Brasil

El desmembramiento del programa contra la esclavitud más famoso del mundo

Matt Sandy *

OZY, 28-5-2017 http://www.ozy.com/

Traducción de Lucas Antón – Sin Permiso http://www.sinpermiso.info/

El 28 de marzo inspectores federales llevaron a cabo una redada en una remota granja del río Araguaia, que bordea el límite oriental del bosque tropical del Amazonas en Brasil. Descubrieron a una familia de cinco personas, incluido un bebé, que vivían en un cobertizo de ganado con ratas, ranas y murciélagos. Carecían de retrete o agua potable y les habían pagado 550 dólares por dos años de trabajo agrícola. “Nunca imaginé que saldría de esta situación”, le dijo a los investigadores el patriarca de la familia, Luiz Cardoso da Silva, de 69 años. “Pensé que mi vida se terminaba aquí”. El caso lo llevan ahora los fiscales federales, que tienen pensado incoar proceso.

Desde 1995, Brasil ha dispuesto de uno de los programas más celebrados del mundo para el rescate de unos 161.000 esclavos modernos, aproximadamente, y castigar a las empresas que les maltratan. Pero con intereses empresariales estrechamente alineados con el presidente Michel Temer y facciones poderosas en el Congreso brasileño, estas protecciones se están viendo severamente minadas. Muchos elementos clave  — una lista negra pública de empresas culpables y leyes laborales que permiten el castigo de grandes empresas por la actuación de contratistas  — están amenazados. Se está recortando el número de inspectores federales que llevan a cabo las redadas. Y una proposición de ley intenta cambiar la definición de esclavitud, aboliendo en palabras buena parte de la misma. “Hoy tenemos en Brasil algunas de las leyes más avanzadas del mundo para combatir la esclavitud moderna”, declara a OZY Ronaldo Fleury, fiscal jefe laboral de Brasil. “Pero nos enfrentamos a una regresión de 130 años. Estamos hablando de tratar a la gente como seres humanos”.

Los esclavistas transportaron a casi cinco millones de africanos a Brasil — más de diez veces la cifra de los enviados a los Estados Unidos — desde el siglo XVI y hasta la abolición de la esclavitud en 1888. Desde 1995, equipos itinerantes de inspectores han liberado a casi 50.000 personas, como Cardoso da Silva y su familia, de “condiciones análogas a la esclavitud”, que es la amplia definición legal del país de trabajo forzado, servidumbre por deudas, condiciones degradantes que violan los derechos humanos o   trabajo excesivo que pone en peligro la vida o la salud. La esclavitud es absolutamente preponderante en el bosque tropical amazónico, en los ranchos de ganado, en los campos de carbón vegetal y en la deforestación y tala ilegales de la selva. “Las escuadras móviles han sido enormemente eficaces”, declara Ginny Baumann, alto directivo de programas del Fondo para la Libertad, un organismo filantrópico privado dedicado a acabar con la esclavitud. “Pero la ‘lista sucia’ es la que ha puesto a Brasil por delante de cualquier otro país al desincentivar a las empresas”.

Esa lista negra pública de empresas a las que han pescado recurriendo a trabajo esclavo es hoy objeto de repetidos ataques. En diciembre de de 2014, un grupo de presión empresarial persuadió, según se supo, al Tribunal Supremo para que suspendiera la publicación de la lista, que servía para avergonzar a los transgresores y permitía sanciones tales como la retención de préstamos de bancos del Estado. La resolución se produjo tras una petición de la Asociación Brasileña de Promotores Inmobiliarios (Abrainc), que comprende muchas de las grandes empresas de construcción, entre ellas una filial de la macroempresa brasileña Odebrecht, la cual reconoció haber mantenido un programa masivo de sobornos y ha sido condenada asimismo por recurrir a trabajo esclavo. El mes pasado, la empresa se avino a pagar una multa de 9,5 millones de dólares por la forma en que trató a cuatrocientos trabajadores brasileños en la obra de construcción de un ingenio azucarero en Angola.

Ese fallo se anuló en mayo de 2016, pero el Ministerio de Trabajo declinó volver a publicar la lista, pese a que las Naciones Unidas le urgieran a ello. Sólo meses después de acciones legales por parte de fiscales laborales volvió a publicarse de nuevo sólo con 68 nombres. “El Ministerio de Trabajo ocasionó todos los problemas que pudo para evitar la publicación de la lista”, afirma Leonardo Sakamoto, coordinador de Repórter Brasil, una organización no gubernamental que hace campaña para erradicar la esclavitud“. Ahora los bancos públicos que se atenían a la lista ya no saben si es fiable o si seguirá publicándose en el futuro”.

Otro golpe fue el asestado el 31 de marzo, cuando el presidente Temer firmó un proyecto de ley que permite a las compañías subcontratar actividades centrales. El 92 % de los casos de trabajo esclavo implica subcontratación, lo mismo que ocho de cada diez accidentes industriales. La empresa española Zara, la mayor cadena de tiendas de ropa al por menor del mundo, ha reconocido que existía trabajo esclavo en la cadena de suministro que confeccionaba su ropa en Brasil en 2011. Vale, una multinacional brasileña que es la mayor productora del mundo de mineral de hierro, se enfrentaba también a acusaciones de que sus conductores subcontratados en una mina se vieron sometidos a condiciones “desagradables” y obligados a trabajar 23 horas sin parar, con una pausa de sólo 40 minutos.

La nueva ley hará más difícil que los tribunales juzguen responsable a una empresa grande si subcontrata sus actividades centrales a una firma a la que se descubra recurriendo a trabajo esclavo. “Está claro que existe una agenda empresarial detrás de estos cambios” afirma Fleury, el fiscal. “La subcontratación es condición necesaria de la existencia de trabajo esclavo”.

Quienes apoyan la ley, que tendrá efectos de amplio espectro sobre la economía y los derechos de los trabajadores de Brasil, afirman que ayudará reducir los trece millones de desempleados y contribuirá a la competitividad. “En modo alguno crea esta ley problema alguno para los trabajadores”, afirma el patrocinador del proyecto de ley, el diputado federal Laércio Oliveira. “Muy al contrario”.

Otra ley que se debate en el Congreso podría recortar de modo significativo la definición progresista de esclavitud, eliminando la mención de condiciones degradantes que violan los derechos humanos o de exceso de trabajo que amenaza la vida o la salud. Sólo se considerarían esclavitud las situaciones que presenten cautiverio, coacción o castigo.

En enero, un informe del Ministerio Público Federal de Brasil, un organismo de fiscales públicos, declaraba que el cambio representaba “una enorme regresión social, pues se retraía de una concepción moderna del trabajo esclavo, relegándola puramente a la noción clásica de esclavitud como restricción exclusivamente de la libertad física”.

Los inspectores de trabajo de Brasil, un elemento crucial en la lucha contra la esclavitud, también se han visto afectados por la campaña de austeridad que ha barrido el gobierno federal. El Ministerio de Trabajo dispone ahora sólo de cuatro unidades móviles de inspección, frente a las nueve de 2009. El número de esclavos rescatados ha ido también descendiendo constantemente, desde un máximo de 5.999 en 2007 a 749 en 2016, aunque el año pasado registró una prolongada huelga de inspectores. La cifra de inspectores también ha descendido de modo semejante, de 3.142 en 2008 a 2.450 en la actualidad, de acuerdo con el SINAIT, su sindicato nacional. “La lucha contra el trabajo esclavo sufrirá, por supuesto, las repercusiones de una cifra menor de inspectores”, afirma un portavoz.

Los activistas se preguntan cuánta presión más puede aguantar el sistema. “Estamos sufriendo una blitzkrieg de ataques simultáneamente”, dice  Sakamoto, el coordinador de la ONG. “Sólo esperamos que podamos llegar a 2018 con la lucha contra la esclavitud todavía en marcha”.

* Matt Sandy joven periodista británico formado en la Universidad de Warwick, trabajó como reportero para el dominical The Mail on Sunday. Radicado en Rio de Janeiro desde 2012, colabora frecuentemente con revistas como OZY o Time, y en medios como Al Jazeera America. En Brasil ha investigado casos como la lucha de los indígenas munduruku para preservar sus tierras amazónicas de un proyecto de presa hidroeléctrica, el escándalo de corrupción de la mina de oro de Serra Pelada o el asesinato de más de cincuenta indigentes sin techo en la ciudad de Goiânia.