Uruguay

La falta de controles en el trabajo rural

“Qué lejos está mi tierra”

A pesar de las manifestaciones de escándalo que rodearon el caso del castigado peón salteño (ver nota aparte), sigue sin haber modo de comprobar hasta qué punto la ley de ocho horas rige campo adentro. La política del Ministerio de Trabajo apunta a consensuar soluciones con los empresarios del agronegocio. En este panorama las buenas noticias vienen de abajo: los asalariados denuncian más y buscan soluciones autogestionarias.

Salvador Neves

Brecha, 3-10-2017  https://brecha.com.uy/

A pesar de las manifestaciones de escándalo que rodearon el caso del castigado peón salteño, sigue sin haber modo de comprobar hasta qué punto la ley de ocho horas rige campo adentro. La política del Ministerio de Trabajo apunta a consensuar soluciones con los empresarios del agronegocio. En este panorama las buenas noticias vienen de abajo: los asalariados denuncian más y buscan soluciones autogestionarias.

En alguna actividad rural la limitación a ocho horas de la jornada laboral precedió 75 años al primer gobierno del Frente Amplio (FA). El artículo 8 de la ley 9.991 del 20 de diciembre de 1940 estableció que “el horario de trabajo en los arrozales será de ocho horas, dividido en dos jornadas de cuatro horas, debiendo mediar entre ellas, por lo menos, un espacio de tiempo de una hora”. Para el historiador del movimiento sindical Yamandú González la norma fue consecuencia de la “primera huelga ‘moderna’ del proletariado rural de Uruguay”. Sucedió en 1932 en los arrozales de Treinta y Tres y fue violentamente reprimida con el concurso de la Policía y el Ejército. Pero “si (de aquella ley) hay algún artículo que se ha cumplido –escribió Gutemberg Charquero en Marcha 14 años después de su aprobación–, ese debe ser el último, aquel que dice: ‘comuníquese, archívese, etcétera’”. (1)

Olvídese, etcétera

Seis décadas después de aquella nota, el mundo parece otro. Antes “las condiciones eran siempre pésimas. Trabajabas diez, doce horas (…). Trabajabas más, ganabas menos. Y ahora muchas cosas han mejorado en pila, principalmente el sueldo”, decía en setiembre de 2014, para un spot empleado en la campaña electoral del FA, Daniel Humberto Silvera, “Pirulo”, miembro fundador del Sindicato Único de Peones de Estancia e integrante de su dirección.

Silvera era capataz en dos de las 14 estancias del contador Diego Ramón Ortiz, propietario también de los frigoríficos Frigocerro, en Durazno, y Agroindustrial del Este, en Treinta y Tres. Pero como por ocuparse de las 5.600 hectáreas que sumaban los dos campos Ortiz le pagaba a Silvera sólo 12.200 pesos por mes, omitiendo además liquidarle licencias, salarios vacacionales, aguinaldos y horas extras, el trabajador osó reclamar lo que las leyes le acordaban. Ortiz aceptó lo reclamado y acordó una forma de pago de los haberes adeudados, pero 13 días después de pactada la fórmula despidió al trabajador.

Éste acudió ante la justicia demandando su reintegro. Ortiz insinuó entonces que Silvera sería responsable de cierto faltante de ganado y el juez convalidó el despido. Sin embargo, una inspección del Sistema de Información y Registro Animal del Ministerio de Ganadería comprobó que el estanciero tenía más bichos de los que declaraba, no sólo ante el juzgado sino a los efectos del pago de impuestos, por lo que su credibilidad, en este punto, se desmoronó.

Con esos elementos Silvera recurrió la sentencia en primera instancia, pero hubo una acusación que no pudo levantar: la de haber permitido que se filmara el spot proselitista en campos de su patrón. El 21 de octubre de 2015 el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4º Turno ratificó la resolución del juez y, aunque la causa llegó a la Suprema Corte, el 29 de febrero de 2016 el máximo órgano judicial confirmó lo sentenciado.

Y podrían seguirse enumerando ejemplos acerca de la enorme distancia existente entre los derechos que las normas disponen para los trabajadores del campo y aquellos de los que efectivamente disfrutan, tantos que es difícil no asumir que esa discordancia es, para las personas algo atentas a esas cosas, un hecho obvio.

La ley 18.441 que la legislatura pasada aprobó estableciendo que “la duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias”, blandida insistentemente a la hora de disputar electores e invocada con unción con motivo de los atropellos cometidos el 20 de setiembre pasado en la estancia de Ernesto Estévez, en Salto, no ha sido siquiera reglamentada.

“En tiempos de Mujica llegó a haber un borrador de reglamentación, pero quedó en algún cajón”, afirmó una fuente del Ministerio de Trabajo. Esto no significa que carezca de vigencia. Pero mientras no haya disposiciones reglamentarias que establezcan mecanismos adecuados para controlar su aplicación, su nivel de cumplimiento será un misterio.

Es cierto que el último artículo de la norma creó una comisión de seguimiento para verificar su cumplimiento. La integrarían representantes del Poder Ejecutivo y los delegados nombrados por los empresarios y los trabajadores para los consejos de salarios del sector. A los 15 meses de aprobada la ley, la comisión “deber(ía) presentar un informe evaluatorio de la aplicación del nuevo régimen, así como las eventuales correcciones o modificaciones que considere pertinentes”. Por lo tanto, en abril de 2010 el informe debía estar listo. Lo cierto es que el organismo nunca se constituyó.

Desparejo

De otros aspectos del trabajo rural puede hablarse con cierta seguridad. Según el último censo agropecuario (2011), 49 por ciento de los asalariados de ese sector están en la ganadería de carne y 13 por ciento en la de leche, un 12 por ciento se dedica a la hortifruticultura (incluyendo viñedos) y un 10 por ciento a la agricultura de cereales y oleaginosos. De acuerdo a los registros del año pasado del Banco de Previsión Social, son rurales 9 por ciento de los trabajadores de la actividad privada, unos 90 mil. Son 15 mil menos de los que había en 2011, pero a estos números habría que sumar los trabajadores no declarados.

“Aunque se ha avanzado muchísimo, hay que decir que el informalismo de este sector es más o menos de un tercio”, aseguró a Brecha Gerardo Rey, inspector general de Trabajo y Seguridad Social. Se considera que en el país la proporción de informales es de un 25 por ciento, pero algo menos de la mitad son cuentapropistas, por lo que la cantidad de asalariados en negro en todo el territorio andaría en realidad en un 15 por ciento. En cambio, ese tercio de trabajadores en negro que cumplen tareas en el sector agropecuario estaría compuesto casi exclusivamente por personal dependiente. “Es probable que el informalismo de los rurales tenga en algunos lugares registros superiores al de las empleadas domésticas, aunque no todos los sectores son igual de incumplidores. Un ejemplo claro: el arroz cumple más que la ganadería, y en el norte del país el incumplimiento es mayor que en el sur, tanto en materia de formalización como de respeto a las normas de seguridad y salud en el trabajo. En los sectores con mayor sindicalización el informalismo y las condiciones de trabajo tienen mejores registros que allí donde los sindicatos están ausentes”, precisó el inspector.

Las rutas recorridas por la dependencia que Rey dirige también aportan una idea de los rubros percibidos como problemáticos. “Este año los operativos fueron intensos en el arroz. En 2015 hicimos avícolas, pero esencialmente por denuncias. Tomando como insumo lo que hicimos ese año en Montevideo y Canelones, en 2016 extendimos el operativo a toda la avicultura. Este año hicimos hincapié también en el citrus. Y encaramos un debe que teníamos, que no es precisamente rural: los frigoríficos, donde hay una enorme disparidad. Hay ejemplos de cumplimiento de la normativa y ejemplos de lo que no hay que hacer, al punto que en Frigocerro, luego de una sucesión de multas, el ministro tuvo que clausurar la actividad por seis días, que es la máxima sanción imponible por incumplimiento de la normativa laboral. Aspiramos a intensificar nuestro trabajo sobre el sector ganadero porque hay bastante evidencia de que es muy incumplidor. Es mucho más difícil, es mucho más costoso, pero también es cierto que desde el año pasado tenemos una buena flota de vehículos, y seguramente podremos intensificar nuestro control sobre ese sector el año que viene”, estimó el funcionario.

Ministerios

Pero respecto al cumplimiento de la ley de ocho horas seguimos a oscuras. No aparecen las medidas específicas destinadas a echar luz sobre el punto. “Verificar los asuntos de seguridad y salud es relativamente sencillo, dicho esto en el sentido de que cuando llega el inspector verifica unas ciertas condiciones que no pueden ser cambiadas por la empresa, y entonces eso es sobre lo que se actúa. ¿Pero cómo se controla el cumplimiento de las ocho horas? Si se llega durante el horario definido para el trabajador, y éste, después de que el inspector se va, se queda y hace una jornada de 12 horas, el inspector no podrá asentar como una infracción la no limitación de la jornada laboral. Por eso la inspección debería contar, en primer lugar, con un decreto que reglamente la aplicación de la jornada de ocho horas, y ese decreto no existe, y en segundo lugar, debería ir dos veces al establecimiento, y eso no es habitual”, apuntó a este semanario un funcionario de larga andadura en estas fiscalizaciones.

“Los temas probatorios son los complejos”, admitió el inspector general, por su parte. “En una fábrica hay por lo menos tarjetas de cartón donde dice desde qué hora hasta qué hora se trabajó y cuánto se descansó. En el campo no tenemos eso. Entonces en el reclamo de las horas extraordinarias los elementos probatorios son escasos para el trabajador rural. Ese es un punto que hay que corregir”, asumió Rey.

¿Pero por qué –a seis años de aprobada la ley– no se ha avanzado en eso? El catedrático en derecho laboral y asesor del Pit-Cnt Héctor Zapirain fue categórico cuando Brecha se lo preguntó: “Es una política del Poder Ejecutivo”. La respuesta de Rey de algún modo lo ratificaría: “Nosotros nunca renunciamos a las potestades que tenemos de sacar las cosas unilateralmente, pero preferimos recorrer el camino del consenso. El año que viene tendremos la ronda salarial más grande de la historia. De repente un punto importante de la discusión podría ser establecer un mecanismo de documentación de las horas trabajadas en el medio rural. Hay que verlo con los actores sociales, porque no se puede sacar una reglamentación con la óptica que uno pueda tener sin la consulta a los actores. Después puede ser que no llegues a un acuerdo, y nosotros no renunciamos al ejercicio de nuestras facultades. Pero la impronta de este ministerio –no hablo por mí– es el consenso”, declaró el funcionario.

¿Pero tiene sentido seguir difiriendo la solución a la espera de un empresariado que tan escasa voluntad de acuerdo viene mostrando en los consejos de salarios? Tal vez lo tendría si se estimase que las cosas podrían ser peores. “Valorando particularmente que la Asociación Rural ha sido de las entidades empresariales que más discrepancias han tenido con el conjunto de las políticas de los gobiernos del Frente, a mí me pareció muy bueno que, cuando pasó lo de Salto, la Asociación Rural se expresara diciendo que no comparte ese tipo de prácticas”, comentó el inspector general.

“Nada podemos esperar sino de nosotros mismos”, decía don Pepe Artigas, anticipándose varias décadas a la frase de idéntico sentido que proclamarían los primeros sindicatos uruguayos y que parece estar ganando terreno bastante más allá de la estancia de Estévez. Al menos en esa dirección parece ir la información surgida del procesamiento de las denuncias presentadas ante el ministerio. “En los últimos tres años el número total es aproximadamente el mismo, pero las del Interior están superando a las de Montevideo, y este año la tercera parte de las denuncias del Interior han pasado a ser del sector rural. ¿Quiénes son los denunciantes en el sector rural? El 20 por ciento son sindicatos, pero el 80 por ciento son trabajadores individuales. Entonces podemos decir –interpretó Gerardo Rey– que la gente se está apropiando de esta herramienta.”

Marcelo Amaya, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales, no cuestionó este último razonamiento, y parece bastante claro que la creciente urbanización del proletariado rural y los años de buenos precios y bajo desempleo se combinaron con las políticas públicas para generar un clima más propicio a que los trabajadores del campo demanden sus derechos. Sin embargo el dirigente cree que buena parte de esas denuncias versan sobre cuestiones de seguridad y salud laboral, que pueden realizarse anónimamente. “Cuando hay que discutir cuestiones de salario u horas extras, hay que dar la cara. Y ahí la cosa es distinta”, advirtió.

Urgencias mayores

Pero un aspecto que está generando preocupación creciente entre los sindicalistas del sector agropecuario es el manejo de los agroquímicos. El uso de herbicidas es particularmente intenso en el caso del arroz, con el que compiten malezas como el capin, una herbácea africana que entró por la frontera brasileña a mediados del siglo pasado: “La especie coloniza gradualmente los tapices (no respetando ni tipos de suelos, ni manejos) (…) ocasionando finalmente la pérdida total (eliminación) de las especies originales y el deterioro significativo de la capacidad productiva de los campos”, advierte el sitio web del Ministerio de Ganadería.

Las historias de trabajadores del sector cuyas enfermedades se asocian al contacto con los agroquímicos son muchas, pero los diagnósticos son polémicos, por lo que Amaya prefirió referir a Brecha los casos con los que convivió en sus años de trabajo en el arrozal Mangrullo: “Éramos 37 y hubo cuatro casos de enfermedades aparentemente inexplicables. Uno se terminó definiendo como cáncer. Le ocurrió a un compañero que trabajaba donde depositaban los tanques de 200 litros de propanil (un herbicida). Era un trabajador muy obsecuente con la empresa. Teníamos debates: decía que nuestros patrones no eran como el promedio y yo le retrucaba que para ellos sólo éramos un número. El compañero vivía en una casa proporcionada por la empresa, donde también estaban su hija, su yerno y su nieta. Yo tenía un hermano que vivía cerca de él. Un domingo, estando ya él en tratamiento, llegamos a visitarlo. Yo veía que el hombre no me encaraba. Cuando me hablaba agachaba la cabeza, miraba al piso. Hasta que en determinado momento alzó el rostro, me miró a los ojos y me dijo: ‘El patrón me pidió la casa, me pidió que me fuera’. Supe que no quiso que la empresa le cargara la mudada. Prefirió pedirle ayuda al anterior empleador, con el que había trabajado veinte años atrás. Murió al poco tiempo”.

En otros casos las enfermedades empezaron afectando el sistema nervioso: “Un compañero quedó sin poder caminar y luego falleció. Trabajaba en el escritorio, pero hay productos prohibidos acá que se usan en Brasil, donde tienen un valor muy alto, y por eso se guardan en la oficina. Este trabajador, encargado de las compras, trasladaba esos productos. Otros dos compañeros que conducían camiones en los que se trasladaban agroquímicos, y que a veces participaban de su preparación, se enfermaron de la misma manera y uno de ellos también falleció. En esos dos casos el diagnóstico fue difuso. En el caso de Johny, un compañero al que se le diagnosticó alergia severa, sí se estableció el vínculo con los agroquímicos. Me cuentan que todavía tiene que internarse en la época de las fumigaciones”.

Julio de los Santos trabajaba en el Arrozal 33. Todavía vive allí pues su esposa sigue trabajando para la empresa. Es herrero. Reparaba la maquinaria usada en las fumigaciones. Construía cañerías con tanques de agroquímicos en desuso. Empezó con un dolor en la espalda. Los calmantes administrados no funcionaban. Le hicieron placas y los médicos empezaron a hablar de una micosis pulmonar, pero el tratamiento seguía sin resultar. Entretanto se le despertó una diabetes. Resultó internado en el Cti durante más de una semana. Hubo nuevas placas y se concluyó que ahora sus pulmones lo que padecen es fibrosis: “Los médicos me explicaron que los pulmones se resecan y se empiezan a agrietar”, dijo De los Santos al semanario. La dolencia sobreexigió su corazón, a causa de lo cual se le agrandó. El Banco de Seguros comprobó el carácter de “enfermedad profesional” de su dolencia asociándola a su exposición a los químicos y le fijó una renta, pero está tramitando su jubilación. El miércoles pasado le informaron que es posible que haya que ponerle un marcapasos y que sus riñones también estén siendo afectados. Tiene 43 años.

Para Amaya la recientemente aprobada ley de riego hace aun más apremiante la preocupación. La disponibilidad de agua es una de las razones que explican la fortaleza de los yuyos contra los que los arroceros fumigan. “Seguramente se van a incorporar otros herbicidas en la medida en que se use riego en otras producciones, pues van a venir malezas similares a las que se combaten en el arroz”, advirtió el dirigente.

Como Silvera, Amaya fue despedido de la empresa en la que cumplía funciones cuando se reanimó el sindicalismo rural. Silvera es ahora capataz en la Colonia Emiliano Zapata que el Sindicato de Peones de Estancia tiene en Tacuarembó, y Amaya, por su parte, participa de un emprendimiento colectivo de producción lechera y cría de cerdos que aspira afincarse también en tierras de Colonización en costas del Tacuarí, Cerro Largo. Porque también hay vida más allá del salariado.

Nota

1) Los olvidados de la tierra. Vida, organización y luchas de los sindicatos rurales (Nordan Comunidad, Montevideo, 1994). La nota de Charquero se publicó en Marcha, 21-V-1954.

El caso de Salto

Al tranco

A cuarenta y cinco días de la golpiza sufrida por Hugo Leites en la estancia Flor de Ceibo el caso continúa sin avances. Todo ha discurrido sin apuro. La denuncia registrada por la comisaría correspondiente a la Seccional 5ª del departamento de Salto el 20 de setiembre seguía sin ser adjuntada al expediente siete días después, cuando se realizó la hasta ahora única audiencia. El informe de la Inspección General del Trabajo también tardó lo suyo en reunirse con el resto de la documentación debido a que hasta el 11 de octubre el ministerio no había recibido el oficio solicitándolo.

Recién el 24 de ese mes el paquete completo llegó a manos del fiscal Ricardo Lackner. El asunto tiene sus complejidades y es de esperar que la fiscalía se tome quince o veinte días para resolver su pronunciamiento, lo que hace suponer que éste se produzca entre la semana que viene y la otra.

Parece no haber disputa sobre la responsabilidad del capataz, quien en todas las instancias ha asumido la autoría de los rebencazos recibidos por Leites. En cambio, Ernesto Estévez, el patrón, a pesar de que fue informado inmediatamente de la agresión por el propio capataz, negó haber advertido que Leites estaba herido. No se sabe que haya dispuesto ninguna sanción contra el agresor ni tampoco ha querido mostrar buena disposición para resolver la contienda material: de ofrecer inicialmente 40 mil pesos pasó a proponer en la Dirección Nacional de Trabajo 23.800, por lo que este aspecto deberá dirimirse en la justicia civil.

Marcelo Silva, el magistrado que venía atendiendo la causa penal, fue ascendido y el viernes 27 pasó a desempeñar la titularidad del juzgado de Young. Ayer todavía no había sido designado su remplazante, y esto puede llegar a estirar aún más los plazos.

Hugo Leites, entre tanto, sigue buscando trabajo.