Uruguay

Encuentro Antimanicomial

Estamos locos, sabemos lo que queremos

Falta mucho por recorrer con los nuevos lineamientos que supone la ley de salud mental para dejar atrás ochenta años de encierro, locura y muerte. A menos de dos meses de su promulgación y con el pomposo anuncio del cierre definitivo de los manicomios, qué opinan usuarios, trabajadores, organizaciones y jerarcas sobre la implementación de la ley.

Azul Curdo

Brecha, 13-10-2017 http://brecha.com.uy/

El pasado martes 10 se celebró un nuevo Día Mundial por la Salud Mental; el lunes, el centro de Montevideo fue atravesado por la “VI Marcha por salud mental”, y durante ambos días la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) albergó el V Encuentro Antimanicomial. En el salón de actos, la pancarta de la Asamblea Instituyente, con una cabeza de cebra pintada, afirmaba: “Rayados estamos todos”, pero seguramente no todo el público estuviera de acuerdo.

Mayor coincidencia hubo al señalar que, a un mes y medio de promulgada la ley de salud mental (19.529) –que deja en el pasado a la ley del psicópata, de 1936–, hasta ahora sólo ha habido cambios retóricos, y ni tanto, si pensamos en lo chocante que resultó para usuarios, sus familiares y para los integrantes de las organizaciones que trabajan el tema, que se defina al destinatario de la política bajo la figura de “trastornado mental”.

“La izquierda piensa que por decir ‘derechos humanos’ son derechos humanos, y siguen haciendo lo que ellos pensaban hacer, sin tomar en cuenta lo que decimos. Nos trajeron a su lado para hacernos parte de su fracaso”, dijo el integrante del Ielsur y comisionado en derechos del niño para las Naciones Unidas, Luis Pedernera, al cerrar el encuentro. Lo escucharon psicólogos, integrantes de la Asamblea Instituyente y organizaciones sociales, enfermeras y funcionarias de la Colonia Etchepare. Hubo aplausos contados y sentidos. Soledad Parietti, referente de la Asamblea, abrazó a unos y otros. “Tenemos que abrazarnos más”, invitaba, y subía sus puños con ganas de seguir luchando.

Una hora antes, Pablo Silva, presidente de la Comisión Interna del hospital Vilardebó, había reiterado al menos cuatro veces que ese nosocomio no es un espacio para la “rehabilitación”. Que ésta se produce “de la reja para afuera”. Que en el Vilardebó se hace la “compensación del paciente”, lo que significa “cuatro o cinco electroshocks… y se va bien”. Pero, criticó, la persona “vuelve a la semana al hospital porque no hay rehabilitación ni contención familiar e institucional afuera”.

Se diferenciaba así de lo dicho antes por la licenciada en enfermería, Carla Serra, quien habló de los cambios paulatinos que se van dando en la Etchepare para transformarla en un centro de rehabilitación. Ella recalcó que para cambiar el modelo de atención es necesario trabajar en el ámbito interinstitucional y que se puede trabajar la rehabilitación durante la internación. Pero remarcó que se requiere capacitar a todos los trabajadores en la perspectiva de derechos y salud mental para empezar a considerar a los pacientes como sujetos de derechos, contratar a más profesionales formados en modalidades alternativas al encierro y que las familias de los usuarios acompañen los tratamientos. “La habilitación de un paciente para que vuelva a la sociedad es difícil si no hay familia, entorno o redes en el territorio que acompañen”, dijo.

Luego Silva criticó a Asse. Opinó que se hacen obras nuevas en otros hospitales del país, menos en el Vilardebó, y que los trabajadores de la salud mental no cuentan con el respaldo político de la administración. A su vez, se preguntó si Asse no querrá cerrar el hospital “por la vía de los hechos”, vaciándolo de recursos humanos y materiales.

Si bien el sindicalista dijo que los funcionarios están a favor en “un 80 por ciento” del contenido de la ley, se preguntó “de qué sirve modificarla si los recursos van a ser los mismos”; dijo también –como ejemplo de una atención insuficiente– que hoy cuentan con un enfermero cada 35 pacientes y reclamó que se contraten unos 20 enfermeros más.

Serra y Silva coincidieron en que los trabajadores no quieren el cierre de las estructuras asilares y monovalentes (colonias y hospitales psiquiátricos) y que además no creen que sea posible lograrlo para el año 2025, como indica la nueva ley.

“No vemos como algo real el cierre a 2025 porque (las autoridades) no nos dicen qué dispositivos alternativos van a poner”, dijo Serra. “Tampoco vemos recursos financieros ni humanos que alcancen. Tenemos claro que el modelo de asilo caducó y estamos dispuestos a transformarnos, pero sin perder puestos de trabajo. Si no hay planificación ni estrategia, nada nos garantiza que la ley se cumpla.”

Consultado sobre estas opiniones, Ariel Montalbán, asesor responsable del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud (MS), dijo a Brecha que la promulgación de la ley es muy reciente y, por el momento, se están reuniendo las áreas estratégicas del ministerio para trabajar en la reglamentación de la norma. Entre Epidemiología, la Junta Nacional de Salud, Economía de la Salud y el área jurídica están recogiendo insumos para reglamentar el articulado en seis meses.

A su vez, deben conformar la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, prevista en el artículo 41, compuesta por dos representantes del MS (uno de ellos presidirá la comisión), tres miembros de la Udelar (de Medicina, Psicología y Derecho, respectivamente), uno de las sociedades científicas vinculadas a la salud mental, un representante de las organizaciones “más representativas de las personas con trastorno mental”, un representante de organizaciones de los familiares de usuarios de la salud mental, un representante de las organizaciones de la sociedad civil en salud mental y derechos humanos.

Montalbán añadió que se reunirá con la Inddhh, institución que la Asamblea Instituyente y otras organizaciones proponían para presidir la Comisión de Contralor, señalando que si ese órgano lo preside el MS, es difícil que éste se monitoree de forma imparcial. A la vez, se reunirán con miembros del Poder Judicial para fomentar la formación y sensibilización de jueces de cara a la implementación que supone cambios en las órdenes de internación voluntaria e involuntaria, así como en las notificaciones que deben hacerles llegar desde los centros de salud.

Ante la resistencia de los trabajadores a cerrar hospitales y colonias, Montalbán opinó que esto es parte del proceso de cambio de paradigma, que supondrá una construcción colectiva, con consensos y desacuerdos: “Ellos fueron invitados a participar en todo el proceso de discusión del proyecto de ley y serán convocados para ser consultados sobre la implementación del Plan Nacional de Salud Mental. Pero participación no es hacer lo que yo quiero, es trabajar juntos, replantearse prácticas y estructuras institucionales que tenemos muy arraigadas”.

El jerarca tiene claro que la ley aprobada no obtuvo un cien por ciento de satisfacción de ninguna de las partes, pero remarcó que esto “marca un camino” para trabajar desde un paradigma de derechos humanos.

Respecto al reclamo de más recursos por parte del funcionariado, Montalbán dijo que están evaluando la demanda de servicios y la prevalencia de enfermedades mentales en Uruguay para calcular cuánto se gasta hoy en sostener estructuras asilares. Es decir que no han estimado todavía un presupuesto necesario para el cambio, aunque dijo estar “convencido” de que el modelo nuevo “será más barato” que el actual. Esto implicará “dispositivos alternativos” que no fueron detallados en la ley, si bien podrían ser casas de medio camino y centros comunitarios abiertos, además de establecer como prioritario el primer nivel de atención en salud para atender estos casos.

“Dijeron que participamos, pero (en la ley) no hay ningún cuidado para el usuario. Dicen que va a haber interdisciplinariedad, pero después no desarrollan cómo, ni explican dónde estaría eso en la internación y en el egreso de la institución; dicen que el plazo máximo de internación son 45 días, pero hasta que se expida el juez pasará mucho más tiempo”, criticó Soledad Parietti, en diálogo con Brecha, al término del Encuentro Antimanicomial, dejando en claro que: “Esta ley no nos representa”.

La mujer de mediana edad, referente de la lucha por la desmanicomialización, consideró que el cierre de las colonias y del Vilardebó “es dificilísimo”, pero enseguida agregó que “así como está, no se puede seguir”. Luego contó que su proyecto en el corto plazo es hacer un grupo de usuarios, “sin que haya alguien que nos diga ‘hasta acá llegaste’, como pasa en muchos centros de rehabilitación”. Desea que este grupo se pueda juntar en la “casa instituyente” que quieren abrir pronto. Allí venderán las empanadas que producen en cooperativa, organizarán charlas informativas, habrá asesoramiento jurídico del Ielsur y jugarán a las damas o al dominó.

Desde el colectivo de comunicación participativa Radio Vilardevoz agregaron que este año marcharon “para reivindicar que las personas que en algún momento sufrimos, tenemos derecho a ser respetadas y bien tratadas. Marchamos con la ley de salud mental aprobada, sabiendo que queda mucho por hacer y exigiendo recursos para que en el año 2025 no haya más manicomios en Uruguay”. “No nos gusta que nos llamen ni nos traten como enfermos, discapacitados o trastornados”, siguieron. “Somos personas, locos, sí. Locos por amar, por reír, por juntarnos, por intentar ser felices en un mundo que excluye y aísla.”