Uruguay

El cerrojo de la seguridad pública: la cárcel

La universidad del delito: entre el doctorado y el examen de ingreso

“La izquierda terminó por aceptar un discurso que le era ajeno acerca de que hay delincuentes irrecuperables y que la pobreza nada tiene que ver con su actividad. Pero esta postura, presuntamente más realista y menos soñadora, niega datos científicos que vinculan la pobreza a la delincuencia”

Gabriel Pereyra

El Observador, Montevideo, 17-3-2016 http://www.elobservador.com.uy/

Es uno de los nudos más apretados de las políticas de seguridad pública. Es una de las instituciones más ineficientes del Estado, pero cada tanto los políticos le dan nuevas herramientas y la hacen más abarcativa. Allí, de forma directa o indirecta, los delincuentes coinciden con el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Es la cárcel. El Observador presenta a partir de hoy una serie de notas que van desde el sistema de penas y rehabilitación, pasando por los riesgos de que un ciudadano honesto caiga en el infierno, hasta la cárcel como cuartel general de la delincuencia con el testimonio de quienes pasaron por allí y una nueva visión acerca de qué hay de cierto en eso de que la cárcel es “la universidad del delito”.

Las penas y la rehabilitación: la inflación punitiva

Una imagen tradicional de cualquier película de Hollywood sobre cárceles es la de presos con mameluco naranja, formados en fila antes de salir al patio o ir al comedor. Los 10 mil presos que hay en las cárceles uruguayas jamás protagonizan una situación como esta ni ninguna otra que tenga que ver con el orden o la disciplina.En las prisiones uruguayas, donde supuestamente se pena la violencia, lo único permanente es precisamente la violencia.

En las prisiones uruguayas, donde supuestamente se pena la violencia, lo único permanente es precisamente la violencia.

El censo policial que se hizo en 2012 reveló que el 40% de los presos habían recibido algún castigo o tenían algún tipo de lesión producto de situaciones violentas.

“Cada día salen de la cárcel 10 presos dispuestos a reincidir”. La frase, pronunciada por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, alude al que posiblemente sea uno de los capítulos del tema seguridad al que menos trascendencia se le da nivel de opinión pública y cuya incidencia en el aumento del delito y, sobre todo, en los índices de violencia, es evidente.

Cuando la Policía detiene a un delincuente, están los que tienden a pensar que se cerró un ciclo para ese bandido, cuando en realidad es un eslabón de una polea que no tiene comienzo ni fin. Es difícil que la opinión pública atine a preguntarse de dónde vino ese delincuente ni adónde irá cuando recupere la libertad.

“En gran medida, la opinión pública elude el principio básico de que la prisión es antes un medio para devolver a la sociedad individuos en mejores condiciones, que un fin en sí mismo”, sostuvo en un seminario de la Universidad el sociólogo Luis Eduardo Morás, quien ha realizado investigaciones sobre violencia y reclusión.

La cárcel es el lugar, único, donde coinciden las acciones del Parlamento y sus leyes, los fiscales y jueces que las aplican, la Policía que persigue a los infractores, y los delincuentes.

La cárcel no tiene un papel disuasorio como algunos señalan. En todo caso esa puede ser una consecuencia de su existencia. Las cárceles deben cumplir dos funciones básicas y complementarias: por un lado sancionar al que viola la ley y alejarlo transitoriamente del resto de la sociedad, y por otro rehabilitarlo para que, un vez cumplida la pena, pueda reinsertarse en esa sociedad a la que le produjo un daño. En Uruguay, si se tradujera en términos económicos, el primero de estos principios (la sanción) sufre una inflación creciente, y el segundo (la rehabilitación) una deflación decadente.

En Uruguay, si se tradujera en términos económicos, el primero de estos principios (la sanción) sufre una inflación creciente, y el segundo (la rehabilitación) una deflación decadente.

Cuánto más presión parece haber en el peso de la sanción, más impacta eso en el otro factor penitenciario que es la rehabilitación.

“Animales enjaulados”

La ley dice que la sanción que debe cumplir un preso es el encierro por un período determinado por la ley. “A nadie se le aplicará la pena de muerte”, comienza diciendo el artículo 26 de la Constitución, que es como decir que todo el que caiga preso en algún momento volverá al seno de la sociedad. El artículo constitucional se completa: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.

La ley rechaza la tortura, y no habla de celdas llenas de mugre e inundadas, ni de la convivencia con las drogas, la prostitución, los cortes carcelarios, el cobro de peajes o las bandas organizadas, ni de la presión y amenaza a las familias de los más débiles, ni de otras tantas cosas que existen hoy en los centros de reclusión uruguayos.

Una publicación de la ONU sobre cárceles en Uruguay se refería así a los módulos de metal (las latas) que funcionaron en Libertad: “Los internos se hacinan como animales enjaulados. Las condiciones en todos los contenedores eran espantosas y revelaban una falta completa de respeto por la dignidad humana de los internos. Los contenedores no tenían ventanas sino una abertura muy pequeña de un lado. En verano, las temperaturas en estas latas de acero eran muy elevadas y los internos tenían que tomar turnos frente a la pequeña abertura para tener suficiente oxígeno para respirar.En verano, las temperaturas en estas latas de acero eran muy elevadas y los internos tenían que tomar turnos frente a la pequeña abertura para tener suficiente oxígeno para respirar.El sistema de drenaje estaba colapsado. Los internos tenían restringido el acceso al agua, por lo que se veían obligados a beber del retrete. Además, para orinar y defecar tenían que usar bolsas y botellas de plástico que tiraban después al patio común de cada módulo. Como resultado de esto, los contenedores estaban rodeados de montones de basura, lo que producía un olor insoportable. Los internos solo podían salir de las celdas como máximo cuatro horas por semana”. Hubo una acción de amparo y la Justicia, responsable de enviar allí a personas procesadas, no se consideró competente como para cerrar estos módulos.

¿Es un fenómeno novedoso esto de meterlos en jaulas? En 1986 el ministro del Interior, el colorado Antonio Marchesano, dijo que Punta Cartetas era un caos, “una ciudad dentro de otra”, En 1994 el ministro nacionalista Ángel Gianola dijo que la corrupción policial contribuía a la violencia. Juan Pedro Martínez entonces director de Libertad dijo que en la prisión no había agua potable. Héctor Carracedo, defensor de oficio, que Libertad era “una cloaca pensada para destruir al presos no para rehabilitarlo”. En 1995, tras una visita, la Comisión de derechos humanos del Parlamento dijo que Libertad era “inadecuada para albergar a seres humanos”.

En 2009 el sistema se sacudió cuando llegó al país Manfred Nowak, el relator de la ONU, quien calificó a las cárceles de “oscuras e inmundas”.

Aunque mejoró en algo sus condiciones, Uruguay aún viola directamente o camina por el pretil de varias leyes internacionales a las que adhirió: la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; el Protocolo Facultativo de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Una de las cosas que combate el derecho internacional es el ocio en las cárceles, algo que parece una burla en los lugares de encierro del país.

Para peor, en diciembre pasado la ONU estableció como “tortura” cualquier sanción que mantenga aislado a un preso más de 15 días , dijo a El Observador el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit. El funcionario admitió que en Uruguay no se cumple y una fuente de la Policía reconoció que hay sanciones de “meses”.

Naturalmente -o sea, sin tener en cuenta todas las condiciones degradantes antes mencionadas- la cárcel produce en el preso aislamiento afectivo, ausencia de intimidad, frustración y una nueva escala de valores “basadas en la desconfianza y la agresividad”, dice un estudio académico de expertos extranjeros (Intervención psicopedagógica en contextos diversos), que añade que en algunos reclusos se producen severos desequilibrios psiquiátricos.

La presión de los 90

Massimo Pavarini, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia y experto en cárceles, dijo a Página 12 que hay muchos presos “sufriendo (…) y siempre son los delincuentes pobres, los locos, los que son criminalizados. Me parece una perspectiva digna reducir la violencia. Pero, primero, hay que reducir la violencia de la reacción penal, la violencia institucional que es terrible, mucho más terrible que la criminalidad”.

Esa inflación sancionatoria provocada por las condiciones de encierro se vio agravada en la década de 1990 con el incremento de las penas, o sea, más tiempo de permanencia de los presos en esos lugares donde campea la violencia.

El ex comisionado parlamentario de cárceles, Álvaro Garcé, quien fuera candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional, no tuvo reparos en una publicación de ONU en criticar la situación carcelaria cuando gobernaba el nacionalismo.

A mediados de los 90 “el sistema carcelario atravesaba una profunda crisis; el desconocimiento de los derechos de los privados de libertad era entonces generalizado. Tal crisis, fue el resultado de la combinación de dos factores: el explosivo aumento de la población reclusa y la falta de inversión en cárceles. (La situación comprometió) la imagen nacional”.

A partir de 2010 “asoman los primeros resultados: una mejora en la infraestructura penitenciaria y el inicio de una transformación de la gestión”, agregó.

¿Es esta una visión “progresista” que justifica de alguna forma las políticas oficiales en torno a la seguridad?

“A mí me gustaría que los jueces y los fiscales fueran más a menudo a las cárceles”, dijo Garcé a El País en su momento. Posiblemente uno de los uruguayos que más sepa sobre prisiones, Garcé aludía a que los magistrados deben pensar dos veces antes de enviar a una persona a esos pozos inmundos en los que cualquiera puede tropezar y caer dentro.

Cuánto más se reproduce en la sociedad esa violencia a la que son sometidos los delincuentes en las cárceles, los políticos se ven más presionados por reclamos de mayores penas.

Dos bibliotecas y el peso de los hechos

Algunas voces, como la del fiscal Gustavo Zubía, acompañan esos reclamos. “Tenemos una detención y sometimiento a proceso del 10% de los delitos cometidos. Y, de esos, hay un 40% que son procesados sin prisión y cuando le aplican la pena queda siempre estrictamente en el papel, ya que no pasa un solo día en la cárcel”, dijo en una reciente ponencia. En declaraciones a El País sostuvo:. “Es un muy buen negocio delinquir. Pero se puede frenar, podés poner sanciones más severas”.

La evidencia empírica no le estaría dando la razón al fiscal: las penas han aumentado y con ellas los delitos. Por eso hay otras voces que van en sentido contrario, como la del catedrático en Derecho Penal Miguel Langón. “Existe una discusión criminológica en torno a si el anuncio de las penas tiene eficacia, es decir, si tiene o no un resultado disuasivo. En general, se sostiene que tiene muy poca eficacia disuasiva. Es decir, al delincuente no le importa si la pena es de seis u ocho años, ni tampoco que la pena mínima pase de doce a dieciséis meses”, expuso en un trabajo académico.Indicó que “el delincuente se contiene más si ve que la Policía funciona, que los Juzgados actúan y existe posibilidad de ser atrapado por el crimen que cometió y no por la pena que eventualmente le puede recaer” .

Indicó que “el delincuente se contiene más si ve que la Policía funciona, que los Juzgados actúan y existe posibilidad de ser atrapado por el crimen que cometió y no por la pena que eventualmente le puede recaer” .

El sociólogo Morás sostuvo que “los datos disponibles muestran que este camino no sólo no logró revertir la violencia delictiva en los últimos 20 años, sino que ha generado nuevos problemas”.

En 1963 la población total del Uruguay era de tres millones y la población carcelaria era de 1.500 personas.

Mientras que la población total ha aumentado a 3.390.000, hay 10.100 presos, según cifras a marzo de 2016. Este incremento en las tasas de prisionización estuvo acompañado de un aumento sostenido de los delitos.

Cada año ingresan unas 800 personas a la cárcel. Aludiendo a esa imagen ajena a las cárceles locales de presos formados ante la autoridad, el ex director nacional de Policía, Julio Guarteche, dijo que “lo peor” que se le puede dar a un delincuente como sanción por el delito cometido “no es violencia, sino orden. Hay que hacerles saber que van a caer en un lugar terrible no por lo duro sino por lo ordenado. En naciones europeas pasa el guardia-cárcel y le pregunta al preso si va a ir a taller o al estudio; si dice que no, queda 23 horas encerrado. Al otro día ya dice que sí”.

La universidad del delito: entre el doctorado y el examen de ingreso

Gabriel Pereyra

El Observador, Montevideo, 28-3-2016

“Yo soy chorro, mi padre fue chorro, mi abuelo fue chorro y tengo ocho hijos en la calle”

“La cárcel es la universidad del delito”. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Su sola mención es un reconocimiento de que la prisión no cumple eficazmente ninguna de las funciones que les confieren una razón de ser: la sancionatoria, a pesar de la violencia a la que se somete a los presos, ni la rehabilitadora, que asegura al resto de la sociedad que esa persona no va a causar más daño del que ya causó.

En todo caso, la frase da a entender que cuando salga puede llegar a provocar un daño mayor. Y como en Uruguay no hay pena de muerte ni cadena perpetua y más del 70% de los presos tienen menos de 35 años, en algún momento van a salir en libertad. Y como la reincidencia supera el 50%, la noria delictiva no se detendrá.

Pero hay otra visión o interpretación de esa frase sobre la universidad del delito que en general la población no atina a mensurar y que, de alguna forma, queda reflejada en esta historia relatada por Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario de cárceles: “Un día vino un preso y me dijo: ‘Yo soy chorro, mi padre fue chorro y mi abuelo fue chorro. Ahora tengo a mi mujer sola afuera viviendo con mis ocho hijos”. Aún a riesgo de “estigmatizar” el futuro de esos niños, la pregunta que se hace Petit luce pertinente:

“Si el bisabuelo fue chorro, el abuelo fue chorro, el padre fue chorro, ¿qué suponemos que van a ser esos chiquilines?”.

10.000 niños

Un 84% de las reclusas y un 66% de los reclusos tienen hijos. Más de 10 mil niños uruguayos tienen a su madre o a su padre en una prisión, según el censo de cárceles.

Aunque la presión sobre los políticos en torno a la seguridad moldea el discurso más que los datos estadísticos, hay algunas cifras oficiales vinculadas a los niños uruguayos que dan para reflexionar. Un 35% de los menores de 4 años sufre algún tipo de déficit alimentario que en algunos casos produce anemia. Entre los usuarios de INDA, esas cifras trepan por encima del 60%

La izquierda terminó por aceptar un discurso que le era ajeno acerca de que hay delincuentes irrecuperables y que la pobreza nada tiene que ver con su actividad. Pero esta postura, presuntamente más realista y menos soñadora, niega datos científicos que vinculan la pobreza a la delincuencia: los niños que sufrieron deficiencia de hierro en los primeros años de vida tienen más riesgo de ser depresivos y de adoptar conductas delictivas en su adolescencia temprana. Son datos científicos, no interpretaciones sociológicas o temores populares.

Según la OMS, cada año más de 200 millones de niños y niñas menores de cinco años de edad fallan en alcanzar su máximo desarrollo cognitivo y social y eso impacta en “problemas de salud mental, obesidad, cardiopatía y delincuencia”, advierte la organización. Documentos internacionales que aportó la subsecretaria de Salud, Cristina Lustenberg, indican que una de las consecuencias del déficit alimentario es una mayor tendencia a la “violencia y delincuencia” juvenil.

Por esa razón Petit está centrando su atención no solo en las cárceles sino en lo que pasa fuera de ellas, tratando de hacer un seguimiento sobre la familia del preso.

El sociólogo Luis Eduardo Morás, que ha investigado la situación de encierro de adolescentes y adultos, dijo al blog Sala de Prensa que un “producto perverso del desmesurado crecimiento del sistema carcelario en Uruguay, es que cada vez hay más niños que tienen familiares privados de libertad. De los 10.000 presos adultos que hay en el país, el 64% tiene hijos (el censo mostró cifras mayores) y ahí se genera un circuito de reproducción de la violencia porque muchos de esos niños, sin haber cometido ningún delito, sin estar presos, tampoco son libres, porque ya les cae un estigma de tener un familiar preso y, por lo tanto, la vida comunitaria se le hace mucho más difícil. Hay que cortar ese circuito y la única forma de hacerlo es una mirada integral de los problemas con la integración de distintos agentes y actores de la sociedad uruguaya”.

Para el sociólogo es evidente que se da una “trasmisión generacional o familiar de prácticas delictivas”, sobre todo en algunos delitos como el narcotráfico y una extensión de una cultura carcelaria al exterior de la sociedad.

De los más de 10 mil presos que hay en las prisiones, un 43% creció en un hogar monoparental. Unos 2.500 parecen no tener a nadie en la vida: uno de cada cuatro presos no recibe ni una visita.

Solidaridad para la reinserción

Inés Bausero, de la Dirección Nacional de Atención al Liberado (ex Patronato de Encarcelados y Liberados), dijo a El Observador que entre las 1.970 personas que atendieron en 2015 hay casos muy variados. Allí se les da asesoramiento a liberados y familiares de presos (se les tramita la cedula, el carné de salud, entre otras cosas) y se les intenta conseguir trabajo a través de convenios que tienen con organismos públicos y unas pocas empresas privadas.

“Hay experiencias positivas, donde nos dicen que los liberados son excelentes trabajadores. Lo que pasa es que muchos de ellos no tienen una cultura de trabajo detrás. Nos encontramos con gente que luego de pasar por la cárcel no tiene qué hacer y recién cuenta con 20 años”. Reconoció que la sociedad tiene “temores fundados” y otros “infundados” sobre la relación con exconvictos, pero que si no se apela a la solidaridad, a hacerle un seguimiento a esos liberados “a aguantarle la cabeza como a veces se la aguantamos a un compañeros de trabajo”- las cosas solo van a empeorar.

Según datos oficiales, solo un 10% de los liberados busca apoyo, de alguna manera, en esta repartición.

La cultura “tumbera” que adquieren los presos -en la jerga carcelaria basta con algunas palabras para funcionar- y su bajo nivel educativo -hay presos que en algún momento estuvieron alfabetizados pero se olvidaron de cómo leer y escribir- atentan contra la reinserción.

Gustavo Belarra, subdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación (ex Dirección de Cárceles), dijo a El País que la mayoría de los presos pertenecen a “un contexto de crianza y de vida de fragmentación, de cierta complejidad, de trayectorias educativas interrumpidas, acceso temprano al mercado de empleo en general no calificado o semicalificado, con un corte de situaciones de vulnerabilidad o de riesgo social, que muchas veces está asociado a la comisión del delito”.

El 50% de los reclusos dijo que nunca tuvo trabajo estable y un 35% no realiza en prisión ninguna de las labores que se le ofrecen para que acorte la pena o adopte una cultura laboral.

Primarios cada vez más violentos

Un 48% de los presos son primarios, lo que por un lado plantea un universo interesante para trabajar buscando evitar la reincidencia, pero por otro los testimonios de trabajadores de cárceles revelan que esos primarios son cada vez más violentos.

El universo y las condiciones carcelarias no les hacen las cosas fáciles a los primarios. “Cuando cayó por primera vez era chiquito y flaquito, y desde el primer día tuvo que tratar de conseguir algún corte carcelario porque si no le iban a hacer la vida imposible”, contó a El Observador el familiar de un preso que terminó luego cayendo varias veces. “Esa situación hacía que cada vez que alguien trataba de llevárselo por delante él no tuviera otra que reaccionar con violencia y así pasaba sancionado”, concluyó.

Las autoridades reconocen que hay profesionales del delito a los que será muy difícil rehabilitar. La izquierda parece poner mucho énfasis en este aspecto como para balancear el histórico discurso que vinculaba la delincuencia a la pobreza.

Para los involucrados en el tema, una cosa es ese discurso como definidor de algo generalizado y otra negar la realidad: no todos los pobres son delincuentes pero la abrumadora mayoría de los delincuentes provienen de hogares pobres.

Petit considera que atacar las causas sociales de la violencia no eliminará la delincuencia, pero impactará en algunos casos y reducirá los índices de violencia en otros.

Penar

Para el fiscal Eduardo Zubía, los índices de reincidencia -que según el oficialismo se ubica en un 50% pero que la oposición eleva hasta 70%- están confirmando que la cárcel efectivamente es la universidad del delito en el sentido más directo de la expresión.

La carrera delictiva de buena parte de los presos le da la razón: comienzan con arrebatos o hurtos siendo adolescentes y luego pasan a la rapiña, aunque las últimas estadísticas indicarían que esta carrera delictiva se ha acelerado y agravado ya que la mitad de las casi 20 mil rapiñas que se cometen son protagonizadas por menores.

La participación de menores de edad en el delito es un capítulo aparte, aunque las condiciones de encierro que existen en el INAU y sus características son casi un calco de lo que pasa con las cárceles de mayores. Hay unos mil menores de edad sometidos a la Justicia penal de niños y adolescentes.

La posición de Zubía de penar más severamente al reincidente fue asumida por el gobierno: el ministro del Interior, Eduardo Bonomi está impulsando un aumento de las sanciones para quienes reincidan con la posibilidad incluso de quitarles la patria potestad de sus hijos.

“Cuando existe delincuencia habitual con alguien que está preso, sale en libertad y vuelve a caer preso y tiene hijos chicos, ahí es uno de los lugares donde más se reproduce el delito. La idea es que en esos casos el Estado se haga cargo de la patria potestad”, dijo el ministro.

Cifras que han sido controvertidas desde el oficialismo indican que reincide un 70% de los liberados bajo el amparo de la Ley de humanización de la Situación Carcelaria, vigente desde 2005, que prevé la posibilidad de otorgar la libertad a los presos que cumplan las dos terceras parte de su condena y reciban el certificado de buena conducta.

El excomisionado parlamentario Álvaro Garcé reconoció que los reincidentes delinquen con mayor violencia que cuando fueron a prisión por primera vez.

¿Podrá la dirigencia política lograr un consenso o pegar un giro lo suficientemente radical como para invertir en prisiones y erradicar este sistema desde sus raíces? En su trabajo “Crimen y orden social en la sociedad contemporánea”, David Garland, profesor de sociología en la New York University e investigador sobre el encierro, dio una definición que luce desalentadora: “La generación de las políticas públicas se ha vuelto profundamente politizada y populista. Las medidas de política pública se construyen de una manera que parece valorar, sobre todo, el beneficio político y la reacción de la opinión pública por encima del punto de vista de los expertos y las investigaciones”.