Uruguay

Ayer y hoy

Familiares en el Día de los Trabajadores

Samuel Blixen

Brecha, 5-5-2017 http://brecha.com.uy/

En un preámbulo a una nueva Marcha del Silencio, el descorazonador balance en la búsqueda de desaparecidos y en el castigo a los culpables de los delitos cometidos durante la dictadura fue expuesto por Familiares en el acto principal del Día de los Trabajadores. Desde el estrado en la plaza Primero de Mayo cuestionaron el letargo del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, del cual la organización forma parte, y propusieron incorporar un equipo profesional de investigación dotado de recursos para analizar la documentación incautada, sin lo cual se desvirtúa el esfuerzo de búsqueda y ubicación de archivos de la represión.

Óscar Urtazún, representante de Madres y Familiares de Detenidos-De­saparecidos, adelantó el contenido de la consigna que convocará a la vigésimo segunda Marcha del Silencio, el sábado 20 de mayo: “Impunidad: responsabilidad del Estado, ayer y hoy”. En nombre de Familiares, Urtazún leyó un breve pero contundente mensaje en el acto del Día de los Trabajadores, el pasado lunes, con un enfoque que combinó un balance pesimista del largo proceso por verdad y justicia, y una determinación de continuar la lucha contra la impunidad.

La proclama sintetizó que en los últimos 12 años (es decir, desde la asunción del primer gobierno frenteamplista) “sabemos más; pero seguimos sabiendo poco”. En el haber, significativamente, Familiares destaca los rubros de memoria –“son muchas las placas (recordatorias) colocadas por todo el país”–, reparación, conocimiento histórico, y “lo más importante, gracias a la movilización de todos, no se ha cerrado el tema”.

Pero en el debe, Familiares apunta: “Con inmenso esfuerzo de testigos, víctimas, familiares, de nuestra lista de 210 detenidos-desaparecidos:

  • se encontraron y restituyeron 15 niños;
  • los adultos identificados fueron 29 (la mayoría en Argentina); cinco de ellos en Uruguay, aunque no en todos los casos se recuperaron los restos completos, y en la mayoría no se pudo aclarar quiénes fueron todos los responsables del cómo, dónde, cuándo, quién y por qué de su desaparición y asesinato;
  • se mantienen desaparecidos tres adolescentes;
  • y no sabemos qué sucedió en los casos de compañeras desaparecidas que estaban embarazadas”.

El recuento expresa una situación dramática para “nuestras queridas viejas que no bajan sus brazos, y su ejemplo de lucha paso a paso ha sido integrado y multiplicado por las nuevas generaciones”, pero que inexorablemente llegan al fin de sus vidas sin haber recibido respuestas reclamadas a los poderes democráticos desde hace 32 años. El mensaje de Familiares pone en claro que la determinación de los militares de mantener un cerrado silencio sobre los crímenes de la dictadura no es la explicación única y ni siquiera principal del mantenimiento de la impunidad.

Urtazún enumeró las razones de aquel balance tan exiguo: “El Estado sigue siendo hoy responsable de cada uno de estos delitos, y seguirá siéndolo hasta que se aclaren”; y por tanto, “es el presidente quien tiene la potestad y el deber de exigir a las distintas dependencias del Estado esta investigación, así como los medios para hacerlo”.

Una vez más, y en esta ocasión con gran énfasis, Familiares reclama una explicación completa y coherente del proceso criminal de la dictadura: “Cómo, por qué y quiénes organizaron y ejecutaron la persecución de los ciudadanos, desde la categorización y las consiguientes listas negras, hasta los asesinatos y desapariciones, para así poder develar y desmantelar toda la operativa terrorista que utilizó el Estado dictatorial”. El mensaje recuerda que en esa operativa “actuaron las fuerzas represivas, pero también instituciones como el Consejo de Estado, la diplomacia y civiles que desde su seno apoyaron esta persecución a nuestro pueblo”. Esa responsabilidad global, según Familiares, quedó ratificada una vez más en los documentos de los archivos descubiertos: “Esa operativa se mantuvo varias décadas después del retorno de la democracia, para vergüenza de nuestras instituciones”.

Poderes en falta

Es el Poder Ejecutivo, sostienen, el que debe “transformar y democratizar cada rincón oscuro de nuestra institucionalidad. Entre ellos, los dos más evidentes: las Fuerzas Armadas y la justicia”. Una garantía de no repetición implica “erradicar prácticas autoritarias y privilegios que se mantienen en el presente”.

El mensaje de Familiares hizo especial hincapié en el Poder Judicial: reconoce el papel comprometido que jugaron algunos jueces y fiscales; pero “las causas se empantanan y sólo hay 30 presos de una dictadura de 12 años, con asesinados, desaparecidos y miles de torturados”. Y subrayó que recién hace unas semanas un juez, José María González, dictó la primera sentencia por el delito de tortura, aplicada contra el sobrino del dictador Gregorio Álvarez, el oficial retirado Rodolfo Álvarez. Tal sentencia provocó la reacción del general retirado Raúl Mermot, ex comandante del Ejército durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, quien, según Familiares, con sus declaraciones amenazó a la justicia e hizo apología de la tortura.

“No puede existir una justicia para ricos y otra para pobres; una vara para juzgar los crímenes de los militares y otra para el resto”, afirma el mensaje. Y abunda en la responsabilidad del Estado: “En estos años, varios de los militares denunciados por los peores crímenes fueron ascendidos, fueron asesores del gobierno, profesores en la escuela militar o la Utu, directivos de clubes, ejercieron como médicos y psiquiatras. Todos siguieron en sus cargos recibiendo ascensos y cobrando sueldos, incluidos los que fugaron al ser emplazados y fueron requeridos, como Jorge Tróccoli, Hermes Tarigo, Pedro Mato y últimamente Eduardo Ferro. Ninguno enfrentó un tribunal de honor”.

Sin embargo la crítica más contundente refiere al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj), creado a iniciativa del presidente Tabaré Vázquez. Familiares sostiene que la “falta de decisión y de respaldo a las políticas que han permitido ciertos logros” hace que dichos logros “se vean permanentemente comprometidos”, una postura ambigua que se expresa, también, en lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo y el Judicial, en episodios como el fracaso por “aclarar quiénes atentaron contra el Giaf o quiénes están detrás del Comando Barneix”; los titubeos en el episodio del “archivo Castiglioni”, o con la reforma de la Caja Militar.

Familiares aprovechó la invitación del Pit-Cnt para hacer un balance de los dos años de existencia del Gtvj, de cuyo directorio es parte. Gracias a una “acertada decisión política”, se puede acceder a archivos de la represión, como ocurre hoy con el archivo de la Armada. Pero, sostiene, “de continuar a este ritmo, si no se dota rápidamente de los medios, de personal y materiales, la batalla para acceder a nuevos archivos está perdida y este esfuerzo será nuevamente una mera declaración de buenas intenciones”.

Para Familiares, la apertura de los archivos tiene una finalidad principal (aunque no excluyente): la búsqueda de los desaparecidos. Y en ese sentido entiende que el Grupo de Trabajo debe centrar sus esfuerzos en la investigación que facilite la búsqueda de datos sobre el destino final de los desaparecidos y sobre quiénes los desaparecieron. Para ello propone que el Gtvj conforme “un equipo profesional de investigación, donde se aplique un riguroso trabajo y cruzamiento con otras fuentes de verificación”.

Esa tarea de cruzamiento de datos, reiteradamente reclamada para que los esfuerzos en la búsqueda de archivos no sea otro saludo a la bandera, se viene postergando desde hace años. El 20 de mayo, una nueva marcha –en la que esta vez serán jóvenes quienes portarán las fotos de los desaparecidos– respaldará la postura de Familiares: “No bajaremos los brazos ni claudicaremos en nuestras reivindicaciones”.