Colombia

Algo más que paz

Este domingo la sociedad colombiana decidirá si ratifica o no los acuerdos de paz que firmaron el lunes el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Farc Rodrigo Londoño, “Timochenko”. A pesar de la ventaja que tendría el Sí al pacto, en las calles se escuchan más voces en contra, y los falsos mitos en relación con el contenido de los acuerdos hacen mella entre los colombianos.

Agnese Marra, desde Bogotá

Brecha, Montevideo, 30-9-2016 http://brecha.com.uy/

El martes 27 Cartagena de Indias amaneció inquieta. Sus calles volvieron a llenarse de turistas después de que el día anterior su muralla cerrara las puertas e impusiera 24 horas de “ley seca”. En las tiendas, los bares, las librerías, todo el mundo hablaba de lo mismo. Comentaban los discursos de Timochenko y Santos. Recordaban cuando el avión de las fuerzas armadas pasó antes de tiempo sobre la cabeza del líder de las Farc y por un momento todos pensaron que la paz apenas había durado unos minutos. Hacían quinielas sobre el plebiscito que se votará este domingo, y argumentaban sus opciones, recordaban a sus muertos, querían hablar.

Así fue el primer día de paz en la ciudad donde se firmaron los acuerdos que ponían fin a 52 años de guerra entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-Ep) y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El primer paso se dio el lunes. El segundo se dará este domingo en el plebiscito que hará la siguiente pregunta a los colombianos: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”.

En Cartagena de Indias muchos taxis ya adelantaban su repuesta con carteles del Sí y del No. Las mismas imágenes se ven en ciudades como Bogotá o Medellín. “El acto del lunes fue muy importante, creo que ayudó a que muchos colombianos decidan votar por el Sí”, cuenta a Brecha el congresista Iván Darío Agudela Zapata, del Partido Liberal. Según este diputado, el espectáculo de líderes internacionales, con una docena de jefes de Estado, 15 ex mandatarios, y Ban Ki-moon, como secretario general de la Onu y padrino de la ceremonia, “dio legitimidad al evento y mostró cómo el mundo apoya la paz en nuestro país”.

Pero fueron los discursos de uno de los mayores representantes de la elite bogotana, Juan Manuel Santos, y del líder guerrillero Rodrigo Londoño los que se convirtieron en un verdadero alegato por el Sí, y los que mostraron que dos enemigos históricos decidían volver a caminar juntos. “Con estos acuerdos queremos cambiar las balas por los votos, las armas por las ideas, esa es la decisión más valiente que puede tomar un grupo subversivo”, dijo Santos. El mandatario dejó claro que tener a las Farc en el Congreso es una forma de “construir democracia”. Timochenko pidió “perdón por todo el dolor causado” a las víctimas y mandó un mensaje de confianza: “Que nadie dude de que vamos hacia la política sin armas, preparémonos todos para desarmar la mente y los corazones”.

Pero si la comunidad internacional felicitaba a Colombia por la nueva etapa, días antes del plebiscito en las calles de Cartagena y Medellín el sentimiento de desconfianza y rechazo era más fuerte: “Ha sido un espectáculo para Santos, pero nadie se cree eso de la paz, la violencia va a continuar, y ahora vamos a tener criminales en el Congreso”, decía Adelmar Campos, un vendedor de Cartagena de Indias. En Medellín, la ciudad del ex presidente Álvaro Uribe, mentor de Santos pero duro adversario de los acuerdos, se escuchaban frases más violentas. “Lo bueno de los acuerdos es que ahora los van a concentrar a todos en un lugar y así podremos matar a esos hijoeputas”, decía un taxista de la ciudad de Pablo Escobar, reino de paramilitares y bastón del No, para referirse a las 22 áreas “veredales” donde se concentrarán los guerrilleros desmovilizados.

Falsos Mitos

Los pactos firmados el lunes, además de poner fin a un conflicto armado que ha dejado casi 8 millones de víctimas (entre muertos, heridos y desplazados), plantean un cambio estructural en la política colombiana: mirar al campo y poner en marcha la eternamente postergada reforma agraria. La lucha por los derechos de los campesinos, la distribución de tierras, el fin de los latifundios fueron las bases sobre las que se formaron las Farc en los años sesenta. Medio siglo después son esos mismos temas los que marcan el grueso del documento que se debe ratificar el domingo.

Estos acuerdos tienen seis puntos y cuatro objetivos principales: la reforma rural integral; el paso a la vida política de las Farc; la erradicación de los cultivos ilegales de coca y la ayuda de la guerrilla para conocer los procesos relacionados con el narcotráfico; y la reparación para las víctimas y la creación de una comisión de la verdad.

La implementación de lo acordado la controlará la Organización de las Naciones Unidas siguiendo el mecanismo tripartito (gobierno, Farc y Onu) que se formó en La Habana después de cuatro años de negociaciones entre el negociador del gobierno, Humberto de la Calle, e Iván Márquez , representante de la guerrilla. El papel de las Naciones Unidas ha sido una de las claves del éxito para que, después de tres intentos en los gobiernos de Belsario Betancur (1984), César Gaviria (1992) y Andrés Pastrana (1998), fuera Juan Manuel Santos quien consiguiera que la guerrilla más antigua de América Latina estuviera dispuesta a dejar las armas. “Sin los garantes internacionales nunca hubiéramos aceptado, ellos nos aseguran que el gobierno cumpla”, ha repetido en varias ocasiones Iván Márquez. Los países garantes del pacto son Cuba y Noruega, y los “acompañantes” del proceso Venezuela y Chile.

La pretendida revolución en el campo tendrá como primera misión la creación de un Fondo de Tierras para aquellos campesinos que no tengan ningún terreno. Aquellos que sí lo tengan tendrán la oportunidad de legalizarlo gracias a los títulos que se distribuirán. En los acuerdos también se habla de construcción de infraestructuras y de una política de estímulos a la agricultura familiar, pero todavía no hay fechas concretas para su ejecución y eso ha generado un gran escepticismo entre algunas asociaciones encargadas desde hace años de cumplir el papel de Estado que el gobierno colombiano nunca ejerció.

Si lo relativo al desarrollo agrario no ha generado conflicto dentro de la población, lo vinculado con la reintegración de la guerrilla en la sociedad y las ayudas que recibirán los guerrilleros para reanudar sus vidas se ha convertido en uno de los puntos más polémicos. La desinformación, en parte creada por un sector de los medios nacionales que se hacen eco del discurso del ex presidente Álvaro Uribe, líder de la campaña por el No, tampoco ayuda: “Esos guerrilleros van a ganar un millón de pesos al mes, más de lo que reciben sus víctimas”. La frase de este taxista es uno de los argumentos más escuchados entre los votantes del No. Sin embargo, las páginas 66 y 67 del documento que se votará el domingo hablan de una ayuda mensual del 90 por ciento del salario mínimo, alrededor de 620 mil pesos, durante los primeros dos años a partir de la desmovilización, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos.

La amnistía es otro de los temas que más incomodan. “El mensaje que da el gobierno es que se puede matar y salir impune. No me gusta que esos asesinos sigan libres, así no se hacen las cosas”, decía Nelson Segovia, un vendedor de souvenirs, que todavía no tiene claro si votará o se abstendrá en el plebiscito. El miedo de Segovia es otro de los falsos mitos con relación a los acuerdos. En realidad este documento contempla por primera vez en la historia del país que un grupo guerrillero tenga que someterse a la justicia para responder por los eventuales crímenes cometidos por sus miembros.

En acuerdos anteriores, con la entrega de las armas se daba a cambio la amnistía. Una mayoría de guerrilleros será amnistiada, pero aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, secuestro, violencia sexual y reclutamiento de menores tendrán que contar la verdad ante el Tribunal de Justicia Especial para la Paz y pueden sufrir penas de entre cinco y ocho años de cárcel. Las sanciones ordinarias se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad, y tendrán una privación efectiva de libertad de entre 15 y 20 años.

Otro de los reclamos que se hacen a los acuerdos tiene que ver con el dinero acumulado por las Farc gracias a las vacunas y el narcotráfico. “Ellos van a recibir más dinero y no van a devolver al Estado todo lo que tienen”, dice Juliana Contreras, una estudiante de administración de empresas que lidera la campaña de Jóvenes por el No. “Los rumores sobre las cuentas millonarias de las Farc en el extranjero los han investigado tanto la justicia colombiana como diversos organismos internacionales, y por ahora no han encontrado nada”, declaró a Brecha el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, uno de los principales dirigentes de la campaña por el Sí.

Si bien en los acuerdos no se especifica nada sobre el dinero de la guerrilla, el ministro del Interior asegura que los dirigentes de las Farc tendrán que informar sobre sus cuentas: “Deben decir la verdad en el Tribunal Especial de Justicia para la Paz, y paralelamente la justicia colombiana continuará sus investigaciones con relación a ello. Los ciudadanos pueden estar tranquilos sobre este punto”.

Forma partido

La transición de guerrilla armada a partido político es, junto con la reforma agraria, otro de los puntos más extensos de los acuerdos, y también uno de los que más incomoda a un sector de la población. El documento garantiza que la futura sigla tenga una representación mínima de cinco senadores y cinco representantes en las elecciones de 2018 y de 2022. A su vez está prevista la creación de 16 circunscripciones transitorias especiales en las regiones que han sido más golpeadas por el conflicto y en zonas históricas de la guerrilla.

Para Juliana la idea de que los guerrilleros estén en el Congreso con una representación mínima, aun si no reciben el apoyo popular suficiente, es “un insulto al país”. La queja de esta joven uribista de clase media también se escucha entre las clases más bajas. Adela Bonilla, limpiadora de 52 años, no entiende cómo “los asesinos” de su sobrino “pueden llegar a gobernar”. Por otro lado, Yolanda Perera, violada por guerrilleros cuando tenía 11 años, tiene claro que prefiere “ver a un pequeño partido en el Congreso que a una guerrilla armada en el monte”.

El plebiscito llega este domingo con la sociedad muy dividida. A pesar de que las últimas encuestas dan ventaja al Sí, los votos del No han aumentado en los últimos días, y sus votantes se quejan de que los acusen de no querer la paz. “Santos se cree el dueño de esa palabra, pero es una falacia. Todo el mundo quiere vivir en paz, pero estos acuerdos no son el fin de la violencia”, dice la profesora de matemática Rosalía Márquez.

En el caso de que gane el No se desconoce si se reiniciarán las negociaciones. Dirigentes guerrilleros advirtieron que volverán al monte. Y si el resultado ratifica los acuerdos, el gobierno espera que la guerrilla inicie el desarme y la desmovilización al día siguiente. El Secretariado del Estado Mayor de las Farc anunció hace diez días que hasta que no se no se apruebe la ley de amnistía para sus guerrilleros no habrá desmovilización ni entrega de armas. Las negociaciones entre gobierno y guerrilla continúan y sigue sin haber una fecha precisa para la desmovilización.

Día D

El proceso de paz empezará a concretarse efectivamente a partir de que se defina cuál es el “día D”. El gobierno consideró que ese día será el lunes, tras el plebiscito. Las Farc estiman que será el día en que empiece a aplicarse la ley de amnistía que el gobierno deberá elevar al parlamento apenas los acuerdos obtengan aval popular.

El texto pactado entre el Ejecutivo y la guerrilla establece que en el “día D”, sea cual fuere, deberá comenzar el proceso de despeje de los corredores que utilizarán los militantes de las Farc para llegar hacia las zonas en que serán concentrados para su posterior desarme. Cinco días después, la Onu deberá recibir de parte de la guerrilla información sobre su armamento, y a los diez, datos sobre la ubicación de sus depósitos de armas artesanales. Éstas deberán haber sido destruidas como máximo a los dos meses del “día D”; y a los noventa días, 30 por ciento de los guerrilleros entregarán sus pertrechos militares a funcionarios de las Naciones Unidas, que los dispondrán en contenedores, otro 30 por ciento hará lo mismo como tope a los 120 días y el 40 por ciento restante un mes después. A los 180 días los contenedores deberán ser retirados de las zonas de concentración de los guerrilleros. Ese día se considerará concluido el desarme.