Bolivia

Indígenas acusan al gobierno boliviano de beneficiar a cocaleros a expensas de sus comunidades

La Diaria, 10-8-2017  https://ladiaria.com.uy/

El Congreso de Bolivia aprobó una ley que permite la construcción de rutas y caminos en el parque nacional Tipnis, que había sido declarado patrimonio “intangible” por el gobierno de Evo Morales. La norma contó con el respaldo del oficialismo y se prevé que sea promulgada en estos días por Morales, que la ha defendido con el argumento de que no obedece a un deseo del gobierno sino de la población local. Por su parte, la oposición y un sector de los habitantes de esa reserva natural rechazan la propuesta.

El Senado boliviano, de mayoría oficialista, aprobó ayer una ley que anula la condición de “intangible” atribuida al Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (Tipnis). La aprobación de esta norma implica el regreso de una polémica que en 2011 mantuvo en vilo al gobierno de Morales y que fue saldada, justamente, declarando “intangible” ese territorio. Esa solución llegó después de una larga serie de protestas y de que una marcha de indígenas llegara a La Paz para manifestarse contra los planes de construir allí una carretera.

El parque Tipnis es una reserva de unos 1,2 millones de hectáreas que se encuentra en el centro de Bolivia, en la frontera entre los departamentos de Beni y de Cochabamba. Allí viven unos 14.000 indígenas de tres etnias –trinitaria-moxeña, yuracaré y chimán– en 69 comunidades diferentes.

Ahora, como en 2011, se propone la construcción de una ruta que comunique ambos departamentos por el camino más corto, atravesando el parque.

El gobierno defiende esa construcción. La considera necesaria para avanzar en el desarrollo del país en términos de infraestructura y argumenta, entre otras cosas, que favorecerá el acceso a servicios públicos en el parque y el comercio dentro del país. En la misma línea, el representante de la Organización Mundial de la Salud en Bolivia, Fernando Leanes, ha manifestado que es necesario el desarrollo de caminos dentro del parque y argumentó que en determinadas zonas es necesario caminar hasta siete días para recibir atención médica.

Del mismo modo, el senador oficialista Erwin Rivero, que representa a Beni, dijo en la votación de la norma que la construcción de infraestructura vial en el parque es necesaria para “llegar con ayuda, con hospitales y escuelas” a la zona.

Los habitantes del lugar rechazan estos argumentos y dicen que el gobierno impulsa la construcción de la carretera para beneficiarse, algo que este último niega. “No es una iniciativa del gobierno”, dijo Morales en una entrevista con el diario El Deber, en la que sostuvo que la propuesta fue de algunas de las comunidades indígenas que viven en el parque.

El presidente señaló que si la construcción se hubiera iniciado en 2011 ya estaría terminada y criticó a aquellas comunidades indígenas que no la respaldaron en ese momento y ahora la piden. “Hagamos nosotros o no hagamos, en cualquier momento los indígenas abrirán ese camino. Tarde o temprano, habrá un camino por el Tipnis, con Evo o sin Evo”, dijo el presidente. Por su parte, diputados y senadores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han sostenido que cualquier obra se hará respetando el medioambiente y previa consulta con las comunidades indígenas que podrían verse afectadas por estas construcciones.

En cambio, la oposición y dirigentes indígenas dicen que el gobierno quiere permitir que cocaleros se instalen en el Tipnis para que el MAS se asegure su respaldo en las elecciones presidenciales de 2018.

En el Senado, antes de que se aprobara la ley, el senador Óscar Ortiz, de la opositora Unidad Demócrata, aseguró que buscará los caminos para evitar la entrada en vigor de la ley que, sostuvo, es inconstitucional. Durante la votación en el Senado, afuera del Parlamento se desarrollaban protestas de quienes se oponían a esta iniciativa; algunos de los manifestantes incluso intentaron ingresar al recinto, pero no se les permitió el acceso. Tras la aprobación de la ley, dos indígenas iniciaron una huelga de hambre para exigir a Morales que no la promulgue.

Además, el activista Fernando Vargas dijo que recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Vargas agregó que en primera instancia presentará un recurso contra la ley en el Tribunal Constitucional, aunque espera que esta acción no prospere “porque esta instancia judicial está absorbida por el Ejecutivo”. Una vez rechazada, recurrirá ante la CIDH.

Por su parte, la plataforma Fuerza Ciudadana llamó a activistas y organizaciones a “unir esfuerzos” para recolectar firmas y forzar la convocatoria a un referéndum sobre la norma aprobada ayer y la Ley de la Coca, aprobada en marzo, que amplía la cantidad de hectáreas disponibles para la plantación de coca.