconoce sólo a un pueblo: los ayoreos.

En general se trata de pueblos transfronterizos. Muchos de ellos tienen una ruta migratoria que cruza fronteras, entonces es una problemática más regional que nacional.

—Recuerdo el caso del genocidio del pueblo aché, en Paraguay, un pueblo selvático, obligado a sedentarizarse, esclavizado y diezmado en la dictadura de Stroessner. En aquel caso, ¿podía decirse que más que aislados fueron acorralados?

—Sí, la historia de los aché también está relacionada con el Iwgia, que se fundó cuando tomó forma la denuncia internacional del genocidio de este pueblo. Era la misma problemática, aunque no existía la categoría “indígenas en aislamiento”. Vivían en el monte, en la selva, y venían siendo acorralados, cazados, se los expulsaba del territorio. Los aché sobrevivieron, tuvieron una recuperación de tierras, mantuvieron el idioma. Fue un proceso en el que, por diferentes factores, pudieron sobrevivir como pueblo.

En la Amazonia ocurrió algo similar. Hubo pueblos que huyeron hacia el monte, escapando de epidemias y masacres, y que durante mucho tiempo habían vivido relativamente en calma y con buenos recursos naturales.

Ahora, con la búsqueda de nuevos recursos (para explotar), la penetración de empresas petroleras, mineras, obras de infraestructura como carreteras, etcétera, se vive una especie de tsunami en la Amazonia, una invasión de empresas extractivas y de inversiones. Entonces el contacto es casi inevitable. En algunos casos se da que ellos mismos, atraídos por cuestiones materiales –ollas, cuchillos, etcétera–, se acercan a otras comunidades para intercambiar y refugiarse nuevamente.

En algunos casos puede haber conflictos en el grupo, y una de las parcialidades decide establecerse en forma permanente en las comunidades aledañas.

Eso crea una serie de riesgos, porque normalmente es gente que no tiene un sistema inmunológico muy desarrollado, entonces en algunos casos se han producido enfermedades mortales por cuestiones bastante sencillas.

En los últimos años se han producido bastantes muertes. En estos casos, en general lo que ocurre es que hay contacto no deseado que muchas veces resulta con muerte; operarios de empresas, madereros, etcétera, que se sienten agredidos, crean situaciones violentas, y normalmente los no indígenas entran con armas de fuego.

—¿Cuál es el trabajo actual del Iwgia con los aislados? ¿Cuál es la “foto” 2017 de los indígenas aislados en América Latina?

—Hay varias organizaciones que trabajan en el tema. Se intenta coordinar con otras instituciones, organizaciones indígenas sedentarizadas, nacionales, regionales, locales, en estos países. Se han desarrollado políticas particulares orientadas a la protección de los aislados.

Tratamos de apoyar algunas de estas iniciativas e impulsar acciones a nivel regional, desde el intercambio de experiencias de protección, hasta actividades y mecanismos de derechos humanos, como es la Comisión Interamericana (Cidh), la Relatoría de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y otros mecanismos dentro de las Naciones Unidas (Onu) que pueden ser relevantes para desarrollar políticas de protección.

En un momento la Onu desarrolló las Directrices de Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Eso fue un proceso en el que participamos. Son la base de los mecanismos de protección, producto de una serie de reuniones, talleres, hasta consensuar un documento.

Se les solicitó a la Cidh y la Onu que ejerzan una presión adicional sobre los gobiernos.

Hoy, a excepción de Venezuela, ya no es un tema de discusión si existen o no los pueblos en aislamiento. Eso ya es un avance importante. Pero al mismo tiempo que hubo avances normativos importantes –formalmente se han aprobado una serie de leyes, de mecanismos–, en la práctica hubo un retroceso. Porque estos derechos no son implementados debidamente. Cada vez se prioriza más la inversión (y la explotación de las empresas) y se debilitan los derechos de los aislados.

Muchas veces hay conflictos de intereses entre los diferentes ministerios. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la discusión es esa. Un gobierno indígena, progresista, por un lado, y, por otro, unos pocos indígenas que pueden frenar el desarrollo nacional. Porque muchas veces estas comunidades están en áreas ricas, por ejemplo, petroleras. Un pequeño conflicto fue la aparición o la supuesta aparición de pueblos en aislamiento en la frontera Perú-Bolivia; aparentemente serían del grupo étnico de los mashco-piros, y entraron al territorio boliviano en una zona en la que se está haciendo prospección petrolera. Entonces se pidió la paralización de la actividad petrolera en esa zona, cosa que tiene implicaciones económicas importantes.

En la audiencia (de la Cidh, en Montevideo, a finales de octubre pasado, titulada “Situación de derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco”) se demostró la dificultad para que se acepten estas áreas de protección, o las que se establecen son demasiado chicas y dan de ese modo prioridad o preferencia a la extracción petrolera. Es el caso de Ecuador.

En el caso de Colombia, donde hay menor cantidad de pueblos en aislamiento, el problema se ha dado principalmente con el conflicto armado. Por ejemplo, a un pueblo de contacto reciente, como los nukaks –que se contactaron hace 20 años–, el gobierno les asignó un territorio muy grande, pero desgraciadamente era una zona de cultivos ilícitos, de actividades de las Farc y los paramilitares. Tuvieron que salir de ahí e irse a vivir a un centro urbano en situaciones paupérrimas.

—¿Cuál es el papel que juegan las instituciones como la Cidh?

—En mi opinión, la Cidh sigue siendo uno de los mecanismos más interesantes de derechos humanos, y tuvo un papel fundamental en la época de las dictaduras.

Sin embargo, incluso los gobiernos progresistas que en su momento hicieron uso de la Cidh argumentan que (los problemas de los pueblos indígenas en aislamiento) son cuestiones nacionales que tienen que resolverse a nivel interno y no por una instancia supranacional.

Entonces, sentar al gobierno junto con las organizaciones indígenas de por sí ya es importante, porque muchas veces no ocurre en sus países, sino que esto se tiene que dar en espacios internacionales. Existe un mayor diálogo en estos espacio. Por ejemplo, con Paraguay tenemos algún tipo de involucramiento: los procesos de solución amistosa para la recuperación de tierras para los ayoreos (parte de ellos pueblos aislados y otros sedentarizados). Una parte muy importante del territorio que la Cidh pidió sea devuelto a los indígenas son tierras privadas y el Estado tiene que comprarlas. Entonces, lo que se pide es que el gobierno paraguayo adjudique parte de su presupuesto a la compra de estas tierras. Esto ha acompañado un proceso de solución amistosa con reuniones de negociación. Son procesos impulsados por la Cidh.

Cuando no se consigue una solución por esta vía, los casos pasan a la Corte Interamericana. Hubo fallos, que crearon jurisprudencia, que obligaron a los estados a resarcir a comunidades por daños ambientales por . actividades petroleras, por ejemplo.

—Pensar en el tema de los aislados, ¿sería como revivir la historia del encuentro del colonizador con el aborigen en la conquista de América Latina?

—Sí, muchos de sus antepasados huyeron de epidemias o de masacres, han tenido algún mal recuerdo del contacto con las sociedades nacionales. Pero sí, es una situación bastante particular en la que por razones obvias no existe un diálogo de igual a igual, entonces hay que activar otros mecanismos, otras formas de relacionamiento, y tratar de aprender del pasado, de lo que se hizo mal.

Ahora, lamentablemente todo indica que hay situaciones preocupantes, y por pensar que es poca gente –pues se trata de familias o pueblos muy pequeños–, muchos opinan que no pueden ser una barrera para el desarrollo.

—Quizás este punto de conflicto entre indígenas y desarrollo se plantee también con otras realidades indígenas, especialmente con la cuestión de la tierra y su propiedad.

—Es un conflicto que hay que discutir y resolver. Y en ello el Estado tiene un papel importantísimo, de aceptar que son ciudadanos de su país con derechos particulares.

Alan García, el ex presidente peruano, hablaba de los indígenas amazónicos como “el perro del hortelano”; no explotan los recursos naturales y tampoco dejan que los demás los exploten. Él tenía esa teoría sobre los indígenas en general.

Hay un reconocimiento normativo y formal que de hecho es muy limitado, debería ser muchísimo mayor.