Uruguay

Poco ruido

La empresa Agroland, del empresario argentino Alejandro Bulgheroni, despidió a más de 170 trabajadores. Los directivos del emprendimiento agroindustrial –beneficiado con millonarias exoneraciones fiscales por parte del gobierno– alegaron que los despidos responden a una “reestructura empresarial”. La ausencia de una organización sindical y de denuncias individuales ante el PIT-CNT o el Ministerio de Trabajo dificulta la intervención para colaborar en la reinserción laboral.

Mariana Cianellí

Brecha, 12-5-2017 http://brecha.com.uy/

Como cualquier otro día, el lunes 10 de abril, Nicolás (1) llegó a Pueblo Garzón (Maldonado) a trabajar en Agroland. En la portera, un hombre le comunicó que estaba despedido y que tenía prohibido el ingreso. Sus objetos personales y las explicaciones de la empresa quedaron puertas adentro. Nicolás era una de las tantas personas que viajaba diariamente de Rocha a Maldonado para cumplir con su jornada laboral. También es uno de los tantos trabajadores que tenía más de tres años de antigüedad y, un mes después, sigue sin conocer los motivos de su despido. “Fue una decisión al barrer”, reflexiona en retrospectiva.

La baja masiva de trabajadores se dio a principios de abril. La información, sin embargo, circuló en cuenta gotas. El viernes pasado, Radio Uruguay informó que cien personas fueron despedidas y que las autoridades departamentales de Rocha estaban preocupadas porque la empresa es una de las principales fuentes de trabajo del departamento. El responsable del área de desarrollo de la intendencia rochense, Pablo Barrios, relató a Brecha que luego de los primeros rumores se reunieron con la empresa para tomar conocimiento de la situación.

Los directivos de Agroland confirmaron que los despidos habían sido 176. De ese total, aproximadamente la mitad vive en Rocha. Los motivos que barajó la empresa son tres, aunque no brindó detalles cuantitativos: una parte de los cesamientos tuvo que ver con que ciertas etapas previstas en el proceso de inversión culminaron, por ejemplo, las obras para la ampliación del área de cultivo de olivos; otra parte, porque la zafra se terminó antes de tiempo y otros tantos por “decisiones empresariales”.

Dentro de este último pelotón parece encontrarse Martín. Sorpresivamente, el viernes 7 de abril los dejaron salir del viñedo más temprano de lo habitual: “Cuando llegué a mi casa, me llamaron y me dijeron que estaba despedido, que no había más trabajo para mí”. “Había rumores de que podían despedir a la gente que tenía sueldos altos, pero nunca pensé que nos iban a echar a nosotros, que teníamos los más bajos”. No le quisieron informar el motivo del despido y él tampoco se lo explica: “En más de tres años nunca falté ni llegué tarde”.

Los trabajadores no tienen ninguna queja porque siempre tuvieron buenas condiciones laborales y además la empresa les paga lo que corresponde. Pero desde el punto de vista político, el edil frenteamplista Federico Martínez asume que hay una intencionalidad: “No es un despido cualquiera, estamos hablando de más de 170 trabajadores. Se dijo que algunos despidos tienen que ver con la zafra, pero hay trabajadores echados que estuvieron ocho años en la empresa”.

Desamores

En 2013, la Junta de Maldonado realizó un reconocimiento a la empresa del argentino Alejandro Bulgheroni. La edila frenteamplista Liliana Berna fue quien tuvo la iniciativa: “Alguien preguntaba por ahí por qué un reconocimiento a Agroland. En realidad (…) podría haber sido un reconocimiento a cualquier otro inversor que elija nuestro país y nuestro departamento para generar puestos de trabajo. Esta empresa, este emprendimiento, ocupa a un total de 750 personas durante el año, llegando a unas 900 personas con trabajo directo e indirecto en los momentos de la cosecha”.

En estos días, integrantes de la Junta solicitaron la concurrencia de los responsables de Agroland a la comisión de trabajo para que brinden explicaciones por los despidos masivos. “Más allá de que se agote parte del proyecto, más allá de que exista una zafralidad, hay trabajadores que no deberían ser cortados”, explicó Martínez.

La empresa homenajeada en 2013 y beneficiada con millonarias exoneraciones es ahora cuestionada. Su propietario, el petrolero Alejandro Bulgheroni, que decidió en los años noventa darle vida a Agroland. El emprendimiento desplegado en 4.300 hectáreas sobre la ruta 9 (quilómetro 175) es conocido por sus viñedos y su bodega, por sus olivos y el aceite de oliva Colinas de Garzón. Sus instalaciones cuentan, entre otras cosas, con una cancha de golf, un vivero, un área de producción de aceitunas de mesa, plantaciones de almendros y una panadería.

El gobierno de José Mujica dio impulso al proyecto del empresario argentino, exonerándolo de 2011 a 2015 por un monto de 411.322.881 unidades indexadas (equivalente a 47.679.842 dólares en esa fecha). Bulgheroni ha mantenido una relación fluida con todos los gobiernos frenteamplistas. En el gobierno actual, el empresario argentino acompañó al presidente, Tabaré Vázquez, en diversas giras internacionales, incluso mostrándose juntos frente a las cámaras. El objetivo, según lo que pudo saber este semanario, estaba claro: que el empresario argentino presentara las bondades uruguayas para “atraer inversiones extranjeras” (véase Brecha, 10-II-17).

El amor fue por barrios y también llegó al actual gobierno departamental de Maldonado. La intendencia decidió volcar la totalidad del dinero recibido a través de la Opp para la reparación de la caminería rural en el período 2016-2017, en la construcción del camino que desemboca en Agroland. El intendente Enrique Antía argumentó en ese momento que había que “respaldar” la iniciativa ya que un número muy alto de personas trabajaban allí y al aumentar el turismo iba a “generar mucho más trabajo” (véase Brecha, 3-II-17).

Los despidos actuales muestran que eso finalmente no sucedió. En otros momentos, hubo, de acuerdo al edil Martínez, despidos de 40 o 50 personas, pero la situación actual es inédita. El representante del área de desarrollo rochense explicó a Brecha que la empresa dio “tranquilidad” de que no existe un problema estructural y prometió que no habrá más despidos. Pero “es complicado porque hay gente que tenía años trabajando ahí y en cualquier departamento es complicado que 80 familias se queden sin ingreso”.

Prohibido

“En Agroland, la palabra sindicato es mala palabra”, aseguraron todos los ex trabajadores consultados por este semanario. El director de Trabajo, Juan Castillo, manifestó que en el Ministerio no tenían más información que la que figuraba en la prensa por “la sencilla razón de que en Agroland no hay sindicato” y que “al no existir un colectivo, no hay reclamos”.

Los trabajadores despedidos tampoco se presentaron al Plenario Intersindical de Maldonado del Pit-Cnt. Su presidente, Julio Cabrera, explicó a Brecha: “No hay un sindicato ni ningún trabajador que se haya comunicado con nosotros”. La empresa –según relató– cada cuatro o cinco años hace una “reestructuración” y despide gente. Recientemente, cerró algunos sectores porque le “estaban dando pérdidas” pero “en líneas generales la mayoría de los trabajadores se fue de la empresa de manera negociada”.

En su interpretación, el hecho de que las condiciones laborales son muy buenas acallan la posibilidad de conformar un sindicato: “Ellos juegan a eso, primero porque no quieren ningún sindicato y después porque no quieren ningún lío con los trabajadores”. En 2013, trabajadores del Sunca se movilizaron ante despidos de la empresa y denunciaron represión sindical. Sin embargo, no lograron consolidar un sindicato. El diputado rochense Darcy de los Santos (Frente Amplio) relató a Brecha que le consta que hubo muchos trabajadores que “no estuvieron a favor” de la organización sindical.

Desde la Intendencia de Rocha, buscan identificar a los trabajadores despedidos del departamento y colaborar en su reinserción laboral, pero hasta el momento no han tenido novedades. El director de Coordinación en el Interior del Ministerio de Trabajo, Jorge Mesa, explicó que tienen preocupación porque no consiguen “acercarse al problema” en la medida que los trabajadores no se presentan personalmente a denunciar: “Si ellos por su voluntad no reclaman individualmente o colectivamente, nosotros no tenemos forma de actuar”.

En el mismo sentido, Castillo expresó que el Ministerio no puede intervenir de oficio, pero llama la atención sobre el elevado número de despedidos. “Estamos hablando de un número muy importante de trabajadores, es muy fuerte para el interior del país. Tendría que haber más ruido. Además, ¿a qué obedece?, ¿qué está pasando?, ¿qué motivos llevan a la empresa a despedir a tanta gente?” La empresa informó a Brecha que por el momento no hará “declaraciones públicas al respecto”.

Nota

1) Los nombres de los trabajadores son ficticios.