Colombia. Las batidas

El ejército recluta jóvenes ilegalmente

Cientos de colombianos apenas mayores de 18 años han sido obligados ilegalmente a incorporarse a las fuerzas armadas desde 2006. En su gran mayoría son pobres y sirven en las zonas mineras, para proteger intereses de las trasnacionales del sector.

Iván M García, desde Bogotá

Brecha, Montevideo, 3-6-2016 http://brecha.com.uy/

El reclutamiento de Óscar fue cuestión de horas. “Salí del metro y dos soldados me pidieron la libreta militar. Yo tenía 18 años justos y no la había tramitado. Así que me llevaron a la IV Brigada y por la noche ya estaba camino a Puerto Berrío (Antioquia, noroeste de Colombia), que en esa época era una zona bien caliente”, cuenta este joven nacido y criado en el humilde barrio de El Socorro, en la Comuna 13 de Medellín.

El reclutamiento de Óscar fue tan rápido como ilegal. La ley 48 de 1993 establece que el servicio militar es obligatorio y que todo varón debe tener definida su situación militar a los 18 años. Esto es, disponer de una cartilla militar y que ésta señale si ha cumplido la prestación, si está exento o en proceso de incorporarse a filas. “Pero esa misma ley señala también cómo debe ser el reclutamiento. Primero hay que citar al joven en el distrito militar correspondiente. Segundo, someterlo a exámenes físicos y psicológicos, para ver si es apto. Y por último, fijar otra fecha para que, tras sorteo, le otorguen un destino donde prestar el servicio”, aclara Érika Gómez, abogada del Comité Permanente de Derechos Humanos (Cpdh).

Los militares pueden verificar la información sobre la cartilla de cualquier joven con una simple llamada por teléfono o radio. “Bajo ningún concepto lo pueden llevar detenido a un cuartel. Eso es ilegal, tal y como lo establece la sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional”, añade. La letrada asegura que la naturaleza ilegal de este tipo de reclutamiento –“batidas ilegales”, las llama– impide conocer cuántas se llevan a cabo cada año y a cuántos jóvenes afecta. Sin embargo, el estudio del Cpdh “Batidas militares y servicio militar obligatorio en Colombia: entre la conciencia y el modelo de desarrollo” revela que entre 2006, cuando se detectó el primer caso, y 2015 se han producido 182 batidas. El número de afectados superaría con creces el millar de personas. “A los que estábamos en la IV Brigada nos hicieron unos exámenes muy rápidos. Nos analizaron los ojos y medio lo miraban a uno y ya. Nos preguntaron si habíamos pasado tal o cual enfermedad y listo. Se creían lo que uno les decía. Hasta a un epiléptico se llevaron”, explica Óscar, mientras despacha una malteada en la cafetería de la biblioteca San Javier, de la Comuna 13. “Luego nos metieron en un camión como si fuéramos ganado, nos dieron un par de sandwichitos y no paramos hasta llegar a Puerto Berrío. Casi 24 horas de viaje. Y sólo cuando llegamos me dejaron llamar a mi familia”, lamenta.

El informe del Cpdh precisa que impedir a los reclutados comunicarse con sus familias durante las primeras horas de detención es una de las faltas que más se repiten en estos episodios.

Otra de ellas es que los camiones en los que se los transporta “por lo general (…) carecen de identificación, sin placas traseras o laterales, o con placas que son ocultadas con plásticos”.

En Colombia son los pobres los que ponen la carne de cañón. Las batidas ilegales se dan mayormente en las ciudades de Bogotá y Medellín; y casi exclusivamente en los barrios más desfavorecidos. Así, el informe señala que de los siete estratos (del 0 al 6) que diferencian a las clases sociales en Colombia, la mayoría de los jóvenes afectados por las batidas ilegales pertenecen al 1 y al 2. Junto al 0, los más pobres: la proporción mayor de soldados reclutados ilegalmente pertenecen al estrato 2, un 60,44 por ciento, frente al 0,06 por ciento del estrato 6, según el informe del Cpdh.

“Puerto Berrío era zona roja. Teníamos un entrenamiento de tres meses y luego te mandaban al batallón antiguerrilla del Putumayo. Aunque a algunos compañeros los enviaron incluso antes de terminar”, revela Óscar. “Durante esos meses te enseñaban a marchar, a disparar, te preparaban físicamente. También a tener mente fría para poder eliminar a un enemigo. Nos ponían a cazar y matar animales. Terneros, cabras… Para asimilar mejor la muerte de otra persona, para que fuera más fácil aniquilar a otra persona”, relata el joven.

Óscar no terminó los tres meses de entrenamiento militar. Una hospitalización por paludismo, primero, y las gestiones de su familia desde Medellín, después, con el apoyo de varias organizaciones de derechos humanos, pusieron punto final al mal sueño del chico.“Demostraron que el procedimiento no fue el legal y todo se acabó”, dice.

“Lo más efectivo es optar por el hábeas corpus”, señala Diego Quiroga, portavoz de Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia de Bogotá (Acooc), una figura jurídica que obliga a los jueces a tomar una resolución en 36 horas tras la denuncia de una detención ilegal. Normalmente el fallo es a favor del joven detenido. Quiroga también denuncia “la corrupción” que enturbia el reclutamiento militar en Colombia. “Los días del sorteo de destino se reúne a los jóvenes y a sus familias en polideportivos o lugares similares para ir dando a conocer donde irá cada cual. Ahí uno ve a los mandos militares repartiendo tarjetas por si alguna familia puede pagar una cuota de compensación y evitar así que su hijo cumpla con el servicio.”

Asegurar el capital extranjero

Las batidas ilegales han ido en aumento desde 2006. De un solo caso en ese año se pasó a 58 en 2014 y a 71 en 2015. “Despierta preocupación que se lleven a estos jóvenes a los llamados batallones mineros, energéticos y viales, que cuidan explotaciones petroleras y minerales. Lugares complicados porque son objetivos de los ataques de la insurgencia”, apunta Quiroga.

El reporte del Cpdh atribuye el incremento de las batidas a las cuotas mínimas de reclutas que el Ejército debe incorporar cada año, por un lado. Y, por otro, al rumbo que está tomando el país respecto del capital extranjero bajo la actual presidencia de Juan Manuel Santos. “La transformación del sistema económico (…) conlleva un aumento de las necesidades de defensa, como vía para garantizar el nuevo modelo económico extractivista, donde la inversión extranjera es fundamental”, señala el informe.

Así, el documento asegura que a partir de 1998 se observa una “clara simetría” entre las operaciones del Ejército colombiano y la actividad en las zonas de extracción y producción minero-energética.

A pequeña escala, la Defensoría del Pueblo achaca a dinámicas internas que el Ejército siga creyéndose con derecho a optar por las batidas ilegales a la hora de engrosar sus filas.

“Los mandos que gestionan el reclutamiento son de alta rotación. Suelen ser oficiales que vienen de primera línea del frente. Acceden a este cargo durante un año a modo de descanso, alejados de las zonas calientes”, explica el defensor delegado en asuntos constitucionales y legales Luis Manuel Castro. “Lo que finalmente ocurre es que terminan por ejercer ese cargo con la misma mentalidad que traen de las zonas rojas, donde hay enfrentamientos continuamente”, añade.

Castro asegura también que la Procuraduría no está investigando las denuncias que la Defensoría y las Ong han hecho sobre este asunto. “Hay una especie de tolerancia a lo que hace el Ejército. Hemos enviado tres quejas y nada de nada”, dice.

Por su parte, el Ejército no había reconocido abiertamente la existencia de estas batidas hasta hace unas pocas semanas, cuando anunció que las combatiría. En este sentido, el portavoz del Ministerio de Defensa de Colombia, Juan Carlos Sierra, detallaba por correo electrónico que “los casos de no inscripción de un joven para definir su situación militar implican que la persona solamente es compelida de manera momentánea mientras se verifica su situación y se inscribe. La inscripción se realiza de manera inmediata e in situ. No puede realizarse ningún otro procedimiento tendiente a su incorporación ni conducirlo a unidad militar alguna”.

Desde el Ministerio de Defensa aseguran también que se han puesto en marcha mecanismos para dar seguimiento y derivar a las autoridades competentes las denuncias de batidas ilegales que reciban de los ciudadanos.

Sin embargo, tanto Érika Gómez, la letrada del Cpdh, como Diego Quiroga, de Acooc, aseguran que lejos de ponerse punto final a las batidas éstas continúan de un modo más disimulado. “En lugar de llevarse a veinte chicos en un camión, se llevan a cuatro o cinco”, afirma Gómez. “O los citan en el distrito militar y de ahí los conducen directamente para el destacamento”, apunta Quiroga.

Sin ir más lejos, Brecha fue testigo hace unas semanas de cómo varios soldados solicitaban sus cartillas a jóvenes que salían de la estación de metro de Ayurá, en Medellín. Sea como fuere, más allá del reclutamiento ilegal, según el defensor delegado Luis Manuel Castro la discusión tendría que ser otra: “El problema aquí debería ser la eliminación del servicio militar obligatorio, ya que caminamos hacia la paz”.