Uruguay

El sentido común punitivo del fiscal Gustavo Zubía

La pedagogía del dolor

Histriónico y hasta escandaloso, armado de un discurso radical a favor de la “mano dura”, la represión y la cárcel como único método aleccionador para la delincuencia, Zubía se encarama como portavoz de los que, más que justicia, claman por venganza. El discurso del fiscal, dice sin embargo el sociólogo Luis Eduardo Morás, es “peligroso para el Estado de derecho” y legitimador de aquellos que piensan que los “delincuentes deben morir”.

Daniel Erosa

Brecha, 16-6-2017  http://brecha.com.uy/

No precisaba ser amenazado de muerte –como al parecer sucedió la semana pasada– para que su nombre anduviera de boca en boca. Es el operador de la justicia más mediático. Es el que dice lo que “la gente” que está “harta de la inseguridad” quiere escuchar. Parece disfrutar de su exposición pública. Le sirve de terapia, ha dicho. Le parece injusto que le digan “facho”, pero no le molesta. Entre sus pares se ha hecho fama de “mano dura”, pero no defiende la cadena perpetua ni quiere establecer la pena de muerte, ni siquiera está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad penal. Sin embargo es dueño de un discurso radical sin matices contra la delincuencia y contra la “hiperbenignidad” del sistema de justicia. Aparece siempre formulando sentencias verbales catastrofistas y maniqueas. Aplica el sentido común punitivo como forma de razonamiento o como arma arrojadiza. Casi siempre empatiza con esa indignación ciudadana que cuando clama por justicia en realidad busca venganza o un exorcismo de celdas bien cerradas. Le atribuye un rol casi excluyente a la privación de libertad como forma de sanción para quien comete un delito. Y sin sanción, dice, no hay posibilidades de convivencia. Asegura que anda armado. Vive en Colón. Fue al Seminario y estudió música en Francia a comienzos de los setenta. Es hijo del general Eduardo Zubía y sobrino del general Rodolfo Zubía, jefes de las regiones militares 2 y 3 durante la dictadura, quienes junto a los generales Esteban Cristi y Julio C Vadora tuvieron un rol decisivo en el golpe de 1973, y que integraban la logia militar ultranacionalista Tenientes de Artigas.

El fiscal Gustavo Zubía –vicepresidente de la Asociación de Magistrados Fiscales de Uruguay– es histriónico, exagerado y hasta escandaloso a la hora de expresar sus convicciones penales. Habla de “hecatombes”, de “epidemias delincuenciales”, de que “nos estamos comiendo unos a otros”, de que “estamos yendo hacia las maras (pandillas centroamericanas)”, de que somos “rumiantes” esperando ser devorados por los “depredadores”; diagnostica “un lamentable cuadro de benignidad” del sistema penal, donde los presos “no cumplen la sanción” porque “el Estado propicia que los delincuentes tengan enormes beneficios”. Adhiere al viejo esquema de solucionar los problemas sociales con nuevos establecimientos carcelarios y reclama que haya más personas presas. Dice desde hace años que eso no ocurre en parte por ineficiencias del sistema, por algunas razones ideológicas, pero sobre todo porque el gobierno no quiere más presos por el gasto que ocasionan y por los conflictos que se generan en las cárceles.

Discurso de odio

Sus aseveraciones son tan contundentes como entreveradas. Mezcla en la misma arenga la falta de límites en la educación con el devenir delincuencial de muchos jóvenes, con las barras bravas vinculadas al fútbol, con las madres que agreden maestras, con los rapiñeros que hacen cuentas y deciden robar porque les conviene. No analiza contextos, ni condicionantes estructurales o históricas. Utiliza cifras como caballitos de batalla de su prédica punitiva pero sin ningún rigor. En 2012 le dijo al semanario Voces: “Hoy el índice de menores infractores profesionales lo estoy situando en un 40 o 45 por ciento”. “¿Cuarenta y cinco por ciento de qué?”, le preguntaron. “De todos los adolescentes, contando las tasas aproximadas a ojo de buen cubero.”

Y también es a “ojo de buen cubero” que calcula la eficacia de la justicia. El 31 de enero de 2016 le dijo a El País: “Por año, grosso modo, se denuncian 130 mil delitos, pero los criminólogos afirman que por cada delito denunciado hay tres o cuatro cometidos. Entonces puede haber 500 mil delitos cometidos. Ahora, por año, se procesan unas 12 mil personas, y un 40 por ciento son procesadas sin prisión, entonces en gruesas cifras, por año tenemos 6 mil personas que van a la cárcel… de unos 500 mil delitos cometidos. Sólo el 1 por ciento va preso”.

Su discurso, que a primera vista suena como clarificador (¡por fin alguien que dice la verdad y se le entiende!), es simplificador e inexacto. En el fondo es político, y construye categorías binarias: buenos y malos, rumiantes y depredadores, ciudadanos y delincuentes… Y de alguna forma utiliza el dolor de las víctimas –a quienes dice defender a capa y espada– para instalar la desconfianza en el sistema de justicia.

Quizás lo peor de todo es que no tiene un antagonista público que equilibre sus sentencias, y sus palabras aparecen como obvias y verdaderas y ayudan a reforzar un pensamiento social donde reina la intolerancia y el temor al otro.

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Brecha consultó a Luis Eduardo Morás, sociólogo, docente universitario y experto en seguridad ciudadana, para analizar el discurso del fiscal.

—Es un discurso peligroso para el Estado de derecho, para las garantías constitucionales, para la salud de la democracia. Tiene un discurso muy peligroso al que nadie enfrenta ni contrapone otros argumentos. Se pone en el lugar de cualquier ciudadano y no debería, porque es un operador de la justicia y no es ese el lugar del ciudadano común. Es un operador político que no se sabe a quién representa, pero que tiene una gran habilidad para generar opinión y marcar la agenda.

—¿En qué sentido ve como peligroso lo que dice el fiscal?

—Elabora un discurso esquizofrénico. Es un funcionario público que acusa al Estado de promover la impunidad de los delincuentes, es un operador destacado de la justicia, pero desconfía de la justicia, quiere prevenir el delito, pero a su vez lo alimenta con el tipo de declaraciones que hace. Cuando dice que robar es un boleto, ¿no está alimentando aquello que dice combatir? Es un personaje que vende, genera adhesión y nivel de audiencia. Pero está trasmitiendo ideas que son graves. Es un modelo de pensamiento embromado para la convivencia, para las instituciones democráticas, para el futuro… porque te deja sin esperanza. Sin proponérselo, quizás, pero termina desprestigiando a la propia justicia. Legitima los peores sentimientos de las personas que ahora pueden proclamar en voz alta y sin ningún pudor que los delincuentes deben morir. Es un discurso justificador de esa mentalidad. El discurso del ojo por ojo, del odio, nos degrada y disminuye toda posibilidad de esperanza, te aniquila la esperanza. Es barbarie contra barbarie.

—Zubía asegura que el Estado propicia condiciones por las cuales delinquir sería “negocio”…

—Habla de los diez beneficios que da el Estado para que la gente delinca, después dice que son 14 o 15. Dice que se denuncian 130 mil delitos y que los criminólogos afirman que por cada delito denunciado puede haber tres o cuatro cometidos. Entonces puede haber 500 mil delitos cometidos. La hipótesis es que si se denuncian 500 mil delitos y hay 6 mil procesados con prisión, al año, estamos hablando de que sólo el 1 por ciento va preso. Es una grosera confusión de la unidad de análisis: delito con delincuente.

Nadie le pregunta o le pide que explique el dato con una regla de tres. ¿Si el 1 por ciento es 6 mil y la justicia fuera 100 por ciento eficiente, deberían ir presas 600 mil personas? ¿Eso es lo que propone? Es toda la población uruguaya de 18 a 30 años. Es toda la población que está al norte del Río Negro. Es un poco menos que la mitad de la población económicamente activa. Rusia es el tercer país que más encarcela en el mundo y tiene 634 mil, le sigue Brasil con 622 mil… y Brasil tiene 210 millones de habitantes. Absurdo.

—El fiscal ha hablado de tipologías de delincuentes que toman el delito como trabajo y que no les interesa dedicarse a otra cosa. De ahí la importancia de que no se vean beneficiados por mecanismos de libertades anticipadas.

—Al parece su despacho es una especie de confesionario donde los delincuentes abren su perversa alma. Para el delincuente de Zubía es negocio robar, porque se entra y se sale fácilmente y el Estado le da una cantidad de beneficios. Construye un tipo de delincuente que es un sujeto racional –afana porque es barato, evalúa costo y oportunidad– o un mutante cultural. No hay historia personal, no hay ninguna visión antropológica, no hay ningún condicionamiento estructural, ni pasado, ni hubo en su historia problemas educativos ni sociológicos. El delincuente de Zubía es una figura salida de un cuento de García Márquez. Hice un censo de adolescentes en conflicto con la ley. La tercera parte estaba entre los 18 y los 20 años. Y a ese delincuente nunca lo encontré. Ni lo encontró el Serpaj en todas las entrevistas que hizo en las cárceles durante años. No hay ningún diagnóstico que valide la afirmación del delincuente que dibuja el fiscal Zubía.

—¿Y cuál es el propósito de “dibujar” ese delincuente irreal?

—Es un discurso que valida la represión y la cárcel como el único tipo de respuesta posible. Deshumaniza al delincuente como para justificar todo el rigor punitivo, toda la barbarie de lo que hoy significan las cárceles. Está validando el discurso de la solución represiva frente a un sujeto extraño al entramado social. El delincuente es un producto espontáneo de los tiempos, al cual hay que eliminar. Los delincuentes son dueños de su destino, la responsabilidad es individual y personal. Esa idea se traslada a otros campos, a los que “viven del Mides”, a los que no entran en el sistema, a los gurises sin-sin (sin acceso a educación de calidad, sin posibilidades de un empleo decente) se los categoriza como ni-ni. De modo que la responsabilidad es sólo tuya: ni estudiás ni trabajás… Son los desertores. Los que abandonan la batalla. Ese discurso que prende como yesca en los comentaristas de las redes sociales, ese cretinismo amparado en el anonimato que destila odio.

—Lo que parece desvelar a Zubía es que las víctimas del delito no se sientan estafadas por la justicia, que sientan que se sanciona al delincuente.

—¿Por qué hay que defender al ciudadano a través de la cárcel? ¿Es que el Estado contemporáneo sólo puede defender a las víctimas del delito con la cárcel? ¿Por qué no pensamos en medios de reparación de la víctima, apoyo psicológico, económico, acompañamiento? Zubía es un representante de esta oposición: derechos humanos de las víctimas contra derechos humanos de los delincuentes. ¿Es que el Estado ya no se propone la utopía de defender los derechos humanos de toda la sociedad? ¿Renunció a eso? Es grave la ecuación que sugiere, porque suma cero. Todo lo que gana el delincuente es lo que pierde el ciudadano, y viceversa. El derecho penal se construyó como un proceso de garantía frente al autoritarismo. Es una larga conquista de la humanidad. Zubía parece querer desandarla y parece que quisiera volver al manual de los inquisidores, al martillo de las brujas del siglo XV. Es la misma idea, crear un antagonismo que implique que para defender a uno tenés de destruir a otro. Es un discurso prescindente del Estado. Y además te perdés dos siglos de avance civilizatorio en defensa de los derechos humanos.

—Ha dicho que somos una manada de rumiantes esperando al depredador…

—Me parece grave que coloque a la víctima en el lugar de un rumiante. Simbólicamente es el más débil en la cadena alimenticia, y los depredadores son los delincuentes. Está incitando a la legítima defensa, hace apología de eso: “Además de víctima sos un cobarde”; está ofendiendo el sufrimiento de la víctima y revictimizándola.

Zubía dixit (1)

  • “Acá está faltando la brújula, pero el palo de la brújula. Cuando me dicen: hacinamiento, indignidad, poco menos que cámara de torturas en el Inau, y lo que quieran, pero la sanción y el dolor son educativos, a mi juicio. Quizás alguno más comparta en este planeta que el dolor educa.”
  • “Los delincuentes son sólo parte del problema. El problema real es la falta de toma de decisiones. Como en África, somos una manada de rumiantes y los depredadores nos están comiendo.”
  • “Tenemos récords de sistemas para zafar de la responsabilidad penal. Tenemos 14 o 15 mecanismos para que la persona no cumpla la pena que se le impone. Eso es lo principal que deteriora la convivencia social.”
  • “Si no hay sanciones efectivas no hay convivencia social, más allá de los pajaritos de colores que son preciosos para escuchar, todos podríamos estar de acuerdo en el país de Frutillita, pero vivimos en este país y no en el país de Frutillita.”
  • “El fenómeno de la delincuencia está instalado y ni usted ni yo conocemos los poderosos y profundos tentáculos en toda la zona de América de Sur. El delito nos está comiendo.”
  • “El Estado tiene que crear más cárceles y tiene que haber más personas presas. Porque hoy estamos atrapando sólo el 5 por ciento de los delitos… y la mitad van procesados sin prisión…”
  • “¡A mí qué me importa que las cárceles estén hacinadas! En tren de defender al ciudadano, si se necesita construir cárceles con dos, tres o cuatro veces más capacidad, hay que hacerlo, mi amigo […] hoy tenemos una epidemia delincuencial.”
  • “Cuando el código penal nuevo entre en vigencia va a ser la hecatombe desde el punto de vista de la libertad condicional.”
  • “Se ha generado un contrasentido brutal, y el delincuente, si hace cálculos, dice ‘es negocio delinquir’, y con el nuevo código va a ser más negocio delinquir si no se modifica la libertad condicional.

Nota

1) Las frases corresponden a distintas entrevistas y notas realizadas en prensa escrita, radio y tevé de 2012 a la fecha.

El fiscal

Es el actual fiscal letrado penal de Montevideo de 8º turno, pero lleva más de 35 años en el oficio. Primero en fiscalías de Maldonado y Cerro Largo, y antes en Montevideo como secretario de fiscalías penales. En agosto de 1998, junto al juez Ricardo Migues, tuvo a su cargo el misterioso caso de la muerte del ex intendente arachán Villanueva Saravia. De Cerro Largo pasó a la fiscalía de menores en Montevideo, desde donde militó con insistencia y declaraciones rimbombantes por penas más severas. Actuó en esa órbita hasta que alcanzó su cargo de fiscal en lo penal. Desde allí intervino en sonados casos, como una trifulca entre jugadores de Nacional y Peñarol, en el que pidió severas penas, y el famoso homicidio de La Pasiva. Siempre polémico, también pidió el procesamiento con prisión por el delito de atentado especialmente agravado para militantes políticos como Jorge Zabalza, Irma Leites, Eduardo, Diego y Álvaro Jaume por su manifestación en la Suprema Corte de Justicia en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota.