Venezuela

Redoblada confrontación

Poderes paralelos

Venezuela va en camino hacia una dualidad institucional: dos elecciones contrapuestas, dos fiscalías, dos parlamentos, dos tribunales supremos y dos poderes electorales, sin atisbos de convergencia entre la agenda del gobierno y la de sus opositores.

Humberto Márquez, desde Caracas

Brecha, 7-7-2017 http://brecha.com.uy/

Cada 5 de julio Venezuela conmemora el día de 1811 en que su primer congreso proclamó la independencia de España, y los actos más publicitados son una sesión solemne en el parlamento y una parada militar. Este año, mientras en la radio y la televisión se trasmitía el desfile castrense con la presencia del presidente, Nicolás Maduro, grupos civiles identificados con el oficialismo, que habían rodeado el capitolio en el centro de Caracas, franquearon una frágil custodia militar y en una acción relámpago atacaron con tubos y maderos a parlamentarios, empleados, invitados y periodistas. El saldo fue de cinco diputados, siete trabajadores y tres comunicadores heridos. Las imágenes de parlamentarios ensangrentados por heridas en la cabeza coparon la jornada y dispararon alarmas en capitales de ambas orillas del Atlántico.

El episodio se inscribe en la guerra de poderes que libran palmo a palmo, desde hace año y medio, la oposición que se hizo con la mayoría en la Asamblea Nacional (parlamento) y el gobierno del presidente Maduro, quien ha convocado a elegir una asamblea nacional constituyente el próximo 30 de julio para resolver la confrontación.

La oposición, guiada por la coalición Mesa de Unidad Democrática (Mud), rechaza acudir a la constituyente porque la considera fraudulenta, sobre todo porque su composición y elección negarían el principio de una persona igual a un voto, y en su lugar se propone hacer, el próximo 16 de julio, un plebiscito al margen del oficial Consejo Nacional Electoral (Cne), para que los ciudadanos digan si quieren o no esa constituyente.

Sin árbitros

No quedan instituciones del Estado que hagan de árbitros. El Tribunal Supremo de Justicia (Tsj), el Cne y la mayoría del Poder Moral (Contraloría General y Defensoría del Pueblo) respaldan todas las posiciones de Maduro y su Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Los mandos de las fuerzas armadas obedecen al presidente y critican con vehemencia a la Mud y también a la Asamblea Nacional.

Otra institución del Poder Moral, el Ministerio Público, conducido por la fiscal general Luisa Ortega, está enfrentada a Maduro y a los poderes que lo apoyan. La Mud, desde el parlamento y con protestas de calle, se muestra unida –pese a contar con casi 30 grupos políticos– frente a lo que catalogan como “una dictadura”. Entretanto, fuera de la Mud se abren campo algunas figuras y agrupaciones de “chavistas no maduristas”, ex funcionarios y compañeros de ruta del fallecido líder Hugo Chávez, predecesor de Maduro.

Fuera del Estado, entidades y personalidades que pudieran servir como árbitros y mediadores, tales como las iglesias, gremios o academias, han quedado atrapadas en la vorágine polarizadora. Del exterior, además del malogro de la Oea, hasta ahora han resultado infructuosos los esfuerzos de mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con apoyo del Vaticano. Este último, sin embargo, da sigilosos pasos para procurar algún acercamiento.

Constituyente

Maduro y el número dos del Psuv, el militar retirado Diosdado Cabello, insisten en que “la constituyente va, llueve, truene o relampaguee”. Para que no queden dudas, ministros, otros funcionarios y parlamentarios oficialistas han dejado sus cargos para postularse a la nueva asamblea. Los candidatos se han juramentado en defensa de la revolución bolivariana, el proceso que inició Chávez al llegar al poder en 1999.

Maduro ha ofrecido cadenas de radio, tevé y otros espacios para que los aspirantes hagan campaña. El Cne, de cuyos cinco rectores (directivos) cuatro son oficialistas, trabaja a marchas forzadas preparando la consulta y ha pedido al Ministerio de Defensa que declare zona de seguridad la comprendida en un perímetro de 500 metros alrededor de cada centro de voto (son unos 15 mil para 20 millones de votantes potenciales), con lo que habrá presencia militar en la mayor parte de las zonas urbanas del país.

La elección no prevé sorpresas pues, sin opositores, casi todos los 545 asientos previstos serán para el oficialismo, y sus dirigentes ocuparán las primeras posiciones. Cabello, Maduro y otros jerarcas han dejado en claro que la constituyente no sólo redactará una nueva Constitución sino que durante su funcionamiento, por un tiempo aún no precisado, dictará medidas para suprimir o cambiar entidades como el actual parlamento, la Fiscalía, autoridades regionales o municipales, legislará en materia económica y petrolera y atenderá otras solicitudes del Poder Ejecutivo en su carácter de poder soberano y supremo.

Plebiscito

El parlamento acordó convocar, a iniciativa de la Mud, una consulta plebiscitaria para el 16 de julio, dos semanas antes de la elección de la constituyente. Se pedirá al ciudadano que se pronuncie sobre tres temas: si reconoce o rechaza la constituyente; el papel que demanda de las fuerzas armadas para restituir el orden constitucional; y si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos, con elecciones generales, y la conformación de un gobierno de unidad nacional.

La consulta se prevé sin el Cne, sin sus máquinas de voto electrónico y sin sus centros de votación, que son la mayoría de las escuelas del país. La Mud aspira instalar unos 1.700 centros en los 335 municipios, para recoger votos, un plan todavía en borrador que podría apelar a templos católicos y evangélicos, universidades y sedes de algunos gremios.

Obviamente es una medición de fuerzas con el oficialismo, para tratar de mover más electores que el bando rival en una consulta con valor político pero no jurídico. Ya Maduro adelantó que ese plebiscito es inconstitucional y que todas las elecciones en Venezuela deben hacerse a través del Cne. Queda por verse qué medidas adoptará el Ejecutivo para bloquear la iniciativa y logística de la oposición, y si la Mud con sus propios medios puede montar un escenario que alcance al universo electoral.

Abrogatorio

Terceros en la discordia, izquierdistas chavistas no maduristas agrupados en la Plataforma Ciudadana de Defensa de la Constitución (que Chávez impulsó en 1999) han solicitado al Cne que les entregue el formato de las planillas con las cuales recoger un millón de firmas, 5 por ciento del electorado, y con ellas solicitar una tercera consulta electoral, todo según previsiones de la Carta Magna. Se trataría de un referendo abrogatorio del decreto mediante el cual Maduro dictó, el pasado mayo, las bases (reglas) comiciales para elegir la asamblea constituyente.

Esas bases son consideradas inconstitucionales, ya que, entre otras reglas, imponen la elección de un diputado constituyente por municipio, independientemente del tamaño de la circunscripción –uno rural con 8 mil electores elige un asambleísta, igual que una gran ciudad con medio millón de votantes–, y reservan un tercio de los escaños a una elección sectorial, para elegir diputados de, por ejemplo, grupos de trabajadores, pensionados o consejos comunales, según los listados de organizaciones confeccionados por el Ejecutivo.

El ex sindicalista Santiago Arconada, junto a ex ministros de Chávez y académicos que integran la Plataforma Ciudadana, sostuvo que la constituyente convocada por el Ejecutivo “pretende erigirse como un poder que gobernará por encima de la Constitución por tiempo indefinido, lo que podría conducirnos a una guerra civil, y ya tenemos demasiados muertos”. Ha pedido a los venezolanos vestir prendas o enseñas de luto.

La Plataforma Ciudadana carece de la musculatura que pueden exhibir tanto el oficialismo como la oposición nucleada en la Mud. El poder electoral se ha desentendido de su iniciativa, que implicaría detener o posponer la elección de la constituyente, un proceso ya en marcha.

Dualidad

El Tsj inició un procedimiento de “antejuicio de mérito” (juicio previo) contra la fiscal general, Luisa Ortega, atendiendo una demanda del diputado oficialista Pedro Carreño. Podría ordenar su destitución, algo que la Constitución reserva a la Asamblea Nacional, pero el Tsj ha declarado que el parlamento está en desacato y en su lugar actúa la Sala Constitucional del Supremo, con apoyo de los poderes oficialistas.

Entretanto, la fiscal nombró como su segundo en el Ministerio Público al abogado Rafael González, con apoyo del parlamento y el desconocimiento casi inmediato del Tsj, que designó para ese cargo a Katherine Harrington, una ex alta funcionaria gubernamental.

Ortega rehusó comparecer ante el Tsj y lo acusó de convalidar el establecimiento de “una dictadura peor que la de Pedro Carmona”, el empresario que asumió como presidente interino durante el breve (dos días) golpe de Estado que depuso en 2002 al entonces presidente Chávez y cuyo primer decreto había disuelto los poderes públicos.

Si se concreta la destitución de Ortega y González, y se mantiene su rebeldía, Venezuela tendría dos fiscalías. Pero también puede haber dos Tsj, porque la Asamblea avanza en el estudio de credenciales para designar, en cuestión de días, a nuevos magistrados, en remplazo de la veintena impugnada por la fiscal (el Tsj cuenta con 32 jueces más suplentes). Y también podría invalidar la reelección de los rectores del Cne y designar un árbitro electoral paralelo.

La instalación de una constituyente con plenos poderes erigiría un poder legislativo paralelo al elegido por cinco años en 2015 y completaría la dualidad institucional.

Violencia

Mientras, las protestas en las calles continúan y alcanzan cada vez más a pueblos pequeños usualmente al margen de las grandes batallas políticas, o a sectores urbanos que tradicionalmente han sido indiferentes o bastiones del oficialismo. A veces forman marchas o concentraciones de decenas de miles de personas, pero lo que más abunda son protestas focalizadas con cierres de vías. A las protestas políticas se suman las de pobladores que reclaman la falta de gas para cocinar o la demora gubernamental en un programa que distribuye bolsas con alimentos a precios subsidiados. En algunas barricadas hay choques con las fuerzas del orden o grupos “colectivos” de civiles. En ese contexto, desde abril han muerto 91 personas (cifras oficiales de la Fiscalía), los lesionados son casi 2 mil y los detenidos cerca de 4 mil, con más de 300 que permanecen tras las rejas, y algunos estudiantes y otros civiles están siendo procesados por la justicia militar.

Así, el episodio del 5 de julio en el parlamento, que estalló al parecer porque uno de los “sitiadores” del capitolio sufrió una herida, apenas elevó el peso institucional y la visibilidad de la violencia que acompaña la lucha política en Venezuela. El presidente Maduro, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, la Defensoría del Pueblo y el Tsj deploraron los hechos y prometieron investigaciones. Una decena de gobiernos, incluyendo el uruguayo y los del Mercosur, condenaron el ataque y rápidamente pidieron a Maduro medidas de rectificación política.