Uruguay

Mujeres, drogas y cárceles

Cargar con la pena

El 40 por ciento de las mujeres presas en Uruguay lo están por causas vinculadas a delitos de drogas. Gran parte son primarias, madres solteras, jefas de hogar y rondan los 23 años de edad. La experta en políticas de drogas desde un enfoque de derechos Coletta Youngers dialogó con Brecha y reiteró su propuesta de que las medidas sustitutivas a la prisión sean parte de la solución del problema.

Azul Cordo

Brecha, Montevideo, 28-10-2016 http://brecha.com.uy/

Las mujeres son el último eslabón en las cadenas del narcotráfico. El más remplazable, descartable, olvidable. Tienen tareas de bajo nivel pero de alto riesgo. Se suele decir que son el componente “más débil”, aunque la debilidad –tan asociada, como característica, al género femenino– poco tiene que ver con mujeres que en toda América soportan penas de entre diez y veinte años de prisión por delitos de microtráfico o narcomenudeo. Cargan con la pena muchas veces para encubrir (y al hacerlo salvar) a sus parejas varones, a primos o a hermanos envueltos en redes de narcotráfico, incluso inculpándose en hechos que no cometieron. Otras se vinculan al tráfico como “mulas”, en una estrategia de supervivencia del núcleo familiar, y su detención aumenta la vulnerabilidad personal y de sus familiares dependientes.

En ellas la condena es doble: por el delito de drogas que la justicia penal entiende que cometieron, castigándolas con penas desproporcionadas; y por ser mujeres y “correrse” de un rol hegemónico que culturalmente nos construye pasivas y en el hogar, al volverse “peligrosas”, “locas”, “drogadictas”, “delincuentes”, “violentas” –aspectos más asimilados como masculinos–. A esto se suma que las cárceles para mujeres siguen siendo los lugares residuales del sistema penitenciario: edificios que no fueron siquiera diseñados para tal fin, como el antiguo hotel de alta rotatividad donde se ubicaba la Unidad 9, El Molino, o ex hospitales (la Unidad 5) y galpones. Y además la dificultad para acceder a una defensa justa y a tiempo.

Según los últimos datos del Observatorio de Drogas, 40 por ciento de las mujeres presas tienen una causa vinculada a delitos de drogas –frente a un 8 por ciento de varones encarcelados por el mismo motivo–, 60 por ciento de ellas son jefas de hogar y, en el momento de su detención, vivían con sus hijos. Una de cada cinco tiene menos de 23 años.

Limitar el dolor

Con el objetivo de reducir la cantidad de mujeres encarceladas por delitos de drogas no violentos y promover reformas que incluyan la descriminalización del consumo de drogas y el uso de alternativas a la prisión –particularmente para mujeres embarazadas y con personas a cargo–, así como los programas de educación y formación para que puedan salir de la cárcel y conseguir un empleo digno, la Junta Nacional de Drogas (Jnd) invitó esta semana a la experta estadounidense Coletta Youngers a presentar su trabajo Mujeres, políticas de drogas, y encarcelamiento. Guía para la reforma política en América Latina y el Caribe.(1)

El libro ofrece una hoja de ruta para que funcionarios de organismos de la Jnd y de la sociedad civil implementen cambios de política que puedan beneficiar a las miles de mujeres encarceladas por delitos de drogas en América Latina y el Caribe.

Youngers es experta en política internacional de drogas desde un enfoque de derechos humanos. Desde hace 20 años combina su trabajo como consultora en la Oficina en Washington para Asuntos  Latinoamericanos (Wola) con diálogos sobre política de drogas, coordinando grupos de trabajo de abogadas, expertas, funcionarios y académicos para hablar sobre alternativas a la fallida guerra contra las drogas.

—¿Por qué es importante presentar esta guía en Uruguay ante las autoridades del gobierno, parlamentarias y organizaciones sociales?

—Espero que la guía sea una “chispa” que promueva el debate, la discusión y, eventualmente, reformas políticas en los países de la región para posibilitar cambios concretos en la práctica. En el caso de Uruguay, el porcentaje de mujeres encarceladas por delitos de drogas es un poco menor que en otros países, donde alcanza el 60 por ciento, como en Brasil, pero no deja de ser representativo y preocupante, teniendo en cuenta las políticas alternativas sobre regulación y consumo de drogas que tiene este país respecto de la región. Por lo tanto, queda mucho por hacer, y este es un momento propicio para generar un debate, a través de una coalición entre el gobierno y la sociedad civil, que promueva medidas alternativas a la prisión para las mujeres privadas de libertad por delitos de drogas de bajo nivel (microtráfico).

—En el mismo lapso de diez años de gobierno progresista del Frente Amplio se llevaron adelante políticas nacionales de drogas que usted definió “de vanguardia” y, a la par, creció exponencialmente el número de mujeres presas por delitos de drogas. Desde la Junta Nacional de Drogas han definido esta contradicción como una “esquizofrenia estatal” entre sus políticas y el reciente acuerdo interpartidario de seguridad que propone un aumento de penas por narcotráfico y la persecución del crimen organizado. ¿Qué análisis hace de este fenómeno?

—Ha habido dos políticas vigentes: una para la regulación del mercado de cannabis, a la vanguardia a nivel regional; y otra más vinculada al tráfico de pasta base, que comparte una postura regional, incluso penalizando el consumo, encarcelando “narcomenudistas”, sin tener en cuenta que al otro día aparecen otros. Creo que debemos reflexionar sobre por qué estamos repitiendo, en las políticas referidas a la pasta base, los mismos argumentos que usaron otros países en la llamada “guerra a las drogas” con otras sustancias, cuando ya sabemos que este es un error gravísimo y que así no se termina con las grandes redes de narcotráfico ni se encarcela a medianos o altos responsables de estos grupos criminales. No digo que la pasta base deba tener el mismo tratamiento que el cannabis, porque es una sustancia mucho más dañina, pero debería haber un enfoque de salud pública para los usuarios, para las personas que tienen consumo problemático de pasta base, y buscar mejores maneras de reducir tanto el consumo problemático como el tráfico. Esto no va a pasar aumentando las penas ni considerándolos como “delitos graves”. Mi país (Estados Unidos) es el ejemplo perfecto de que el endurecimiento de penas no reduce el delito y, por el contrario, aumenta las tasas de encarcelamiento.

—El martes visitó la Unidad 5 del Instituto Nacional de Rehabilitación, la mayor cárcel femenina del país. ¿Qué impresiones se llevó?

—Me impactó que de 340 presas sólo 84 tienen condena, y el resto tiene prisión preventiva, aunque no están acusadas de delitos violentos. Siento que muchas mujeres podrían estar en otra situación. Es bueno pensar en medidas alternativas y no tanto uso de la cárcel. Ésta debería ser una medida de ultima ratio para personas que representan una amenaza a la sociedad. Las medidas alternativas no necesariamente son sólo el arresto domiciliario, porque debemos tener en cuenta que en esa situación estas mujeres pueden llegar a estar peor que en la cárcel: sin recursos, sin comida, sin posibilidad de salir a trabajar. Debemos ser creativos y pensar políticas innovadoras en cuanto a las penas sin prisión. Además, entre las que están condenadas varias tienen sentencias por ocho o diez años. Hay 22 extranjeras (especialmente de Bolivia y Paraguay), dos de ellas con sentencias largas, lejos de sus familias, a las que nadie les lleva ropa ni comida. Pude hablar con varias y es necesario que tengan contacto con sus consulados y sean defendidas. También me dieron mucha pena las condiciones en las que están las mujeres que son madres y fueron trasladadas desde El Molino y están allí presas con sus hijos. Por lo que vi, el equipo de la prisión me parece muy profesional y trata con dignidad a las presas, pero ellas mismas (las operadoras penitenciaras) notan que no hay ningún psiquiatra para 340 mujeres, aunque muchas están medicadas y tienen problemas de salud mental. También me parece que tienen programas de capacitación bien diseñados, pero no puede ser que haya mujeres que deban entrar a la cárcel para aprender a leer. Mujeres que ya entran con pocas condiciones para un empleo digno y salen peor, con los antecedentes penales en sus espaldas.

—Durante la presentación de la guía se refirió a incluir a las mujeres que están (o han estado) encarceladas en equipos interinstitucionales que diseñen las políticas de drogas con perspectiva de género, dado que el encarcelamiento profundiza las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo puede darse esta participación, incluir esta voz implicada?

—Hay que incorporar estas voces y fomentar sus liderazgos para que nos den insumos. En América Latina estamos intentando identificar quiénes podrían ser estas mujeres que hablen públicamente y representen a sus compañeras. En Estados Unidos tenemos varias, y se destacan especialmente algunas afroestadounidenses, pero en América Latina sigue siendo un reto increíble. Hemos logrado que algunas hablen, y muy bien, en conferencias internacionales, pero luego les pedimos que graben un video con su nombre y apellido y que se vea su rostro, y se niegan por temor a sufrir represalias, tanto de bandas de narcotraficantes como de sus actuales empleadores en un restaurante, por ejemplo. Tenemos que pensar en estas cuestiones, que no son simples detalles para quienes acompañamos pero no vivimos esa situación: por un lado, sus historias nos permiten acercarnos a realidades dolorosas y difíciles que se profundizan con el encarcelamiento; pero, a la vez, les hacemos contar eso que les causó dolor, una y otra vez.

—Habiendo analizado y seguido de cerca la “guerra contra las drogas” en Colombia, el proceso de paz y los pedidos de regulación de la coca, entre otras cuestiones, ¿qué evaluación hace de los Acuerdos de Paz firmados en Cuba, del No que ganó en el plebiscito, y de las acusaciones respecto del avance de la “ideología de género”?

—Trabajé muchos años acompañando este proceso y, si bien el tema de la justicia transicional es complejo, necesitamos paz y necesitamos esos acuerdos cuanto antes. Respecto del tema drogas, el enfoque de los acuerdos propone la sustitución de cultivos, erradicando la coca en lugar de regularizar su plantación, sin tener un enfoque de desarrollo integral –como sí pasó en Bolivia, que ha funcionado mejor con el compromiso del Estado de poner recursos para el cambio de modelo–. Sin embargo, los acuerdos eran un primer paso y el fracaso del plebiscito supone una gran marcha atrás para llevar a cabo políticas de drogas que pueden ser más eficaces. Las referencias a la “ideología de género” han sido ridículas. Forman parte de la estrategia de la derecha para distorsionar el contenido de los acuerdos y el tema de género en el conflicto de Colombia, reivindicando valores conservadores.

—En 1965 el criminólogo noruego Nils Christie decía que en la guerra contra las drogas ya habían ganado las drogas. A pesar de las críticas que ha tenido este paradigma de la guerra contra las drogas, esta expresión tiene su revival en gobiernos cercanos, como el de Argentina.

—Es impresionante ver a países como Argentina y Perú regresando a esta retórica en un contexto regional donde ha habido avances muy importantes en el debate sobre políticas de drogas. Retroceden, en lugar de pensar en medidas innovadoras. Mientras a nivel regional hay un reconocimiento del fracaso del modelo de la “guerra” y, al evaluar el impacto que estas políticas han tenido, se empiezan a diseñar modelos alternativos. En la actualidad hay mayor consenso en la región para abordar el tema de las drogas desde la salud pública, ya sea desde su uso recreativo o pensando en el consumo problemático de sustancias, en lugar de criminalizarlo. También hay mayor reconocimiento de la crisis humanitaria en las prisiones, debido a la gran cantidad de encarcelados por delitos de drogas. No podemos seguir llenando las cárceles de personas que no han cometido delitos violentos sino narcomenudeo.

—Durante su gestión, Obama fue crítico del paradigma de la guerra contra las drogas, pero mantuvo las bases militares en países donde esta estrategia se llevaba adelante. ¿Qué puede pasar tras las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos respecto de las políticas de drogas?

—Si Hillary Clinton ganara, los demócratas podrían tener el control del Senado y esto sería clave para las políticas de drogas en mi país, porque hay un proyecto de ley que espera ser aprobado que reduciría la pena de prisión por delitos de drogas. Este proyecto ha sido bloqueado por los senadores republicanos que manejan la Comisión de Justicia. Si ganan los demócratas, la situación se podría revertir y permitiría pensar en más estados que habiliten el uso medicinal y recreativo de las drogas.

Nota

1) Editada a fines de 2015 por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (Idpc), Dejusticia, y la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA.