Colombia

Pobladores colombianos frenan proyecto minero

No es no

El minúsculo pueblo Cajamarca, en Colombia, frenó a la gigante minera Anglo Gold Achanti en una consulta popular. El 97 por ciento de los habitantes de este municipio del departamento de Tolima votó en contra de uno de los proyectos mineros más grandes del continente.

Marcelo Aguilar, desde San Pablo

Brecha, 31-3-2017  http://brecha.com.uy/

Cajamarca y Cajamarca, dos localidades que comparten el mismo nombre y una historia de resistencia. A pesar de los miles de quilómetros que las separan, ambas se encuentran entre montañas altas y abundantes reservas de agua. Una en Perú, donde se hizo famoso el caso de Máxima Acuña, quien desde el año 2011 junto a su familia resiste los embates de la minera multinacional Yanacocha y su proyecto de explotación, Conga, que la obligaría a desplazarse y acabaría con la laguna de la que vive su familia. La movilización por su caso ha logrado ponerle un freno al proyecto. La otra Cajamarca se encuentra en Colombia, en el departamento de Tolima, y allí los pobladores acaban detener uno de los proyectos de extracción de oro a cielo abierto más grandes del mundo. El domingo pasado los habitantes de la colombiana Cajamarca expresaron su tajante rechazo al proyecto de explotación de la minera sudafricana Anglo Gold Achanti en una consulta popular. El 97 por ciento de los votantes (6.165 personas), según los datos oficiales divulgados por la Registraduría Nacional, optó por el No a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo Sí o No con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”. Solamente 76 votaron por el Sí. En total 16.312 personas estaban habilitadas para votar, y al menos 5.438 debían hacerlo para que la decisión tuviera validez.

Anglo Gold Achanti es una de las empresa con más concesiones mineras en Colombia, y en este caso busca explotar la mina La Colosa en esa zona.

“Anglo Gold Achanti ha invertido en los últimos 11 años cerca de 370 millones de dólares, legalmente el derecho está adquirido, pero socialmente hay que trabajar más”, dijo sobre el proyecto el gerente de asuntos públicos de la minera, Carlos Enciso, al medio digital La silla vacía. El yacimiento de La Colosa fue descubierto en 2006, y esta no es la primera vez que el proyecto, que afecta a varios municipios, se topa con el rechazo de las comunidades. En julio de 2013 otro municipio del departamento de Tolima, llamado Piedras, también votó en contra del proyecto. En aquel momento 2.971 personas votaron No, y solamente 24 Sí.

Así, gracias a la herramienta de la consulta popular las comunidades han logrado imponer su voluntad frente a las grandes mineras en Colombia. Su carácter vinculante está establecido en la ley 134 de 1994, según la cual “una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional (…) municipal o local” puede ser sometida “a consideración del pueblo” y “en todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria”.

La esperanza

“El resultado es muy positivo y esperanzador”, dice Renzo, impulsor de la campaña del No, a Brecha desde Camajarca. “La dignidad del pueblo cajamarcuno se impuso sobre el poder de cooptación (…) de la multinacional, que tiene el apoyo del gobierno nacional pero no cuenta con el apoyo ni el corazón de la comunidad”. Según su relato, la iniciativa del plebiscito ha sido combatida varias veces por la empresa, quien consiguió aplazarla en varias ocasiones por la vía judicial. La estrategia ha sido la misma que las oligarquías han usado históricamente en Colombia cuando no aplican bala: la estigmatización y el engaño. En el caso de Cajamarca, fue a través de la promoción de la abstención, y según relata Renzo, pobladores que impulsaron el No fueron tratados de “guerrilleros, de puro vandalismo, de ser un movimiento mentiroso y falto de argumentos”. En algunos volantes que circularon por la zona se puede leer: “¡No salgamos a votar!, ¡Cajamarca no es comunista!” o “Cajamarca precisa obras, no consultas”. Pero los resultados de la consulta popular, dice Renzo, “demostraron que la gente no se dejó llevar por esa publicidad engañosa y salió a respaldar masivamente el No, defendiendo el derecho colectivo al ambiente sano y a la salud de nuestras familias, y mostrando que los cajamarcunos quieren seguir fortaleciendo su vocación productora de alimentos”. Cajamarca es conocida como “la despensa agrícola de Colombia”, y figura primera en la producción nacional de arracacha, raíz tuberosa de la familia de la zanahoria y el apio, además de producir también café, fríjol, maíz y diversas frutas. La disputa parece jugarse hasta en la bandera del municipio. Ella tiene tres franjas horizontales: la de arriba es verde y representa la riqueza agrícola, la del centro es amarilla y representa la riqueza en general, y la blanca de abajo, la paz. La coexistencia del amarillo y el verde se ha mostrado complicada.

La locomotora minera

Aunque ya había sido articulada por el gobierno de Álvaro Uribe –del que el actual presidente, Juan Manuel Santos, fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009 –, la idea de la minería como una de las “locomotoras del desarrollo” fue parte del plan económico del gobierno Santos; y a pesar de las oscilaciones de los precios de los minerales y del entusiasmo de los inversores, sigue siendo un componente central de la estrategia económica de Colombia. El país “está en una disyuntiva”, comentó a Brecha Jaime Tocora, también integrante del grupo favorable al No en la consulta en Cajamarca, porque “lastimosamente el territorio nacional fue entregado para hacer minería casi en su totalidad. Se cultivan 4,9 millones de hectáreas para alimentar a cerca de 47 millones de habitantes, y paradójicamente las mineras tienen concesionadas 24 millones de hectáreas”. El problema, señala Tocora, “es que la minería se ha acentuado en las zonas estratégicas más importantes del país, donde se producen los alimentos, donde está el agua”. Gran parte de las concesiones se han otorgado en zonas de reservas forestales, por ejemplo.

El lunes –al día siguiente de la consulta popular– el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dejó clara la postura del Ejecutivo: “Esta es una consulta localizada en un municipio, donde se expresó la voluntad de las comunidades, y que tiene el poder de darle una orden a su alcalde”, dijo en Blu Radio, “pero 6 mil personas no tienen la capacidad de romper el Estado social de derecho, ni alterar los equilibrios de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y las cortes”. El ministro dejó entrever que el proyecto minero podría seguir adelante a pesar del resultado de la consulta. Según Arce, la votación tenía un “carácter político”, pero la discusión acerca del proyecto La Colosa y la minería en la región es “técnica”. Y agregó: “Aquí quien define el manejo legal de esto es el Congreso de la República, ya que la nación, delegada por la Constitución, es responsable del manejo del subsuelo, y los municipios son los encargados del ordenamiento del suelo”. Algunos de estos permisos de exploración minera, según Arce, fueron otorgados entre 2006 y 2009, pero como los proyectos están todavía en fase de exploración y no se necesitan licencias ambientales para esta etapa, la decisión final sobre el proyecto de explotación se tomará cuando las mineras lo soliciten: “la autoridad ambiental tendrá que pronunciarse desde el punto de vista técnico sobre la viabilidad de desarrollar estas actividades”.

En oposición a lo expresado por el gobierno, sin embargo, la organización Dejusticia-Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad afirmó que lo resuelto por la consulta popular tiene carácter vinculante y obligatorio. Según explica la organización en un informe sobre el caso de Cajamarca en Colombia, “la ley establece de forma clara que si la votación en la consulta supera el umbral (un tercio del censo), la decisión que obtenga la mitad más uno de los votos válidos debe respetarse y materializarse”. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado, agrega la organización, “han reconocido de forma clara que ni los contratos de concesión minera ni las licencias ambientales constituyen derechos adquiridos”.

Además en una sentencia de 2016 la Corte Constitucional de Colombia estableció que “la protección del ambiente prevalece frente a los derechos económicos adquiridos por particulares mediante licencias ambientales y contratos de concesión en las circunstancias en que esté probado que la actividad produce un daño, o cuando exista mérito para aplicar el principio de precaución para evitar un daño a los recursos naturales no renovables y a la salud humana”. Según la Corte Constitucional, “la minería evidentemente es una actividad que afecta ámbitos de competencia de los municipios, como la regulación de los usos del suelo, la protección de las cuencas hídricas y la salud de la población”. La argumentación es contundente: “una consulta popular que trate sobre este tipo de decisiones está claramente dentro del ámbito de competencias del municipio (…) cuya opinión debe ser adecuadamente escuchada”.